A estas alturas resulta muy claro que las cifras que se comparten a diario al nivel municipal, estatal y federal sobre la extensión de los contagios de SARS-CoV-2 y la evolución de los enfermos de COVID-19, están siendo tratadas con criterios políticos.

La polémica sobre el manejo de los escenarios por parte del epidemiólogo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud, ha crecido y sus respuestas han aumentado la sombra de sospecha sobre la veracidad de la información que difunde cotidianamente en Palacio Nacional.

El modelo de vigilancia Centinela, que detecta un número limitado de casos y extrapola el universo de enfermos con factores estadísticos, parecía funcional para padecimientos conocidos a lo largo de muchos años, como la influenza H1N1, con la que tenemos más de una década conviviendo; o el dengue convertido ya en un brote estacional.

Sin embargo, en ningún escenario, modelos previos podían haber previsto una pandemia con las características de la actual, producida por un virus nuevo para la especie humana, con altísima capacidad de contagio y con efectos sobre el organismo que no terminan de conocerse.

En muchos otros países, con modelos epidemiológicos quizá no mejores porque la ciencia médica se encuentra altamente estandarizada en el mundo, pero si con mayores recursos financieros, humanos y técnicos, la pandemia produjo estragos.

Pensar que México posee una solución que superará a las de naciones con políticas más consistentes y continuas, resulta una ilusión nacionalista, quizá peor, un engaño demagógico, que puede costarnos muy caro en vidas humanas y en daño económico.

El sesgo que parece estar aplicando el epidemiólogo de cabecera del presidente López Obrador, explicable en las anacrónicas «razones de estado» de los regímenes autoritarios priistas, resulta altamente disfuncional en las circunstancias actuales de sociedades abiertas y conocimiento científico al alcance cualquiera que tenga la disciplina de informarse con mente abierta.

Lamentablemente, no es lo único que podría estar alterando la fotografía de la pandemia en tiempo real. Existen otros subregistros, lo que complica más el problema al que nos enfrentamos.

A los malabares estadísticos de la ciencia de la 4T, se suma una cauda de manejos discrecionales de la burocracia de la salud pública, en cada uno de los estados del país. Guanajuato no es la excepción.

El modelo Centinela, ya de por sí deficiente para atender los requerimientos de información de un pandemia global, está cargando con pequeñas mentiras, municipio por municipio en el país, agregadas por directores de centros de salud que no registran casos por el simple expediente de no aplicar la prueba; por titulares de laboratorios estatales que quieren «ayudar» a sus secretarios de salud a salir bien librados; por secretarios de salud que buscan dar lustre a sus gobernadores con cifras manejables.

Así, si Centinela arroja datos que deben ser multiplicados por 9 o por 30 (ese es el impreciso rango que ha manejado el subsecretario López-Gatell), habría que agregarle que el sistema de monitoreo oficial está recibiendo menos casos de los debidos, en un factor imposible de cuantificar.

Basta platicar con alguno de los muchos médicos y enfermeras de genuina vocación en Guanajuato, imagino que igual ocurre en otras entidades, para tener elementos firmes que permiten deducir un subregistro brutal de la extensión de la COVID-19, y no solo de casos asintomáticos, sino incluso de personas fallecidas a las que, sencillamente, no se les practicaron exámenes previos o post mortem.

¿Dónde nos deja esta escenario?

Fundamentalmente, tenemos que la toma de decisiones sobre el final del confinamiento y el regreso a la actividad productiva estará basada en datos incorrectos, sesgados o abiertamente falsos, lo que nos sitúa en la ruta de un descontrol de la pandemia y una prolongación de la crisis sanitaria, social y económica.

Por si fuera poco, tenemos encima la presión de las grandes factorías automotrices que surten al mercado norteamericano, ansiosas porque las fábricas en México, muchas de ellas en Guanajuato, reinicien operaciones.

Las matemáticas sesgadas de la pandemia operarán para justificar esa exigencia, probablemente atada a condicionamientos dictados por el nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica y también por el reclamo de las cúpulas empresariales mexicanas.

Al final del día, el escenario hace posible que se impongan razonamientos tan discutibles  como el del zar televisivo, Ricardo Salinas Pliego, consejero del presidente López Obrador y uno de los mayores beneficiarios del gasto publicitario de gobiernos como el de Guanajuato: «que se mueran los que se tengan que morir pero que no se detengan las ganancias».