• Designaciones de funcionarios en bajo perfil
• Madrid, en Guanajuato se piensa mucho en ti
• Acueducto: cómo acabar de complicar

1.- Nuevos recomienzos, en silencio

El año inicia con movimientos en áreas sensibles de varias dependencias del gobierno estatal, aunque ninguno de los cambios han merecido el detalle de un comunicado oficial, como si se quisiera hacer pasar desapercibidas las designaciones y los relevos.

El primero de los cambios de relevancia fue motivado por una decisión política: la de enviar al subsecretario de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, Antonio Guerrero Horta, cuyo desempeño fue irrelevante, a la dirigencia panista del municipio de León, donde sin competencia asumió el cargo en el mes de septiembre. 

Varios meses después, en diciembre, el hueco generado por ese desplazamiento en la Secretaría de Derechos Humanos lo llenó la exdiputada federal Saraí Núñez Cerón, quien al menos ya realizó algunas giras por el estado, aunque en su perfil no haya antecedentes de trabajo en temas de derechos humanos. 

La funcionaria originaria de Celaya se vincula con otra familia de prosapia panista en su ala más conservadora, vía su esposo el ex dirigente panista en ese municipio, Juan Carlos López Ruiz, hijo de Juan Carlos López Rodríguez, con más de un cuarto de siglo de trayectoria en temas educativos y de desarrollo social en varios gobiernos estatales.

La designación proveniente del despacho de la gobernadora Libia Dennise García, parece obedecer más a la lógica de cuotas partidistas que a una verdadera política de atención a grupos de población vulnerables.

Y aunque tardíamente se hizo el cambio en la página web del gabinete estatal, persisten descuidos como la aparición del currículum de Guerrero Horta donde debería estar el de la nueva funcionaria.

En el periodo vacacional de diciembre se produjo otro cambio de peso, ahora en la Secretaría de Economía de Cristina Villaseñor, donde su director jurídico y auténtico escudero, el conflictivo abogado ambientalista Fidel García Granados debió presentar su renuncia con fecha del último día de 2025.

El exdirector de Gestión Ambiental en el gobierno de Bárbara Botello mantuvo un pulso  personal en su nuevo cargo con el director del Puerto Interior, Héctor López Santillana, quien en su gestión como alcalde llevó adelante un proceso para inhabilitar a García Granados que este litigó y finalmente ganó. 

Sin embargo, los viejos resabios contribuyeron a envenenar la relación de su nueva jefa y amiga, la secretaria Villaseñor, con el exalcalde de León y gurú de las políticas de atracción de inversiones de los gobiernos panistas por casi dos décadas. Su salida de la secretaría probablemente se deba a la necesidad de oxigenar el clima organizacional de la dependencia, pero no faltará quien lo interprete como una señal de la hegemonía que mantiene López Santillana en el área.

Finalmente, acaba de salir a la luz la designación de otro nuevo Director Jurídico en la Secretaría de la Honestidad que encabeza Arcelia González, la abogada irapuatense que estuvo en el ojo del huracán las últimas semanas del año por su decisión de participar en el proceso de evaluación de aspirantes a notarios públicos, cuando la dependencia que dirige es la encargada de atender posibles quejas por fallas en el proceso.

El nuevo encargado del área jurídica de la dependencia que controla la normatividad del ejercicio gubernamental es nada menos que Roberto Ávila García, ex magistrado civil del Poder Judicial de Guanajuato y para más señas concuño del exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Ávila García no fue ratificado como magistrado civil de la novena sala al concluir su periodo de 7 años en diciembre de 2024. 

Su cónyuge, Bernardina Elizabeth Durán Isais es la poderosa Directora Jurídica de la Fiscalía del Estado, que se mantiene intocada en la actual gestión de Gerardo Vázquez Alatriste; y  su cuñada Elvia Oralia Durán Isais es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, designada en los días finales del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, cuando se negoció la renuncia anticipada de Zamarripa a su cargo de Fiscal General para quitarle lastre a la campaña de Libia Dennise García. 

Los cambios en las áreas jurídicas no podrían realizarse sin la anuencia del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Alejandro Sierra Lugo, pues así lo marca la Ley Orgánica reformada en el arranque de la actual administración, lo que deja claro el margen de maniobra limitado de los secretarios de despacho para la realización de estos movimientos.

Como puede verse, las familias políticas mantienen sus privilegios en el autodenominado gobierno de la gente. Los movimientos de reciente data más bien sirven para pagar deudas pendientes y para dejar en claro que el nuevo comienzo no llegó más allá de un afortunado eslogan de campaña.

2.- La peregrinación anual a España

Unos con complejo de culpa, otros con desparpajo, los menos con un plan bien organizado, funcionarios públicos del estado, de los municipios y hasta del Congreso alistaron sus maletas este fin de semana para viajar a la Feria Internacional de Turismo del 21 al 25 de enero en Madrid, España. El pretexto ideal para el tour: la Feria tiene este año a México como país socio.

