En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocado por la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.

El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una «peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León».

El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.

La peligrosa banda, de acuerdo a la narrativa del comunicado, se dedicaba a cometer homicidios, vender droga y realizar secuestros, por largo tiempo. El boletín subrayó:

«La referida célula, venía operando en León, conforme a registros, desde el año de 2014, adoptando un modo de actuar en la que aparentaban sus integrantes un buen nivel socio-económico. Habitaban en zonas residenciales, utilizaban vehículos y vestuario de alta gama.»

Aunque las dos primeras no rubricaron el comunicado, se especificó que la captura fue fruto de «un intenso y efectivo operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la SEDENA y la Guardia nacional».

En total, resultaron apresadas 12 personas, entre ellas dos mujeres y un menor. Se decomisaron armas cortas y largas, una gran cantidad de parque y tres vehículos de lujo.

En sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad, encabezada por Alvar Cabeza de Vaca, emitió un solo tuit sobre la captura, el cual fue compartido por la Fiscalía General, de Carlos Zamarripa. Bastante sobrio el festejo por parte de estas instancias, si se considera su habitual protagonismo.

Sin embargo, a la vuelta de 4 días, el logro presumido por la dependencia de Luis Ernesto Ayala quedó en un grave entredicho cuando un juez de oralidad penal federal ordenó la liberación de los doce detenidos por fallas en el debido proceso, al carecerse de una orden de cateo. No solo eso, sino que además el juez ordenó que se investiguen denuncias de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, según declaró un abogado de la defensa al diario El Heraldo de León.

La misma nota detalla que la Fiscalía General del estado, tan ausente en esta operación, no presentó imputación alguna, sino que simplemente turnó el caso a la Fiscalía General de la República, por la posesión de armas de fuego, echando abajo con ello lo del «intenso y efectivo» operativo conjunto que el lunes festinaba la Secretaría de Gobierno.

Particularmente grave es que la liberación, ocurrida a las 11 de la noche del mismo viernes ahí mismo en el juzgado federal, se justifique por fallas en la orden de cateo. ¿Error de principiantes en una fiscalía cuyo titular cumple una década en el cargo?

No es la primera vez que les ocurre en estos días. ya pasó lo mismo con la mujer identificada como pareja sentimental de José Antonio Yépez, El Marro, liberada por las mismas causas después de que se festinó su captura por todo lo alto.

¿Habrá algún diputado que se plantee interrogar sobre estos temas a Carlos Zamarripa en su próxima comparecencia ante el Congreso?

En medio de esta grave comedia de equivocaciones, cuyo desenlace ya no fue informado de manera oficial por ninguna instancia, se encuentra el hecho de que la violencia en León está alcanzando cotas nunca vistas antes; que la crisis de seguridad de la zona sur del estado viene ascendiendo con fuerza hacia la mayor urbe del estado y que no parece haber blindaje que permita pensar que la crisis que viven hoy Celaya, Salamanca o Irapuato no pueda alcanzar a la joya de la corona.

Ya lo había dicho hace unos días la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, la académica Rocío Naveja, tan duramente criticada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez por atreverse a solicitar informes semanales sobre los indicadores de seguridad: «no vemos rumbo, no vemos autocrítica ni voluntad política».

La nueva masacre en un bar de Salamanca, como ocurrió el año pasado, sigue mostrando que las «patadas de ahogado» del cartel local las están pagando ciudadanos inocentes y que la autoridad no tiene manera de protegerlos, pese a su insistencia de que no pasa nada y la continuidad de eventos de corte turístico, como el Campeonato Mundial de Rally al que solo el Coronavirus pudo interrumpir.

La semana que pasó no solo escapó El Marro de un encuentro aparentemente fortuito con agentes de la Fiscalía del Estado, también una peligrosa banda delictiva de León se burló del gobierno que afirma una y otra vez que «no se arrodillará ante la delincuencia», pero que no parece tener manera de convertir sus palabras en acciones.