Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 9 de febrero de 2025

In Días de Guardar, POPLab on febrero 9, 2025 at 10:42 am
  • Alatriste: el riesgo de buscar legitimación
  • Menos que simbólicos los apoyos a migrantes
  • Libia teje relación con IP tras desaguisados
Arte: Emilio Jiménez

1.- Un fiscal cuestionado en busca de popularidad

Los partidos políticos en el Congreso y el Poder Ejecutivo le han entregado a Guanajuato un fiscal de siete años sobre el que hay dudas por su perfil y comportamiento, surgido además  de un proceso desaseado y torpe. Lo hicieron intercambiando favores y negociaciones que nada tienen que ver con la seguridad y mostrando un alto grado de irresponsabilidad.

Gerardo Vázquez Alatriste llega cuestionado y presionado, vigilado por una opinión pública que no está dispuesta a tolerar más juegos cortesanos con la preocupante situación de la violencia que amenaza a todos sin excepciones. 

Sus primeros pasos incrementan la preocupación sobre su desempeño: ha elegido la charada y el golpe mediático antes de entrar en conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades de la institución que recibe, parece urgido de popularidad, no de atender el problema que lo trajo al cargo y que jubiló a su antecesor.

Ya tuvimos que deglutir su pésimo sentido del humor al compararse con Messi y Mbappé, en una entrevista a modo, como si la seguridad fuera un juego y como si sus atributos estuvieran a la altura de las estrellas del balompié. El nuevo fiscal viene de jugar en una liga cuestionada, ineficiente y omisa, donde no hay nada que presumir. 

En sus primeras acciones ha privilegiado la respuesta a casos altamente mediáticos, apresurando las acciones para mostrar eficacia. Sin embargo, lo que se requiere, después de años de discrecionalidad, de alteración de cifras y de ocultamientos, es una fiscalía que atienda a las víctimas sin discriminación y con resultados.

El juego de la popularidad puede ser peligroso para cualquier político, pero es letal para quienes están a cargo de combatir la impunidad. Si el cuidado de la imagen es el criterio que prevalece, la tentación que viene asociada es la de la manipulación informativa y el ocultamiento selectivo de datos.

Ese camino, sin embargo,  ya no funciona en Guanajuato, después de haber sobrellevado por años el comportamiento opaco de Carlos Zamarripa y su tendencia a la alteración de cifras y la ausencia de explicaciones.

El fracaso del diagnóstico que atribuía la crisis de imagen de Zamarripa a la “mala prensa”, quedó en evidencia cuando Diego Sinhue Rodríguez inventó la vocería de Sophia Huett, decisión que, a la postre, no hizo más que empeorar el panorama.

El problema fundamental de ese enfoque es que la impunidad y los problemas de Guanajuato en materia de seguridad, no se deben a un asunto de “comunicación”, sino a fallas sustanciales de la procuración de justicia y la prevención, que no se arreglan con un simple maquillaje mediático, ni tampoco con un fiscal que busca cercanía tratando de ser simpático, malhablado y dicharachero.

El nombre del juego es trabajo serio y resultados, para lo cual el nuevo fiscal tiene que anteponer, primero que nada, la limpieza de la fiscalía tras un estancamiento de 3 lustros y la conformación de un equipo profesional y solvente.

Trasplantar funcionarios desde la Fiscalía Federal al estado no parece ser la mejor solución, pues traerán consigo vicios de esa dependencia que no contribuirán a depurar, sino a empeorar las deficiencias de la instancia local.

Y no es que se trate de esperar resultados inmediatos, una tentación que conduce al efectismo y la búsqueda de espectacularidad. Se trata de que las actitudes y los procedimientos cambien, sobre todo si lo que se pretende es recuperar la confianza de una sociedad que hace mucho tiempo se divorció de la Fiscalía de Guanajuato.

2.- Jiménez Lona y Liz Esparza: paseo por las nubes 

Esta semana se publicitó ampliamente en la prensa de Guanajuato la visita de dos funcionarios del gabinete estatal a Los Ángeles en lo que pretenciosamente se llamó una gira de apoyo a migrantes.

