• Alatriste pretende competir con Libia
• Alcaldes de Morena: nuevo bloque
• La sangría en Acción Nacional

1.- Un fiscal contra la transparencia

Cerrando un año redondo de lucimiento personal, ineficacia institucional, opacidad y cerrazón, Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal de Guanajuato que nos impusieron la gobernadora Libia García y la bancada panista en el Congreso, presentó un informe que lo retrata: desmesura, autoelogio, nula autocrítica y populismo.

Sin tomar en cuenta que solo una semana lo separa del informe de la gobernadora, a quien le debe, si no obediencia, al menos respeto y lealtad política, se construyó a sí mismo un informe lleno de megalomanía, como si quisiera competir.

El despliegue no se vio avalado por resultados. Lo que exhibió de su primer año apenas se despega de la inercia que le heredó Carlos Zamarripa, a quien tampoco le gustaba rendir cuentas, pero que al menos mostraba disciplina política y autocontención, además que sabía cuándo y dónde exhibir su poder.

En cambio, en lo que parece un gesto de ebriedad populista, Alatriste no tuvo reparos para prácticamente instruir a la gobernadora del Estado que encabece una cruzada para modificar la Constitución y la Ley Federal de Delincuencia Organizada para que las fiscalías estatales puedan perseguir esos delitos.

Se trata de un sinsentido, cuando la fiscalía estatal ni siquiera atiende con eficacia los delitos del fuero común. Apenas 2 mil 495 sentencias condenatorias frente a 162 mil carpetas iniciadas, no muy lejos de las 2 mil que en promedio se lograban en los últimos años de Zamarripa, quien no era precisamente el campeón de la justicia. 

Preocupa el destino de 300 mil expedientes del rezago que fueron determinados, pero no recibieron ni sentencia ni acuerdo reparatorio. El fiscal no aclaró si sencillamente se archivaron, ese gran recurso para mejorar las estadísticas, pero no para hacer justicia.

El manejo de cifras es deliberadamente tramposo y opaco. Por ejemplo, no se aclara cuántas de las sentencias obtenidas se logran mediante juicios abreviados, donde la investigación del Ministerio Público es mínima. Tampoco explica cuántas sentencias son absolutorias y cuántas se modifican en instancias superiores o amparos.

La mejoría que presume Vázquez Alatriste no la sienten las víctimas ni tampoco los litigantes que acuden a la fiscalía en las diversas regiones del estado. En cambio, preocupan considerablemente los cateos, que se han incrementado de forma notable, una práctica a la que son muy afectos los fiscales federales: de un promedio de mil 100 cateos los dos últimos años de Zamarripa, en 2025, se incrementaron a 2 mil 150, un 87 por ciento más.

Abogados litigantes señalan que los cateos se convierten en una forma de presión y hasta de extorsión a los ciudadanos, ya que muchos de ellos se realizan sin orden judicial. En su reporte, Alatriste no aclara si ese incremento derivó de solicitudes autorizadas por un juez.

El informe del fiscal comienza con la semblanza personal del funcionario, su autopresentación como “jurista” y se refiere a sus antecedentes como fiscal federal en 4 estados del país como “cargos estratégicos”. Autocalifica eventos de su aún breve gestión como “acciones inéditas que marcan un precedente institucional”, algunas tan rutinarias como una “quema de indicios” realizada en meses pasados.

Vázquez Alatriste no fue a presentar un informe, fue a realizar un inoportuno acto político de afirmación ante los poderes públicos del estado y su propia burocracia, que llenó el auditorio del estado. 

El problema es que la estrategia de pacificación de la gobernadora, una de las mayores apuestas de su gobierno, debería tener uno de sus apoyos fundamentales en una fiscalía que combata la impunidad en serio y no con cifras alegres, que se coordine con el resto de los actores de la seguridad y, sobre todo, que se vuelva confiable para los ciudadanos.

En los 3 aspectos, hasta hoy, Gerardo Vázquez Alatriste está reprobado, por más que sus cifras alegres pretendan apantallar tanto como el endeble doctorado que presume y que por poco se le atraganta en el proceso de su ratificación por el Congreso. 

Mención aparte merece la grosería de confinar a los medios de comunicación que cubrían su informe a un infame “corralito” para evitar que contaminaran con su presencia su acto de lucimiento.

Quien más preocupada debería estar es la propia gobernadora, pues, como van las cosas, difícilmente podrá presumir mejoras tras la valiente decisión de recortar la era de Zamarripa a un alto costo.

Hoy por hoy, el “jurista” no convence.

2.- Surge red de alcaldes morenistas

Lo que difícilmente se ve en el partido que constituye la principal oposición en Guanajuato, el Movimiento de Regeneración Nacional, cobró realidad a principios de la semana: nueve alcaldes de ese origen político se reunieron a dialogar y conformar un frente común que no solo pretende negociar con el gobierno panista en bloque, sino incluso con su propia bancada legislativa.

