* Pleito por crédito de la captura del Marro, puerilidad de la clase gobernante

* SAPAL, prueba viviente de antimodernidad de cúpula empresarial de León

* Pandemia activa, semáforo confuso y gobierno sin rumbo, el acabose

1.- Tras el operativo impecable, la guerra de lodo propagandística vuelve a dividir

El domingo muy temprano una noticia hacia envejecer a los periódicos recién salidos de las rotativas y provocaba una revolución en los medios digitales y las redes sociales, en Guanajuato y el país.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez, la Fiscalía de Guanajuato y el Secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo, en ese orden, salían a confirmar la noticia de la captura del delincuente más buscado en la entidad: José Antonio Yépez, El Marro.

Con las horas se irían despejando algunas incógnitas, no todas. La operación se daba después de un fracaso estrepitoso 40 días atrás, cuando un fallido intento de captura degeneró en una violenta reacción pandilleril de las huestes del autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima en al menos 13 municipios de la entidad. La ignominia de esa jornada se acentuó con la liberación a los pocos días de los detenidos, icnluyendo la familia cercana de El Marro.

La captura coronaba también un intento de reacercamiento del estado y la Federación, tras una visita presidencial relámpago dos semanas antes, después de los diferendos surgidos a raíz de los malos resultados de la operación del 20 de junio en Celaya.

Los acuerdos políticos entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinhue Rodríguez funcionaron, al menos temporalmente. Pararon las diferencias y los pequeños sabotajes internos entre la fiscalía estatal, la secretaría de seguridad y los destacamentos federales asignados a la búsqueda del Marro.

Las cortesías políticas marcaron la operación: el entramado se cuido, las fotografías equilibraron la presencia local y federal, el primer tuit ofrecido al gobernador fue un acto de diplomacia.

Sin embargo, el paso de las horas empezó a rasgar los acuerdos en la superficie. Duros de ambos bandos empezaron a disputar en redes y en declaraciones públicas, el crédito de la captura. Los gobernadores del PAN felicitaron a Diego Sinhue, como si la operación hubiese sido exclusivamente estatal.

No quedó allí, vienieron luego ofensivas de propaganda en medios y en redes para presumir a los cuerpos de élite de la Fiscalía del Estado, ausentes por cierto durante los años en los que la violencia crecía indiscriminada, estallaban autos bomba, se incrementaba el secuestro y la extorsión y crecían exponencialmente los asesinatos.

El frágil equlibrio que llevó a la captura de José Antonio Yépez y el desmantelamiento de su estado mayor, estalló por los aires por el afán de propaganda del gobierno local y por la ambición morenista de crecer a como de lugar en Guanajuato. En medio quedaron de nuevo, como rehenes, los ciudadanos verdaderos afectados por la violencia del Marro y de otros grupos criminales.

En lugar de festejar el éxito de una operación coordinada, de aprovechar las cortesías para fincar una mejor relación hacia el futuro, el afán ideológico y las vanidades personales se impusieron a la racionalidad política. Así llegaremos a la recta final de este año, cuando otro grupo criminal ya anuncia la legada de una Pax Narca a Guanajuato, precisamente el grupo criminal que aparece como el siguiente objetivo del gobierno federal.

La política sectaria sobreponiéndose a la obligación del estado de combatir la delincuencia en todos sus niveles, no anuncia buenas noticias para nadie.

2.- Sapal: promesa de inversiones futuras ante pecados presentes y pasados

Al viejo estilo de los políticos socarrones del siglo XX, los pretenciosos técnicos que dirigen el Sistema de Agua Potable y Alcatarillado de León anuncian que invertirán mil 500 millones de pesos los próximos 18 meses para mejorar los mecanismos de tratamiento de las descargas domésticas e industriales de la ciudad.

Sin embargo, nada dicen de porque la también cuantiosa inversión de la planta tratadora que está a punto de cumplir 20 años de funcionamiento y cuyo contrato de pago por servicios está por vencerse, ha funcionado tan mal a grado que no se distinguen las aguas tratadas de las que no lo son y todas juntas van a dar al río Turbio para incorporarse a la cuenca del Lerma y a la laguna de Chapala.

A lo largo de esas dos décadas, SAPAL y su consejo directivo, donde tienen una destacada presencia los integrantes de la cadena productiva del cuero – calzado, fue incapaz de meter en cintura a la industria curtidora a fin de llegal ideal de cero descargas contaminantes al drenaje de la ciudad o a los ríos y arroyos que la cruzan.

Una década depués de que entrara en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, durante el gobierno de la priista Bárbara Botello, hubo confrontaciones entre los empresarios del curtido y el SAPAL bajo la dirección de Enrique Torres, por el cierre de descargas a plantas ubicadas en pleno centro de la ciudad. Es decir, en 10 años, no se había cumplido con el compromiso de reubicación y de cero descargas a la red citadina de drenaje.