El secretario de Gobierno Jorge Jimenez Lona y la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza, invirtieron unos viáticos nada desdeñables para ir a entregar siete actas de doble nacionalidad, algo ni siquiera simbólico en una urbe que cuenta con una población de al menos 150 mil migrantes guanajuatenses.

Si esto es el nuevo comienzo, uno no puede menos que expresar la perplejidad por una acción que no cae en la demagogia, sino simplemente en el ridículo más elocuente.

A la gira ni siquiera fue la subsecretaria de atención a los migrantes, Susana Guerra Vallejo, de las pocas que verdaderamente entienden la problemática presente y futura que enfrentan los mexicanos en los Estados Unidos y que por enésima ocasión es relegada por las decisiones burocráticas de las administraciones panistas.

Lona y Esparza continuaron con su gira de fantasía anunciando la existencia de una bolsa de 25 millones de pesos para apoyar “el retorno asistido” a migrantes guanajuatenses. Ese monto, igual a lo que costaron las conferencias de Checo Pérez y Serena Williams,  representa la cuarta parte del presupuesto total de la Secretaría de Derechos Humanos que asciende a 110 millones de pesos para el 2025, nada frente a la amenaza de deportaciones masivas.

Cabe puntualizar que la nueva Secretaría de Derechos Humanos dispone de un presupuesto inferior al de las dos oficinas a las que sustituye: la Secretaría del Migrante y el Instituto para las Personas con Discapacidad, que juntas sumaban 115 millones en el ejercicio 2024. Pero además, hoy se incorporan otras dos líneas de acción con sus respectivas subsecretarías: diversidad y atención a personas indígenas y afrodescendientes.  

Llama la atención que se creen dependencias remarcando una reorientación de las políticas públicas, pero luego se las desampare en el reparto presupuestal. Así ocurrió con las secretarías creadas por Diego Sinhue Rodríguez el sexenio pasado, Migrante y Medio Ambiente, que nunca despegaron y terminaron por extinguirse.

Si a ello se le suma la vocación escénica del nuevo gobierno, que ya incluye una línea de influencers institucionales para “presentar” a los funcionarios del gabinete de una forma que pretende ser “desenfadada” pero que solo termina siendo pueril, resulta preocupante que líneas institucionales de la mayor relevancia como es la protección a poblaciones vulnerables, terminen naufragando en la intrascendencia.

Por lo pronto la gira del secretario de Gobierno y la secretaria de Derechos Humanos tuvo más impacto en los medios de Guanajuato que en los de Los Ángeles, quizá por que acá es dónde están sus verdaderos intereses.

3.- Libia con los dueños del dinero

Esta semana y después de una serie de desencuentros de funcionarios de su gobierno con organizaciones empresariales y el sindicato patronal del estado, motivadas por algunas de las decisiones de la administración, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo sostuvo una reunión con la organización Unidos por Guanajuato (UNIGUA), una asociación civil que reúne a los capitales más importantes de la entidad, sobre todo de León.

Aunque el objetivo declarado de la cita fue informar sobre la estrategia de seguridad CONFIA, con la que se pretende pacificar al estado después de casi una década de violencia desbordada, no muy oculta estuvo la intención de enviar un mensaje de paz sobre las relaciones entre el gobierno estatal y los hombres del dinero.

Clave en la reunión fue la presencia de Mónika Pérez Dorsey, la politóloga que coordina ejecutivamente UNIGUA pero que también formó parte de la campaña de Libia como responsable de la Red de mujeres.

Ahora solo falta que la estrategia de seguridad cuaje más allá de su utilización en presentaciones de relaciones públicas, pues la violencia en el estado no ha cedido como lo muestran las masacres que se registraron este mismo fin de semana en Salamanca y en Celaya.

Libia aseguró que hoy en Guanajuato hay “estrategia, rumbo y decisión”, para luego pedir la suma de la sociedad al reconocer que la recuperación de la paz es fruto de un esfuerzo colectivo entre gobierno y sociedad.

Parte de ese mensaje deben recogerlo algunos integrantes de su gobierno para evitar enzarzarse en nuevas disputas sin sentido, algunas de ellas simplemente para defender lo que pueden ser errores que podrían ser enmendados con un poco de humildad.