El Partido Acción Nacional, gobernante en el estado de Guanajuato desde 1991, parece adentrarse en una lógica de decadencia y descomposición política, visible en varias de sus prácticas, pero sobre todo en una que lo evidencia como pocas: el intento de controlar a los medios y de someter las opiniones independientes y críticas, bien por la vía de la censura, bien por la del ataque personal y el intento de desprestigio.
Que lejos, pero también que cerca estamos de ese 1991.
Lejos porque el PAN de entonces, representado por Vicente Fox Quesada, por Carlos Medina Plascencia, que luchaba por abrirse paso ante la maraña de intereses de los medios de comunicación de la época para hacer llegar su mensaje, no tiene nada que ver con el PAN de hoy, más hijo del PRI que del Maquío.
Cuando se llegue a las próximas elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el de Morena a nivel federal.
Sin embargo, más allá de ese triunfo cultural, que también podría ser el del porfirismo o de la vocación mexicana por el caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato y quizá el del país entero, está en vías de extinción y no por otras causas que las de su propia responsabilidad.
Por lo pronto en la entidad, los capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en desbandada, están literalmente en fuga.
Si algo quedó claro en la elección del año pasado es que el tema que más escuece a los mexicanos y orientó su voto fue el hartazgo con la corrupción, también fue lo que les hizo respaldar la propuesta que ofrecía la lucha frontal contra ese flagelo.
Ahora hemos visto como Andrés Manuel López Obrador, el abanderado de la propuesta de erradicar la corrupción del sistema político mexicano parece limitar su esfuerzo a la historia que viene y no a la que ya pasó.
La política de punto final a la corrupción puede llegar a ser, tarde o temprano, una reedición del pacto de impunidad que ha sido la marca de referencia de la política mexicana y que ha permitido que se enseñoreé la impunidad y se reproduzcan las conductas que saquean el patrimonio público y sabotean los alcances de las políticas gubernamentales.
Esa sería la muerte de la Cuarta Transformación, algo que no sabemos bien aún con qué se come, pero cuyo eje central es la erradicación de prácticas corruptas ancestrales que han sobrevivido a todos los cambios de gobierno y de régimen de la historia del país como nación independiente.
Decían los clásicos antiguos que “los dioses ciegan a los que quieren perder”. Hoy lo fraseamos de manera diferente y se habla de como afectan a quienes deben tomar decisiones lo que sicólogos y estrategas llaman “el lado ciego”.
Es el caso de la decisión que ya ha asumido el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no sabemos si tomada por él o impulsada por suprapoderes en la sombra, para darle un mandato autónomo de 9 años a Carlos Zamarripa como el primer Fiscal General del Estado.
La decisión y las consecuencias. Foto: Periódico A. M.
La culminación de la investigación derivada de una acusación colectiva en contra de catedráticos de la Universidad de Guanajuato por acoso sexual, de la que derivó la aplicación de sanciones a nueve de ellos y una reconvención a las autoridades del plantel donde ocurrieron los hechos, sienta un precedente muy importante en la lucha emprendida por colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Nueve de los 14 académicos señalados por conductas inapropiadas fueron encontrados responsables. Seis de ellos recibieron una suspensión de ocho días; mientras que tres más se hicieron acreedores a una amonestación.
Resolución de la Comisión de Honor y Justicia de la UG sobre la denuncia de acoso contra académicos del Campus León, un avance innegable. Foto: Verónica Espinosa
En Guanajuato la situación de emergencia modificó su polo magnético. Pasó de la escasez de gasolina a eso otro terrible que todos sabemos pero que casi nadie se atreve a mencionar: la existencia de un articulado cartel enfocado en el robo de combustibles, que ha evolucionado a una guerrilla suburbana en los últimos años y que se ha fortalecido a ciencia y paciencia de los gobiernos locales.
Si Guanajuato padece más el desabasto de combustibles, también tiene que ver con las actividades ilegales de una poderosa banda que además de dos años a la fecha se encuentra en guerra con otro grupo delincuencial.
Gobernador fuera de foco, en la semana de los bloqueos y el explosivo en Pemex. Foto: Twitter
En campaña, cuando prometer no empobrece, el aspirante panista a la gubernatura de Guanajuato firmó, sin que le temblara la mano, los once compromisos contra la corrupción que le pusieron enfrente las distintas agrupaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Guanajuato.
Al aceptar la propuesta, impulsada a nivel nacional por el sindicato patronal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a concretar desde su gobierno los siguientes puntos:
1. Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas.
2. Acatar y publicar observaciones de auditorías.
3. Eliminar archivos de papel, cumplir con la ley de archivos y de transparencia.
4. Publicar voluntariamente la “3de3” de todo el gabinete.
5. Unificar Padrón de Beneficiarios de los servicios públicos.
6. Establecer requisitos para proyectos de infraestructura y disponer toda la información en datos abiertos.
7. Impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
8. Informar oportunamente sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas.
9. Realizar las compras a través de CompraNet nacional.
10. Reducir al mínimo los pagos en efectivo.
11. Respaldar independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción
A cuatro meses: ni tres de tres, ni fiscal, ni nada. Foto: Especial.
En el sexenio de Miguel Márquez Márquez, un gobernador que prácticamente no tuvo crisis mediáticas y transitó su gobierno como el mandatario estatal mejor calificado en el país, Guanajuato sufrió dos transformaciones radicales: se convirtió en uno de los mayores paraísos del robo de combustible, como lo reflejan la cantidad de tomas localizadas y denunciadas; y elevó sus cifras de violencia homicida en un mil por ciento.
Miguel Márquez tuvo un gran éxito en deslindarse de ambas responsabilidades, como si gobernar un territorio no significara hacerse cargo de todo lo que ocurre en él para atenderlo o gestionar su atención en coordinación con otras instancias.
Parafernalia sin contenido, ni respeto a derechos humanos. Foto: Twitter.
Un día después de que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, endureciera su postura frente al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador por el desabasto de gasolina, hizo lo propio el guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, poniendo en evidencia que su toma decisiones sigue gobernada más por las circunstancias que por algún plan.
Desde los primeros momentos de la crisis del combustible, Sinhue quiso verse proactivo y eludió confrontarse con López, quizá consciente de que la justificación de la escasez venía de la atención a un viejo reclamo de los gobiernos panistas de Guanajuato: el combate al robo de combustibles, las mafias que lo aprovechan y las complicidades al interior de Pemex, todo lo cual ha sido planteado como la principal explicación sobre el auge de la violencia criminal en la entidad.
Ocupar el despacho, pero también gobernar. Foto: Twitter.
A lo largo de las últimas legislaturas de mayoría panista en Guanajuato, cada vez que la oposición ha planteado hacer comparecer a un funcionario del Poder Ejecutivo para explicar decisiones políticas o resultados de las mismas, la cortesía ha sido negada una y otra vez por línea del gobernador en turno y acatamiento de los diputados de su bancada.
Sin embargo, la memoria es flaca y los líderes de la “oposición” que cobra en el Congreso de Guanajuato no tuvieron empacho para aceptar esta semana una invitación del secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, a un comedido desayuno con el procurador del Estado, Carlos Zamarripa, a quien el PAN ha ofrecido ya pleno apoyo para que se convierta en Fiscal General con todas las facilidades para que transite al cargo en automático.
El procurador Zamarripa marca el paso a los diputados. Foto: Congreso del Estado
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