Desde el año 2015, el gobierno de Guanajuato regala a los estudiantes de educación media superior y superior tabletas electrónicas. A lo largo de 5 años se han repartido alrededor de medio millón de estos aparatos dentro de un programa de «inclusión digital».
Cada entrega de tabletas, que osciló entre 80 mil y 125 mil dependiendo del año, tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, sumando aproximadamente 60 millones de dólares a la fecha, unos mil doscientos millones de pesos en un tipo de cambio promedio, antes de las recientes devaluaciones.
Todos los contratos han ido a una sola empresa. DITECMA, un importador que manda hacer las tabletas a proveedores chinos, por lo demás barato. Se desconoce cuanto es el costo real del aparato y cuánto es el beneficio del importador, un negocio que ni siquiera poseía instalaciones propias y que operaba en una oficina rentada cuando recibió su primer gran contrato.
Si pensamos con moderación, una utilidad de 20 por ciento no suena descabellado. En estos años, la empresa constituida en 2009 por el leonés Jorge Alfredo Slim Ramírez y el poblano Luis Jorge Mata Sevilla, habría tenido con un solo cliente utilidades por 12 millones de dólares. La empresa manejada íntegramente por una administradora única, la oaxaqueña Sonia Ávila Pérez, únicamente con una oficina de dos escritorios, tenía costos mínimos, por lo que sus utilidades entraron casi limpias.
Todas las instancias de control del gasto público de Guanajuato, llámense Secretaria de Transparencia, Auditoria Superior del Estado o Fiscalía Anticorrupción, validaron la compra monopólica de las tabletas a un intermediario sin mayores antecedentes. la compra la encabezo el secretario de Educación del sexenio anterior, que hoy sobrevive en el nuevo sexenio como Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Eusebio Vega Pérez, por lo que no habrá ningún interés en profundizar en el tema.
Sin embargo, la pandemia de Coronavirus y sus secuelas de parálisis de actividades en la entidad, entre ellas las educativas, está evidenciando que el programa de «inclusión tecnológica» impulsado por Miguel Márquez y Eusebio Vega como una estrategia meramente clientelar, no ha funcionado y que Guanajuato sigue teniendo obstáculos para afrontar el reto de la educación remota a través de Internet.
Fue simpático observar esta semana como el propio secretario de «innovación» sufría las de Caín para poderse conectar a una rueda de prensa virtual y hacer llegar su mensaje a la población de Guanajuato.
Ya no es noticia saber que muchas de las tabletas regaladas, después de haber sido compradas nada baratas (3 mil 300 pesos con un software libre precargado), terminaron siendo rematadas en páginas de Facebook y en Mercado Libre, incluso hasta la fecha, debido sobre todo a que se trató de una dádiva sin asideros con algún programa educativo asociado.
Debe recordarse, no está de más, que el sexenio de Miguel Márquez también fue el del inefable e influyente compadre del mandatario, Rafael barba Vargas, quien salió de ser un empresario de poca monta a convertirse en potentado inmobiliario, gracias a la intermediación en compras de todo tipo.
El Guanajuato que hoy quiere venderse a sí mismo como «grandeza» está construido sobre prácticas opacas y políticas públicas costosas e ineficientes, que solo fueron posibles por los excedentes de recursos de que gozaron los gobiernos estatales pasados, en la época de vacas gordas que no sirvió para potenciar instituciones, sino para dar manga ancha a los peores vicios de la política mexicana que ya no son patrimonio de partido alguno, sino compartidos por todos.