* El programa para prevenir consumo de drogas requiere más músculo

* Diputados de Guanajuato: el sueldo no alcanza para la vergüenza

* Se debate PAN entre autoritarismo y regreso a la democracia interna

1.- Política contra adicciones: mucha publicidad, poco presupuesto

El problema central que alimenta la violencia en Guanajuato al día de hoy es el incremento del mercado de las drogas ilegales, sobre todo el cristal o metanfetamina, una sustancia de relativamente fácil acceso por su bajo precio: un gramo de la sustancia de pureza media cuesta cien pesos y alcanza para diez dosis.

El año en el que Diego Sinhue Rodríguez tomó posesión como gobernador, 2018, la cantidad de carpetas abiertas por el delito de narcomenudeo en Guanajuato ascendió a 8 mil 739. Este 2021, tres años después, las carpetas abiertas en los primeros 10 meses del año se elevan a 19 mil 597, el año cerrara sobre los 23 mil expedientes, lo que representa un crecimiento superior al 260 por ciento.

Cuando se realizó la última encuesta sobre adicciones (Encodat 2016) del Instituto Nacional de Salud Pública, los focos rojos se encontraban en Jalisco, Quintana Roo y Baja California. Guanajuato no aparecía.

Sin embargo, a la caída de la economía ilegal del robo de combustible, las bandas armadas que siguen asolando el estado, pese a la retórica oficial, trasladaron su actividad a otros mercados criminales, uno de ellos fue la venta de drogas, ámbito en el que se han venido realizando a mayor parte de las ejecuciones que siguen manteniendo al estado en los niveles más altos de este delito.

La problemática que se vive parece muy distinta a la que atacó el programa islandés que se busca instrumentar. Allá la preocupación era el creciente consumo de alcohol, tabaco y mariguana entre jóvenes y niños, como una puerta de entrada a adicciones a drogas más duras.

La propia encuesta realizada bajo la metodología del programa Planet Youth en Guanajuato revela que la situación no es tan grave entre la población escolarizada. El problema parece estar entre los jóvenes y niños que no asisten a la escuela, que la abandonaron o nunca se incorporaron, pues la entidad cuenta con uno de los niveles más altos de rezago escolar.

Quizá por allí habría que empezar, por un esfuerzo mayúsculo y dirigido para aumentar la escolarización en todos los niveles.

Lo visto en el congreso realizado por todo lo alto y sin escatimar recursos, no abonó mucho a saber que se piensa en relación con los jóvenes e incluso adultos que ya son víctimas de una adicción avanzada, cuyas familias no tienen más opciones que los riesgosos «anexos» particulares, donde muchas veces se revictimiza y se carece de la más elemental metodología clínica y sicológica para atender a a los adictos como pacientes y donde no han sido ajenas la violencia y las muertes de internos.

Aún así, con el enfoque restringido a la prevención en el universo escolar, la cifra que se deriva en primera instancia para aplicar el programa se antoja absolutamente insuficiente para tener el impacto que se pretende.

Se trata de una política de primera importancia y no puede regatearse el apoyo de ninguna manera, en vista de la gravedad del problema que nos afecta, pero se debe de hablar si tapujos del muy escaso compromiso que denota la asignación de 40 millones de pesos para una política pública de la magnitud que se requiere.

Solo habría que recordar que el propio Sinhue destinó mil millones de pesos a la compra de computadoras para regalar a los jóvenes antes de las pasadas elecciones, en un programa que no parecía tener como objetivo la inclusión digital, sino la cooptación de voluntades y el pago de comisiones, tomando en cuenta que la empresa beneficiada fue la misma que en el sexenio de Miguel Márquez impulsó su compadre, Rafael Barba, El Gallo.

Es aquí donde aparecen las dudas. Es un programa importante y una política prioritaria, pero su reflejo presupuestal es apenas una vacilada. No avanzaremos mucho en términos de resultados, si seguimos instalados en la simulación.

2.- Congreso: el PRIAN mal, la oposición peor

Pese a dirigir una aplanadora, 21 diputados de los 36 que conforman el Congreso, el pastor panista se ha convertido en cliente de los asesores y diputados priistas, partido que hace mucho dejó de ser decisivo en la política estatal, pero al que Luis Ernesto Ayala le está dando oxígeno artificial.

Como si en la bancada panista no hubiera la suficiente experiencia política o la iniciativa para incidir en las estrategias de la bancada, el ex alcalde leonés parece depender ahora de forma decisiva de las prendas de tricolores como Luis Mario Aguilar y Maya, Jorge Luis Hernández y, ya en el colmo, de Alejandro Arias.