Allá van alcaldes con comitivas, funcionarios con parejas y la presidenta de la comisión de turismo del Congreso, Miriam Reyes Carmona, quería llevarse a todos sus integrantes, pero privó la sensatez. 

La gobernadora Libia García anunció de última hora su asistencia con una gira del 19 al 22 de enero, lo que le impedirá estar en la visita presidencial de este domingo en San Miguel de Allende, donde Claudia Sheinbaum informa sobre el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato, en el que ya se han invertido 686 millones de pesos, según informó esta semana Adelfo Regino Montes, director del INPI, en una reunión realizada en el ejido Cruz del Palmar de ese municipio, mismo lugar en donde estará la mandataria federal.

De acuerdo a su agenda, Libia únicamente estará dos días en FITUR, pero se ha planteado una nutrida agenda junto con la secretaria de Turismo Guadalupe Robles. Llama la atención la extensa argumentación con la que se dio a conocer el viaje a Madrid de la gobernadora, encontrando una larga serie de justificaciones, así como el aviso de que viajará sufragando los gastos de su propia bolsa.

Probablemente, haya sido el clima de críticas y cuestionamientos que desde los medios se realizaron a varios alcaldes que se despacharon con la cuchara grande en cuanto a invitados pagados por el erario, lo que obligó a tantas precauciones y hasta a cierto sentimiento de culpa anticipada.

No se entiende, sin embargo, que mientras la gobernadora aclara que no usará viáticos oficiales, la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, anuncia la asistencia de treinta personas entre funcionarios y acompañantes “con el patrocinio del gobierno estatal”.  

Más allá de paseos, de justificaciones, de turismo institucional y de simulaciones, lo que importa es lo que se pueda lograr y se pueda informar, con posibilidades de medir los resultados en forma tangible.

La credibilidad de la clase política anda en tan malos pasos, que rendir cuentas claras tendría que ser no solo una obligación, sino incluso una verdadera emergencia.

3.- Morena y Bienestar enredan más el acueducto

Parece una comedia de equivocaciones. La oposición de habitantes de Acámbaro, Jerécuaro y Tarandacuao, así como de productores de una parte del distrito de Riego 011, al empleo de las aguas de la presa Solís ha desatado un verdadero enredo que denota la falta de planeación y la incapacidad para sostener interlocuciones maduras, respetuosas y civilizadas con los inconformes tanto de parte del gobierno estatal como del federal.

Tras los fallidos esfuerzos del Estado por tratar de atenuar las protestas contra la construcción del acueducto Solís – León, dialogando con la alcaldesa panista Claudia Silva, realizando campañas de difusión y hasta presionando a través de mecanismos institucionales como el aparato de educación, ahora toca el turno de equivocarse al gobierno federal y a su partido.

Por una parte, está el llamado de atención de la dirigencia estatal de Morena, a través del Secretario General Jesús Ramírez Garibay, al regidor acambarense Julio Vega, para que no milite en contra de una obra “de la presidenta Claudia Sheinbaum”, so pena de enfrentar un procedimiento disciplinario.

Por la otra, la Secretaría del Bienestar, que encabeza en el estado Alma Alcaraz, llevó a cabo rescisiones de contratos de personal de la dependencia en la zona de Acámbaro, estando entre los afectados Laura Ríos, activista y esposa del regidor Vega. Se mencionan otras seis personas que habrían sufrido la misma suerte derivada de reportes del delegado del Bienestar en la zona, Alejandro Tirado, quien ya salió en sus redes a deslindarse del movimiento opositor al acueducto.

Sin embargo, lo que resalta es que desde el gobierno federal y desde Morena se están atendiendo los bulos creados en medios de comunicación y donde no se descarta la influencia del gobierno estatal, para crear la impresión de que el movimiento de oposición al acueducto se fomenta desde ese partido.

Nada más lejos de la realidad. Los funcionarios de Morena que se han sumado a las protestas han sido sensibles a reclamos de ciudadanos que les dieron su apoyo en las pasadas campañas, donde este partido quedó muy cerca de obtener la alcaldía y ganó el distrito local y el federal.

Querer apagar la protesta con represalias de este tipo no tendrá ningún efecto, dado su carácter extendido y orgánico, pero, en cambio, sí puede dañar la penetración que el partido lopezobradorista había alcanzado en la zona y que obligó al PAN a arrinconar a sus militantes y echar mano de la estructura del PRD para mantener la alcaldía.

Por lo pronto, el año empieza calientito en la zona y estos movimientos podrían sumarse a los fracasos que ya tuvieron los funcionarios de Conagua y los del gobierno estatal para establecer una interlocución productiva con los inconformes. Veremos si se aprende de los errores o si se impone el autoritarismo y la soberbia.