Hace unas semanas el nuevo coordinador de comunicación social de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reunió a un grupo de representantes de medios de comunicación, donde había tanto reporteros como encargados de salas de redacción, a fin de presentarse.

En la conversación surgió el tema de la divulgación de noticias falsas a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería digital.

De acuerdo a una reconstrucción de esa charla, tomada de por lo menos tres fuentes distintas, Alan Sahir Márquez Becerra, un comunicólogo cuya principal área de experiencia es la difusión corporativa y no la comunicación política, habría escuchado quejas de los medios por la falta de información confiable y oportuna cuando ocurren eventos en el área de seguridad, que en las últimas semanas es casi a diario.

En esas ocasiones, la falta de confirmaciones oficiales ha hecho que cada medio salga con versiones distintas, cifras divergentes, narraciones que no coinciden y, a menudo, con fuentes anónimas de las propias redes sociales, lo que incrementa la confusión, la desinformación y por supuesto, la preocupación de la ciudadanía.

Sin embargo, resulta aún peor que sean los grupos criminales quienes se apropien de la narrativa y divulguen sus videos de promoción, a menudo crueles, trivializadores de la violencia y faltos de todo respeto a la dignidad de las personas, hasta llegar a los espacios de los principales noticieros de la televisión nacional, en ausencia absoluta de una postura oficial.

El gobernador Sinhue decidió no hablar de seguridad en forma personal, aunque ha habido ocasiones en que no puede eludir las preguntas sobre el tema. Su solución al respecto fue inventar una oficina anteriormente inexistente, con el nombre rimbombante de Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado y asignar a su titular una vocería especializada en el tema de la seguridad.

Vistas las quejas de los reporteros reunidos con Alan Márquez, las cosas no están funcionando, pues el reclamo, precisamente, es que no hay posturas oficiales sobre los hechos, por lo menos no de forma oportuna. Por otra parte, la Unidad que dirige la comunicadora Sophia Huett no ha aportado ni análisis ni estrategia para el creciente deterioro de la seguridad ciudadana en Guanajuato.

Resulta pues, que la medida ha sido una simulación y que el estado carece de una estrategia no solo para enfrentar la ola de inseguridad, sino incluso para orientar mensajes a los ciudadanos a fin de ir construyendo un frente común contra la delincuencia que ha elegido a Guanajuato como campo de batalla, al parecer sin oposición gubernamental.

Esta semana que pasó, en la que fueron asesinados doce policías, escuchamos tres conclusiones diferentes sobre el tema: Diego Sinhue aseguró que la muerte de policías obedece a que se está combatiendo a la inseguridad de forma frontal; Sophia Huett, en una sintonía parecida, comunicó que los policías eran víctimas de la delincuencia porque “no se repliegan”; sin embargo, el Fiscal Carlos Zamarripa, aseguró que había policías asesinados que “tenían relación con el crimen organizado”.

Y mientras en el gobierno no se ponen de acuerdo para dar un mensaje unificado, la delincuencia ocupa tiempos estelares con videos perfectamente premeditados para informar sobre su capacidad de fuego, su organización y su sangre fría.

Mientras eso pasa en el estado, en la reunión de los periodistas con el vocero del gobernador, el que se ocupa de los demás temas que no son la seguridad, el funcionario tuvo el tino de compartir que se está ideando un plan para ofrecer capacitación a los periodistas que lo deseen, mediante patrocinios del estado a través de becas Educafin.

Nadie dice que a los periodistas no nos haga falta seguirnos preparando, sin embargo, se podría prestar a muchos equívocos que esa prestación profesional ocurriera por cuenta del gobierno.

Ya hay algunas estrategias gubernamentales que están vulnerando la independencia de muchos medios de comunicación, como lo es la creciente compra de difusión en las redes sociales, donde el periodista termina siendo un divulgador del mensaje gubernamental sin aclararle a su audiencia cuando está opinando con su criterio y cuando lo hace como publicista gubernamental. Inventar una especie de chayobecas para periodistas podría aumentar las ataduras entre medios y gobierno, con la consecuente derrota del derecho a la información de la sociedad.

En todo caso, sería mejor que temas como estos formaran parte de políticas públicas discutidas de forma abierta y no en reuniones cerradas entre los periodistas y los comunicadores oficiales, algo que huele a PRI del siglo pasado.

Además, vistos los comportamientos en materia de comunicación del fenómeno delictivo que asola a Guanajuato, pareciera que la capacitación tendría que empezar por los funcionarios públicos. No desechen la idea.