La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Cualquier abogado penalista lo reconoce en privado, aunque ninguno se arriesga a sufrir un veto de los funcionarios de Zamarripa: la fiscalía no es neutral en la investigación de delitos, las averiguaciones no caminan sin influencias o sin dinero; la fiscalía es hoy un monstruo burocrático con infraestructura ostentosa, pero no es más eficiente que la vieja procuraduría.
Sin embargo, Diego Sinhue decidió creerse todas las complacientes leyendas tejidas por Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca y Juana de la Cruz Martínez, la operadora política de este tándem, para ratificarlo como procurador y permitir su ratificación como fiscal mediante el pase automático que Miguel Márquez nunca derogó como era la exigencia de su propio partido a nivel nacional.
¿Porqué un gobernador de menos de 40 años que goza de la posición que innumerables políticos de su partido y de otros partidos nunca ostentarán, decide no ejercer el poder que le ha otorgado el pueblo de Guanajuato para generar una propuesta propia, con sus propios riesgos, peor también con su impronta personal?
Sencillamente, puede ser que porque no se lo permiten, lo cual nos lleva a otro terreno.
Tras 30 años en el ejercicio del poder, Acción Nacional muestra el agotamiento de un proyecto político exitoso que logró ciertamente transformar a Guanajuato, pero que no se hizo cargo de las consecuencias del crecimiento.
El sistema métrico sexenal, concepto acuñado por Daniel Cosío Villegas para conceptualizar al PRI, tenía una regla no escrita de renovación generacional, mediante la figura del tapado. Antidemocrático en sí mismo, porque dejaba la elección de un gobernante a una sola persona, el sistema construía equilibrios cuando el nuevo presidente se despojaba de las herencias de su antecesor y no pocas veces los sometía a persecución. Ese esquema de renovación les dio una gran longevidad: casi 70 años de continuismo salpicado de rupturas sin trauma.
El panismo gobernante en Guanajuato, durante dos décadas, logró un avance democrático sustancial, que incluyó la generación de una base política autónoma que logró imponerse a dos intentos de dedazos presidenciales: el de Vicente Fox con Javier Usabiaga y el de Felipe Calderón con José Ángel Córdova.
Sin embargo, lo que nunca se previó ocurrió en 2018. El dedazo imposible de parte de presidentes de la república en la era panista fue construido por un gobernador prácticamente sin oposición, con la base del PAN ya corrompida y controlada mediante las nóminas del estado y los municipios.
Fue el primer dedazo «priista» dado por un gobernador panista en Guanajuato. Recordemos que Oliva no pudo heredar a Gerardo Mosqueda como hubiera sido su anhelo y que Márquez surgió como candidato de una rebelión encabezada por Fernando Torres Graciano y la propia Juana de la Cruz Martínez contra el proyecto de Mosqueda quien a la postre incluso debió dejar la Secretaría de Gobierno.
Antes ni siquiera se pensaba en ello: Juan Carlos Romero impulso románticamente a Luis Ernesto Ayala apara frenar a Oliva y terciar frente a Usabiaga, en realidad pareció más una ayuda a quien había sido su secretario de gobierno y jefe de campaña. Fox impulsó desesperadamente a Romero para frenar a Eliseo Martínez y lo logró de la mano del Yunque frente a la conspiración de Ramón Martín Huerta que no prosperó.
Ese PAN, de los noventas y del dos mil, mostraba entereza democrática, vida interna y una sana disputa de corrientes que desapareció en la última década, de la mano de Miguel Márquez. Solo un gobierno que hizo de la corrupción su sello a través de las compras y el tráfico de influencias, podía lograr esa hazaña.
La designación de un político emergente y de perfil bajo era necesaria para evitar cualquier riesgo de ajuste de cuentas.
Diego Sinhue ejerce un encargo que cada vez se vuelve más complicado y lastra cualquier posibilidad de que su gestión adquiera destino propio. Podría sacudirse esa herencia si tuviera ya no digamos voluntad y talento político, sino una mínima ambición y deseo de trascendencia.
No parece así. Su defensa a ultranza de Carlos Zamarripa, su ceguera para ver las fallas del fiscal y la forma en que compromete su propia suerte, revelan al político que no toma decisiones sino que obedece instrucciones.
Es lamentable que un partido de tradición democrática como el PAN haya llegado a este nivel. Sin embargo, su suerte no debe arrastrar a Guanajuato. Este territorio es más grande que la cíclica decadencia de sus políticos, como ya se ha visto en el pasado.