Las elecciones del 2018 fueron dominadas por un solo tema: la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto que vino a coronar el mal recuerdo que de por sí tenían los mexicanos del PRI del siglo XX y al que solo una enorme distracción, impulsada por los grandes medios de comunicación, le permitió regresar al poder.

El debate sigue vive y se está evidenciando en la negociación de la Fiscalía General de la República con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, símbolo del saqueo peñista, donde se cuestionan los privilegios que ha recibido a cambio de sus delaciones.

Incluso, el posible uso político de la información que proporcione Lozoya, está produciendo un terremoto. Perdonar a un corrupto a cambio de parque mediático para combatir a los críticos del régimen, no parece la forma más aceptable y eficiente de combatir la gran lacra del país que le dio a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de llegar al poder.

La corrupción seguirá siendo un gran tema si el gobierno morenista desatiende el mandato que recibió y trata de usar la coyuntura para verse favorecido en términos electorales.

Pero ahora, además, el tema bajará a otros niveles del debate público, en los estados y en los municipios.

Los ciudadanos que padecen las consecuencias del deterioro de una clase política patrimonialista, ambiciosa, ineficiente y cínica, ya tienen claro que los malos políticos operan en forma directa en contra de su tranquilidad, su paz y su economía.

López Obrador y su movimiento, del que forma parte Alejandro Gertz Manero, pueden equivocarse en su manejo de la política anticorrupción, pero sin duda el haber abierto el tema tendrá consecuencias. Si ellos no lo hacen bien, deberán dejarle lugar a quien se comprometa a castigar a los responsables de los latrocinios más recientes, incluyendo a quienes no actuaron a la altura de esa responsabilidad.

Hoy está en el banquillo de los acusados la «verdad histórica» de Enrique Peña y Jesús Murillo. Quién dice que mañana no pueda estar el «criterio de oportunidad» otorgado a Lozoya.

Pero no será lo único. En Guanajuato hay claras señales de la corrupción panista, concretamente del pasado gobierno encabezado por Miguel Márquez, donde incluso la Auditoría Superior del Estado, tan domesticada ella, ha identificado conductas probablemente delictivas, mientras que no se ha iniciado un solo proceso.

Están los casos del ex vocero del estado, Enrique Avilés; del ex director de Cultura, Juan Alcocer; del ex secretario de Turismo, Fernando Olivera; del exalcalde de Salamanca, Antonio Arredondo. Ninguno de esos asuntos ha llegado al terreno penal, principalmente por la falta de voluntad política y por la protección desde el Sistema Estatal Anticorrupción, tan ineficiente como rimbombante; y desde el Congreso de mayoría panista, tan cómplice como lo era el poder legislativo de los tiempos priistas.

Pero no son los únicos temas. Ahí está los casos fuertes de la administración Márquez: Escudo, Toyota, medicamentos, tabletas, mochilas, uniformes y obra pública, a los que el aparato legislativo y fiscalizador panista han extendido un manto de protección y complicidad que incluso involucra la sucesión gubernamental de 2018 que benefició a Diego Sinhue Rodríguez.

Si alguien no quiere creer que esos temas estarán presentes en el debate de los próximos meses y años, cuando se entre a discutir el desastre en que se ha convertido la continuidad de una sola fuerza política en Guanajuato, no está viendo muy lejos.

La amplia temática de la corrupción seguirá presente, no solo por sí misma, lo que ya es importante, sino además por la crisis que ha inyectado en la vida pública la irresponsabilidad de una clase política rapaz e ineficiente que lastra el bienestar de los ciudadanos, sin distinguir colores.