Cuando en todo el mundo arrecia la preocupación y las exigencias de acciones concretas para detener el deterioro ambiental y sus consecuencias, como el cambio climático, los desastres naturales asociados y el incremento de las presiones migratorias, en Guanajuato parece que seguimos anclados en la irresponsabilidad del pasado.
No puede entenderse que el gobierno encabezado por Diego Sinhue Rodríguez se plantee revoluciones imaginarias, imitación de sociedades distintas y distantes, y la búsqueda de un primermundismo discursivo, cuando la realidad nos devuelve una y otra vez a la precaria situación que vivimos, teñida de desigualdad, de carencia de estado de derecho y de impunidad.
Hoy me limitaré a abordar el tema ambiental, aunque no puedo dejar de mencionar la inquietante realidad que se vive en buena parte de los municipios del centro y sur del estado, donde la actuación rampante de grupos del crimen organizado ha creado de facto un toque de queda producto del terror y de la ausencia de gobierno. Ya hablaremos de eso.
Pero muy poco puede hacerse para combatir la inseguridad cuando el estado renuncia a facultades tan elementales como las de normar el desarrollo equilibrado y sustentable y permitir triquiñuelas para que personajes influyentes lucren con una de las escasas reservas forestales de una entidad que si algo le hace falta son árboles.
La maniobra del diputado federal panista Sergio Ascencio Barba para eludir la normatividad federal y recargar su proyecto en el patrocinio de un municipio de su misma extracción política resulta además de abusiva, tremendamente cínica.
Una actitud así solo es posible cuando se ha llegado a extremos siniestros de patrimonialismo, la conducta que asume que los bienes públicos son para beneficio privado, y quizá una de las lacras que mayor motivación inspiró para el surgimiento del PAN como partido opositor a mediados del Siglo XX.
Ascencio ha mentido sistemáticamente al asegurar que tiene «todo arreglado». Lo cierto es que no tiene una autorización federal para cambiar el uso de suelo forestal a comercial o habitacional. Lo cierto es que evitó ese tramite y ha tratado de simularlo con otra clase de permisos de muy distinta índole.
Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el municipio panista encabezado por Alejandro Navarro le haya autorizado, entre el 14 de junio y el 22 de agosto de 2019, la traza del condominio horizontal, el uso de suelo «residencial campestre» y la manifestación de impacto ambiental.
No obstante que se le aclaraba que esos permisos no autorizaban la promoción y venta de lotes, en Irapuato los asociados del legislador imprimieron folletos y empezaron la tarea de difusión del fraccionamiento entre agentes de bienes raíces. Hasta ahora, el municipio no ha reaccionado.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo creó, por primera vez en la historia de Guanajuato, una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que en todo este sainete no ha dicho esta boca es mía. El estado cuenta, desde el gobierno de Miguel Márquez, con una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Tampoco se conoce su postura y las solicitudes de entrevista para los titulares no han sido atendidas.
En el municipio de Guanajuato, donde hay funcionarios conscientes de que han cometido una seria violación a la ley, se habla en voz baja de que el diputado tiene amigos poderosos que le han apoyado para que sus trámites caminen.
¿Se trata de Diego Sinhue, de Juan Carlos Romero Hicks? Tarde o temprano surgirá la información.
Lo más grave, sin embargo, más allá de la violación de la ley, es la mezquina actuación del Sistema Estatal de Agua Potable de Guanajuato, el bastión que Navarro concedió al impresentable político priista Francisco Arroyo Vieyra como pago a su ayuda en la elección del 2018, desde donde se apadrinó a Ascencio para esquilmarle a los sufridos habitantes de las comunidades serranas la nada despreciable cantidad de 2 millones de litros de agua mensuales, garantizados en un convenio firmado por el comité de agua potable, donde aparece como testigo José Lara Lona, el director de Simapag.
Comunidades que en el estiaje tienen apenas agua para las necesidades básicas y que nunca la tienen de sobra ni en la época de lluvias, ahora verán como un empresario usa su líquido como negocio y lo hace además sin costo, así lo precisa el convenio, en una perversa lógica donde los más pobres subsidian a un poderoso y rico empresario que además tiene la política como hobby bien pagado, pues devenga un millonario sueldo en San Lázaro.
Así, en Guanajuato capital, la vieja complicidad de panistas y priistas se ha afinado para realizar negocios a costillas de los desposeídos y en detrimento del medio ambiente. No parece que eso constituya una práctica respetuosa del recuperado estado de derecho, como presume Diego Sinhue en la otra Santa Rosa de Lima. Tampoco parece una conducta coherente con la idea de parecerse a Singapur ni de llevar a Guanajuato a una etapa superior de industria y educación.
Habría que empezar por el principio: impedir el abuso de poder, respetar la ley, frenar las ambiciones desatadas y proteger a los más débiles, esos a los que la regidora Margarita Rionda quiere comprarles sus derechos de agua con despensas, como lo hacía el PRI más dinosáurico.
Bueno, eso si de verdad se quiere hacer lo que se dice, si las palabras significan algo para quienes nos gobiernan.
Toca al gobierno federal intervenir para hacer respetar la ley, aunque hasta ahora también viene de allí un pesado silencio. Las delegaciones de Semarnat y Profepa permanecen en manos de encargados de despacho un año después del cambio de gobierno, mientras el superdelegado Mauricio Hernández está de lleno en el activismo corporativo.
Frente al abandono de los tres niveles de gobierno, parece ser que le tocará a la gente salir a dar la cara por el bosque, como ya ha pasado en el caso de la inseguridad y el acoso en las aulas universitarias. Parece que no queda de otra y quizá sea lo mejor.