Fue desde ese espacio donde se ideo la salida para evitar el embate en contra del fiscal Carlos Zamarripa por la reclasificación del delito del que se encuentra acusado el legislador federal panista con licencia, Jorge Alberto Romero Vázquez.

Un punto de acuerdo general sin sustancia, que le pide a «las instancias correspondientes» que «garanticen los derechos de las víctimas», al cual se sumaron tres de los cuatro partidos minoritarios, quedará en el anecdotario como una más de las acciones sin trascendencia de un Congreso cada vez menos protagónico en la vida pública del estado y plegado a la dinámica del Poder Ejecutivo.

Ni siquiera los pataleos de Morena y su toma de la tribuna, lograron imponer la sensación de que a este Congreso le importan de verdad las víctimas. Ante la evidencia de que un político como ellos, uso su poder para violentar derechos, ameritó un deslinde serio y un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

En cambio quedó la sensación de que mientras Morena pretendía usar el tema para evidenciar al panismo gobernante, este, con sus rémoras del PRI, el Verde y Movimiento Ciudadano, solo quiso atenuar el golpe.

En uno y otro caso, queda claro que las víctimas no les importan lo más mínimo, son secundarias parte de la escenografía y pretexto para la disputa política insustancial.

Grave además la revictimización que llevó a cabo la diputada de Morena Alma Alcaraz al citar en la tribuna de Congreso partes del testimonia de Regina, una de las dos víctimas de Jorge Romero, hablando de forma explícita de las circunstancias del ataque: ¿hacía falta? ¿Era en verdad necesario?

Los asesores de la diputada aseguran que como el testimonio era público, podía usarse libremente, lo que solo habla de un gran oportunismo y una absoluta carencia de perspectiva de derechos humanos. Ni siquiera consideraron necesario solicitar autorización de la víctima porque «ya era público».

En el escenario queda la sensación de que la clase política de Guanajuato, de todos los signos, está cada vez más alejada de la realidad del estado, de la violencia brutal que se vive a diario y del hartazgo de la ciudadanía con «representantes» que cobran salarios millonarios (mayoría y oposición por igual), sin representar nada.

Dicen los políticos que a los críticos «no nos gusta nada». La pregunta es ¿porqué tendría que gustarnos el abismo al que nos están arrojando unos por su pésima gestión del estado, otros por su complicidad corrupta y los restantes por su incapacidad para proponer alternativas».

Como dijo el clásico: «si fueran gerentes de una empresa, ya los hubieran corrido a todos.»

3.- Marko Cortés: entre los amlovers y los democratizadores

No acaba de tomar rumbo la dirigencia panista que encabeza Marko Cortés de cara a la coyuntura electoral del 2024. Las contradicciones que vive ese partido en el nuevo escenario político, donde no acaban de definir si serán una pieza más de la alianza antiobradorista o son capaces de gestar un proyecto propio al que se sumen otras fuerzas, hicieron crisis esta semana.

En realidad los problemas ya venían de antes, desde la desoladora alocución del líder nacional en Aguascalientes, donde reconoció descarnadamente la debacle electoral a la que se exponen el próximo año y tras la defección de panistas destacados como los senadores que se han afiliado al grupo independiente.

Pero en el arranque de diciembre, las cosas se complican aún más para el debilitado dirigente que para su reelección se aprovechó del cambio de estatutos heredado por Ricardo Anaya para hacerse de la candidatura presidencial y que fue uno de los antecedentes de su fracaso en 2018.

Primero fue la aparición de 4 gobernadores de su partido en el evento del tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual originó un extrañamiento del mandatario y a la postre una reconciliación pública realizada este sábado.

Sin embargo la lectura clara que se desprende del hecho es que la estrategia electoral de los gobernadores panistas de cara a las próximas elecciones se definirá más por las necesidades de cada entidad, que de la mano con una línea nacional.

Pero ahí no acabaron las cosas. Este fin de semana un grupo de ex gobernadores entre los que estaban dos guanajuatenses, Carlos Medina y Juan Carlos Romero Hicks, demandaron el retorno de los esquemas de democracia interna que le dieron al PAN su mayor auge político y la conquista de gubernaturas alcaldías y la presidencia de la República a fines del siglo XX.

Desde esta visión que ya varias veces ha planteado críticas al apoderamiento del PAN por la burocracia dirigente en detrimento de la militancia, la pérdida de espacios que ha sufrido este partido proviene de su traición a los principios de la democracia interna.

La situación tiene sus rebotes en Guanajuato, donde Cortés se ha mostrado como un firme aliado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y de la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez, por cierto ambos llegados a sus respectivas candidaturas por el método del dedazo.

Habrá que seguir de cerca esta disputa.