*La semana negra de Diego Sinhue

*Zamarripa, empoderado, usa la Fiscalía para contragolpear

*Elvira Paniagua se convierte en un pesado lastre para el PAN

1.- En Guanajuato, todo se derrumba

Con más mañana que fuerza, el coordinador de los Senadores de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, puso al gobernador de Guanajuato justo donde lo quería: en la antesala de su oficina, listo para hacer componendas políticas que eliminaran lo que no era más que una absurda finta: la desaparición de Poderes en la entidad.

Resulta a todas luces incongruente que luego de calificar de absurda e insostenible la propuesta del grupo senatorial de Morena, de organizar una costosa campaña en redes de apoyo a su liderazgo, de recibir respaldos de líderes sociales y de movilizar a algunos centenares de panistas en León, Diego Sinhue finalmente haya ido a “negociar” con Monreal la salida de un atolladero totalmente mediático y ficticio.

Conducido por la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, el mandatario guanajuatense fue hasta los dominios del veterano político zacatecano quien no oculta su intención de construir un proyecto presidencial con o sin Morena.

Esta vez Monreal le hizo a Diego un “servicio”, resolviendo un conflicto que él mismo había creado al subir el tono del debate con el PAN mediante la propuesta de desaparición de Poderes en Guanajuato y Tamaulipas en respuesta a la que originalmente solicitaron los blanquiazules en Veracruz.

La próxima vez que Monreal requiera posicionar algo en Guanajuato, el gobernador deberá corresponderle, al haber quedado en deuda. Muy felices deben estar personajes como Ricardo García Oceguera o Miguel Ángel Chico, que ven como se genera una cabeza de playa en su estado que ya no dependerá del humor de la familia Prieto.

Sin embargo, mientras Diego salvaba una crisis de papel con su presencia anecdótica en el Senado, en Guanajuato los incendios se extendían en la región Laja Bajío, donde la gobernabilidad de Celaya, Apaseo el Alto y Villagrán se encuentra totalmente comprometida por la actividad criminal de células del cártel de Santa Rosa y también a merced de los hampones de barriada.

Uno de estos delincuentes, actuando con impunidad total, fue el responsable de la muerte del estudiante Gabriel Luna Ibarra, en un asalto de los que ocurren a diario en esa ciudad por decenas. Sin embargo, esta muerte se acumuló a muchos agravios previos y a amenazas de las que cualquiera puede ser víctima, generando una reacción que sobrepasó los cálculos de todos los políticos que se han resignado a permitir que la inseguridad crezca y la impunidad campee en detrimento de los ciudadanos que no tienen protección a cargo del erario ni camionetas blindadas.

Una semana de movilizaciones, donde destacó la manifestación a media semana de más de 10 mil estudiantes y ciudadanos, hay quien calcula hasta 15 mil, que colocó todos los reflectores en la ingobernabilidad que se vive en una amplia franja del estado y particularmente en Celaya.

Aunque Diego Sinhue evitó involucrarse directamente en el tema y solo después de muchas horas y quizá muchos cálculos, lanzó unos tímidos tuits donde se solidarizaba con la indignación estudiantil, el pasivo acumulado se sigue cargando a su cuenta y crece la imagen de un gobernador ausente que quiere desesperadamente entregar buenas noticias, pero no tiene el coraje de enfrentar las malas y solidarizarse con el dolor de las víctimas.

Puesto en manos de publirrelacionistas novatos, de asesores que desconocen la realidad del estado y de periodistas oportunistas que explotan su amistad con el hoy gobernador para sacar provecho personal, Sinhue ha terminado por hacer colapsar su proyección personal no por cometer errores, sino sencillamente por evadir la toma de decisiones.

Por si algo faltara, la semana se cerró el viernes (Diego Sinhue no suele trabajar los fines de semana) con el derrumbe de una loza sobre un área de convivencia en el complejo inmobiliario conocido como G100, donde el gobernador despacha la mayor parte del tiempo, desde un área ejecutiva cuyos términos de utilización permanecen opacos.

Nadie sabe, o nadie quiere decir, si el lujoso penthouse del edificio de oficinas corporativas que se ha convertido en emblema del Puerto Interior gracias a la generosidad de su director, Luis Quiroz, con el empresario Gabriel Padilla, es utilizado por el gobernador del estado y por el Secretario de Gobierno a título gratuito o si pagan algún tipo de contraprestación.

El funcionario del municipio de Tarimoro que sobrevivió al accidente pero que perderá una de sus extremidades por el percance, acompañaba a su alcalde quien precisamente tenía una cita con el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, quien también suele despachar en el corporativo.

La transparencia no es una de las virtudes del actual gobierno, como no lo era tampoco de Miguel Márquez, quien solo usó el término para bautizar a la secretaría más inútil de su gabinete lo cual no deja de ser enormemente significativo.

