* Se pierden espacios de mujeres en el gabinete estatal

* La policía de León entra en crisis en las manos de Mario Bravo

* Mientras violencia homicida se mantiene la burocracia se reacomoda

1.- Diego da marcha atrás a la paridad de género

En los momentos en que arrecia en todo México y en Guanajuato el reclamo de nuevas generaciones de mujeres por la ancestral discriminación y la violencia asociada al género, el gobierno panista de la entidad parece retroceder en los escasos avances que se habían registrado en el camino de la paridad.

Frente a la misoginia patente de gobernantes como Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez Márquez, con gabinetes absolutamente masculinizados, Diego Sinhue Rodríguez intentó un avance todavía marginal, al incluir cuatro mujeres en un gabinete de 14 plazas.

Para ello trajo candidatas de otras latitudes y de fuera de su partido, tratando de aparejar la cuota de género a las recomendaciones, el pago de favores políticos y el establecimiento de alianzas con grupos de presión. Es decir, el tema prevaleciente no fue el de dar oportunidad a mujeres capaces, sino solo dar la imagen de inclusión a la vez que se resolvían otras agendas.

El fracaso de una estrategia confusa no ha tardado en llegar. Como hemos comentado previamente, la falta de conocimiento de la realidad estatal y la ausencia de capacidad política y de liderazgo, ya provocó el cambio de dos de esas funcionarias, en Turismo y Transparencia, donde Teresa Matamoros y Marisol Ruenes debieron ser sustituidas por varones.

En la mentalidad tradicional de la derecha mexicana, de la que parece un fiel representante Diego Sinhue, no hay cabida para aceptar que una mujer puede tener las mismas y mayores capacidades que un varón, así que, fatalmente, la inequidad sigue prevaleciendo en el gobierno mientras en las calles las mujeres comienzan a mostrar su hartazgo de formas cada vez más radicales.

Solo medidas legales, impulsadas siempre desde el nivel federal, han forzado esquemas de paridad en municipios y Poder Legislativo, los cuales son asumidos por los partidos como una complicación, sin cambiar esquemas de pensamiento y más bien fortaleciendo las resistencias internas.

Por lo pronto, en el Poder Ejecutivo de Guanajuato tomando en cuenta el gabinete legal, el ampliado y el área staff del gobernador, encontramos 38 posiciones de primer nivel ocupadas por 28 hombres y 10 mujeres, una cuarta parte de representación femenina, lo que en realidad no constituye ningún avance sobre gobiernos anteriores.

Incluso, el activismo que desató en su momento la veterana política Juana de la Cruz Martínez, en el sexenio de Márquez, para evitar la alerta de género en Guanajuato, ya quedó muy rebasada. La directora del Instituto de la Mujer, Anabel Pulido, que en su momento significo un avance por entender los conceptos básicos de la teoría de género, ha terminado por desdibujarse y asumirse como un alta burócrata más que solo defiende sus privilegios.

Fue notoria su ausencia en el debate sobre la reciente represión de policías leoneses a una manifestación feminista. Cuando se le quiso preguntar su posición, desde su oficina se informó que no estaba disponible, lo que solo evidenció un ánimo de evasión que termina por operar en sentido contrario de las políticas públicas en apoyo a los derechos de las mujeres.

Lo peor de todo y lo más evidente en torno a la misoginia recalcitrante al interior del panismo gobernante, es que incluso las mujeres que tienen posiciones de avanzada al interior de ese partido, se encuentran temerosas de externar opiniones pues saben que pueden ser reprimidas y obstaculizadas en sus carreras políticas.

Solo hay que recordar que el PAN no ha tenido una sola dirigente mujer en su historia en Guanajuato, que su presidente y secretario general actuales son hombres y ninguno de ellos ha brillado por su talento, pero que ambos tendrán en sus manos la tarea de hacer valer la paridad de género en las planillas, más en base a la lógica de las camarillas y las conveniencias, que del respeto a la equidad.

Por lo que se ve, la insurgencia deberá seguir avanzando en las calles, ante la ausencia de cauces dentro de la institucionalidad panista que prevalece en Guanajuato.

2.- A Mario Bravo se le hunde la policía de León

No tiene madera de líder. Está ahí por una circunstancia menor: fue por unos meses el jefe de escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez mientras hacía precampaña y campaña.

Lo que no se dice es que Mario Bravo llegó a ser el cuidador de Diego Sinhue en contra de la voluntad de Alvar Cabeza de Vaca a quien prefirió evitar el entonces delfín de Miguel Márquez. De manera que su arribo a la secretaría de Seguridad Pública de León en relevo del irapuatense Luis Enrique Ramírez, implicaba una toma de control por parte del gobernador.

Sin embargo, los sabotajes no se han tardado. El supersecretario de seguridad del estado mantiene línea directa con el mando operativo de la policía de León, el comandante Jorge Guillén como quedó en claro con la represión ordenada sobre las feministas que protestaban por un abuso policiaco, justo cuando Bravo se encontraba de vacaciones. Ni más ni menos, el estilo Cabeza de Vaca: apagar la gasolina con fuego.

Hoy la situación hace crisis: policías detenidos por excesos autoritarios y violaciones de derechos humanos; policías asesinados como víctimas de la guerra de cárteles que afecta a la ciudad desde hace varios meses; policías que se quejan de favoritismos, de falta de equipo de protección y de represión salarial y, lo más grave: un liderazgo dividido.

Así, ni siquiera el hecho de contar con el respaldo del gobernador, le ha servido a Mario Bravo para imponerse en la corporación. La crisis está a la vuelta de la esquina y el que pagará los platos rotos será Héctor López Santillana quien nunca ha tomado el control de su policía, desde hace cuatro años.

3.- La espiral homicida rebota: sin plan en la era postMarro

La apuesta estatal y federal en materia de seguridad era que con la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, en automático disminuyera la violencia en el estado.

La detención, realizada a principios de agosto por fuerzas federales fue incluso objeto de una rebatinga desde instancias locales para pelear el crédito por la operación que llevó a la captura del violento líder criminal que sumió en el terror a los municipios del centro sur del estado.

Sin embargo, nadie parece haberse preparado para lo que iba a pasar cuando se desataran enfrentamientos para llenar el vacío de poder dejado en el escenario criminal del estado.

Por unos días la incidencia criminal descendió en Celaya y los municipios aledaños, pero apenas fue significativo. No así en León, donde tiene lugar otra sórdida disputa entre grupos locales de la delincuencia y de estos con organizaciones foráneas.

Sin embargo, a la vuelta de mes y medio el panorama parece igual si no es que peor, incluso en la zona de influencia de Yépez Ortiz, donde su cartel parece haberse repuesto y sigue dando y devolviendo golpes manteniendo altas las cuotas de violencia en la región.

Mientras eso ocurre en las calles, con los niveles de homicidios dolosos en los mismos niveles que llevaron a Guanajuato a encabezar los índices nacionales de violencia homicida, en las estructuras burocráticas del gabinete de seguridad se produce un reacomodo que no por intrascendente deja de ser significativo.

La salida de Marco Antonio Sánchez Aparicio del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad para hacerle un lugar a la desgastada vocera Sophia Huett, no traerá ningún cambio significativo: un burócrata gris será relevado por un publicista fallida en la oficina que se encarga de administrar los cada vez más disminuidos recursos federales para las tareas de seguridad de los municipios.

En la atroz realidad que se vive en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, la capital del estado los municipios de la franja sur, ese cambio de personas será irrelevante. En las políticas de seguridad se navega sin plan alguno, solo otorgando beneficios a una burocracia dorada que vive de la simulación.