Sin embargo, a la fecha, la planta de tratamiento sigue recibiendo agua que contiene sustancias que nada tienen que ver con el uso doméstico y que impacta los procesos y deteriora los mecanismos de tratamiento. No solo eso, desde diversos parques de industrias del curtido, se descarga agua residual a arroyos que no llegan a la planta de tratamiento y cuya carga impacta directamente al río de los Gómez a su salida de León, cuando se convierte en afluente del Turbio.

Así, 20 años después de que se comprometió recurso futuro con la promesa de un tratamiento intensivo del agua de León y una política de reciclaje, los resultados dejan mucho que desear y la solución es una nueva pormesa de inversión, esta vez con recursos directos de la tesorería del organismo operador de agua.

El problema principal para el adecuado tratamiento del agua de León, persiste intacto, sin embargo: se llama conflicto de interés y surge directametne del hecho de que el consejo directivo de SAPAL cuenta con un núcleo determinante de la misma industria a la que debería regular y obligar a cumplir con ordenamientos ambientales.

Así inviertan mil 500 millones o más, las cosas no cambiarán mientras no exista supervisión ciudadana o de entidades externas al consejo directivo de SAPAL, en manos de empresarios que se hacen favores entre sí y que están plenamente decididos a no invertir en una mejor gestión del agua y sí, en cambio, a continuar depredando el acuífero local y todos los que se dejen en el entorno, incluso en otras entidades.

Funcionarios de tránsito como el actual presidente del Consejo, Jorge Ramírez, o el director Enrique Haro, no tienen mayos peso específico. Están ahí para obedecer directrices de la principal rama industrial de la ciudad, reacia a modernizarse y a reinvertir sus utildiades en procesos más limpios. ¿Cuánto tiempo más aguantará esta política depredadora y suicida?

A juzgar por los cambios en la mentalidad de muchos sectores de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, no tiene mucho porvenir seguir defendiento una industria que se niega sistemáticamente a ponerse al día.

Una buena manera de mostrar que se quiere cambiar y de garantizar que esa monstruosa cantidad de dinero producirá algún resultado, sería tener la decencia de reconocer lo que se ha hecho mal hasta ahora. Quizá no lo veremos, la decencia no parece ser un valor al alza entre nuestra clase empresarial.

3.- El manejo de la pandemia es errático en Guanajuato

En el semáforo rojo la población y el gobierno se venían comportando como si fuera amarillo, es de esperarse que en el naranja se llegue casi a una normalidad como si fuese verde.

Para soportar en algo la medida, inexplicable por lo demás, sospechosamente se perdió el registro de casos confirmados, recuperaciones y muertes por 24 horas, el pasado lunes 3 de agosto, atribuyéndolo a una actualización del sistema de vigilancia epidemiológica federal, del cual en ninguna otra parte se habló.

Al regreso de los conteos diarios, las cifras bajaron considerablemente y el registro de casos activos tuvo un desplome de casi cinco mil casos. Una primera explicación fue que se cambió un parámetro para disminuir el periodo en que se considera que una persona puede contagiar. Sin embargo, en su rueda de prensa semanal, el secretario Daniel Díaz Martínez hizo pasar el cambio de criterio metodológico por «recuperaciones reales», como si se hubiera encontrado una cura milagrosa.

Desde otras esferas del gobierno, con mayor sentido común, se reconoce que la presión es ante todo económica y proviene de diversos sectores de la sociedad, más allá de los agrupados en órganismos de representación, que están al borde del colapso por la falta de actividad.

Sin embargo, permitir reaperturas parciales mientras se está conciente de que la pandemia sigue activa y se corre el riesgo de contagio, no parece el mejor escenario para que los negocios que reabran puedan mantenerse a flote.

Parece que la decisión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien ni siquiera tuvo el valor de comunicarla sino que descansó la responsabilidad en los secretarios de Salud y de Economía, es por demás confuso: es reactivación económica a medias y prevención sanitaria a medias.

Al final lo que queda claro es que el gobierno elude su responsabilidad de conducir racionalmente a la sociedad y deja todo al libre albedrío y al comportamiento individual: que se enfermen los que se vayan a enfermar y que quiebren los que vayan a quebrar.

No es para eso que se le pagan al gobernador más de 200 mil pesos mensuales. Por cierto, cada vez está más desaparecido, con videos esporádicos donde anuncia medidas deshilvanadas y dejando el gobierno a sus subordinados. Por cierto, en las mismas anda su secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, quien lejos de ser el mentor que se quería para Sinhue, ha decidido instalarse en una jubilación anticipada, con un una pensión de lujo.

Acéfalo, sin conducción, el gobierno de Guanajuato avanza a tumbos en el periodo más complejo de los tiempos recientes.