Sin embargo, aunque podría resultar engorroso reconocer que se paga alguna renta millonaria por el uso del espacio en el edificio de Padilla Cordero, la renta se cotiza entre 50 y 100 dólares el metro cuadrado de oficinas equipadas, dependiendo del espacio, sería mucho más delicado que no se cobrara y que fuese “un favor” que a la postre terminaría comprometiendo al gobierno.

En Guanajuato capital se tiene la clara certeza de que al gobernador Sinhue no le gusta la sede de los poderes, que no trasladará su domicilio particular, pero que tampoco despachará en Palacio de Gobierno y ni siquiera en el Centro de Convenciones como lo hicieran Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

El poder tiene sus símbolos y el hecho de que el novel gobernador de Guanajuato prefiera levitar en un moderno rascacielos vecino a León y no pisar la terrenalidad de los municipios de Guanajuato, ni siquiera del que es constitucionalmente la sede del Poder Ejecutivo, también tiene mucho que ver con la levedad que se aprecia en su actuar.

2.- Zamarripa va contra el mundo, pero no contra el Marro

Después de inusitadas presencias en medios radiofónicos de León, las cuales ha usado para tundir a algunos de sus críticos como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez, el Fiscal General del Estado se trasladó a Celaya para

acusar, así en general, a los empresarios de la zona de ser consumidores de huachicol ahora sí que, en cantidades industriales, razón por la cual la violencia se ha cebado sobre la región.

Dicho así, casi de pasada, surgen demasiadas preguntas. Sabe algo Carlos Zamarripa Aguirre que sea constitutivo de delito, ¿entonces porque no procede como la ley le obliga y abre una carpeta de investigación o da parte de los hechos en toda forma a la Fiscalía General de la República?

Porque resulta muy fácil repartir culpas por todos lados, pero nunca asumir las propias. Ahora resulta que cuando por primera vez el gobierno estatal afronta una seria insurgencia ciudadana encabezada por los jóvenes universitarios, al Fiscal se le ocurre ir a responsabilizar a la sociedad de Celaya, sin datos precisos ni consecuencias legales, de ser cómplices del crimen organizado.

Esta conducta, casi diazordacista, de Zamarripa, ahora que acaba de pasar el 2 de octubre, complementa muy bien el exabrupto del policía celayense que quería un nuevo Tlatelolco en Celaya y que debió ser despido ipso facto por el desinflado gobierno municipal so riesgo de encender más el encono de la comunidad estudiantil que ya hace cabeza de la inconformidad de vastos sectores sociales.

Moviéndose ya sin rienda política, gozando a plenitud de su autonomía, quizá Zamarripa no se de cuenta de que su falta de empatía con la vastos sectores sociales de Guanajuato abona de forma directa al descrédito del gobierno del que, quiera o no, forma parte.

Diego Sinhue y el PAN decidieron asumir el costo político de ratificar a Zamarripa y convertirlo en Fiscal General, sin embargo, quizá lo que no sabían es que se trata de un pasivo a largo plazo que se incrementará con el tiempo y los malos resultados.

El asunto ya preocupa a políticos con un mayor grado de madurez, como el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, quien ya salió a medios a reconocer el desgaste del PAN por la inseguridad y también, resignadamente, a asumir que “nada es para siempre”.

¿En serio?  ¿ni Zamarripa?

3.- Elvira Paniagua, imposible salvarla

El problema con la alcaldesa de Celaya es que nunca logró asumir el único rol que debía jugar: el de interlocutora de los poderes fácticos y la sociedad civil celayense.

De hecho, como alcaldesa, Elvira Paniagua prácticamente no toma decisiones.  Entre Roberto Hugo Arias y el esposo de la alcaldesa, Jesús Cárdenas Nieto, tratan de coordinar las diversas áreas sin lograrlo. El subejercicio de obra pública es de antología, más del 60 por ciento no se ha ejecutado a dos meses de concluir las contrataciones.

La seguridad está subrogada al dúo dinámico a través de Juan José González, cuya única función es pasarle reportes a Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa.

Pero Elvira falló en la encomienda. En Celaya ya se sabe que hablar con la alcaldesa es inútil, que los mensajes no pasarán y que ella no puede hacer nada para solucionar el menor conflicto.

Rota la función de representación y diálogo, todos los problemas de Celaya se trasladarán al gobierno estatal y, de no haber respuesta, se buscará la interlocución federal, lo que redundará en la idea de que Guanajuato está desgobernado en muchas de sus regiones.

Para Diego Sinhue y la cúpula panista -yunquista de Guanajuato no hay opción, relevar a Paniagua por alguien que trata de recuperar la función de interlocución con los celayenses de todos los niveles y que pueda gestionar soluciones con el estado, es la única manera de ver una luz al final del túnel.

De lo contrario, la de por sí debilitada credibilidad del gobernador terminará hundiéndose por los demasiados lastres. Y no solo en Celaya.