La novedad fue que alcaldes identificados con el senador Ricardo Sheffield no tuvieron empacho en recibir al alcalde de Salamanca, César Prieto, en lo que parece una reconfiguración que se veía improbable hasta hace no mucho.  

¿Qué es lo que está moviendo las aguas al interior del morenismo? Uno de los temas parece ser el activismo de otro senador, Emmanuel Reyes, quien ya se mueve por el estado buscando configurar una planilla de aspirantes a alcaldes, como parte de un proyecto más amplio hacia el 2030.

Fueron nueve los alcaldes reunidos en Celaya: Juan Miguel Ramírez, alcalde anfitrión; Job Gallardo de Abasolo; César Prieto, de Salamanca; Yozajambi Molina, alcaldesa de Pénjamo; Daniel Sámano, alcalde de Salvatierra; Israel Mosqueda, presidente municipal de Valle de Santiago; Saúl Trejo, de Tarimoro; Salomón Espínola de Victoria; y Edgar Reséndiz, alcalde de Doctor Mora. 

El objetivo es plantear posturas comunes ante el gobierno del estado y el gobierno federal para obtener recursos destinados a obra pública. La mayor urgencia es negociar las realizaciones derivadas del préstamo ya autorizado por el Congreso al gobierno estatal, por ocho mil millones de pesos, la mitad del cual va a proyectos de infraestructura en los municipios.

Sin embargo, los alcaldes también se plantean establecer una negociación centralizada y fluida con el grupo parlamentario de Morena en el Congreso, a fin de que las posturas de los municipios que gobierna ese partido estén mejor representadas en los debates y acuerdos en el Legislativo.

Como vocero del grupo fue designado el alcalde de Abasolo, Job Gallardo, el mismo que ya elevó la voz cuando los diputados de Morena votaron en contra el crédito solicitado por Libia Dennise García a fines del año pasado.

Al bloque serán invitados otros alcaldes de Morena; son cuatro los que no estuvieron presentes en la reunión. Gallardo confía en que el llamado será atendido una vez que se tenga claro que la negociación como bloque puede darles mejores dividendos.

Otra de las vertientes de acción que buscan abordar los ediles será la de responder de forma grupal a los ataques de que sean objeto, tanto de parte de opositores como del fuego amigo, que, como se sabe, en Morena abunda. 

Veremos si se trata de un esfuerzo que rinda frutos en un partido marcado hasta ahora por el divisionismo y las rencillas, y si el ejemplo es seguido en otros ámbitos de esa fuerza política, que hasta ahora no ha podido traducir su fuerza electoral y territorial en influencia real en la vida pública del estado.

3.-  Salvador Tovar: impactos profundos

La renuncia del diputado silaoense Salvador Tovar a las filas de Acción Nacional para sumarse a Morena no significa únicamente un descalabro en el actual Congreso, el cual trató de ser paliado de forma urgente con la cooptación de la diputada verde Itzel Mendo, sino que trae otras muchas consecuencias en el futuro inmediato.

Probablemente el juego de votos en el Congreso permanezca inalterado para las pequeñas victorias pírricas que el panismo quiere presumir en temas de regateo de derechos humanos, una batalla que a la larga se encuentra perdida. Tovar no parece sumarse a la agenda completa de Morena, grupo al que ya anunció su incorporación, y Mendo seguirá en la misma tesitura que ya tenía desde la bancada verde.

El impacto viene a futuro. Mientras Salvador Tovar es un operador político, miembro de pleno derecho del equipo que conformó Aldo Márquez desde la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Nuevo Comienzo), ni la diputada Mendo ni su mentor, el coordinador verde Sergio Contreras, representan nada más que su voto en el Congreso.

La fruición con la que Morena recibió al diputado Tovar tiene que ver con su potencial electoral en Silao y su impacto en al menos un distrito local y uno federal actualmente en manos del PAN. Por algo, el que más mostró su inconformidad de forma evidente fue el legislador Ernesto Millán, quien ya se sentía dueño de la candidatura a alcalde de ese municipio en 2027.

Salvador Tovar dio a conocer que desde octubre del año pasado planteó sus inconformidades con decisiones políticas que le afectaban a él y a sus colaboradores en el municipio de Silao. Lo hizo ante la secretaria particular de la gobernadora, Alejandra Rivera, pero no fue atendido.

Ni siquiera su cercanía con el presidente del PAN, de quien fue operador y secretario particular, le valió, lo que evidencia la pérdida de poder de ese grupo en el gobierno del Nuevo Comienzo.

El desastre para el PAN es de cuidado y no podrá paliarse con las selfies que salieron a tomarse los directivos del partido con la diputada tránsfuga del Verde, quien no trae consigo mayor apoyo y a la que habrá que acomodar en la nómina estatal al término de la legislatura.

Parece que la pérdida es por partida doble.