Reviso la línea de tiempo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Twitter y Facebook desde la noche de este miércoles 8 hasta la mañana del lunes 5 de agosto.

Encuentro una gran variedad de mensajes sobre empresas que se instalan en el estado, inauguran plantas o planean hacerlo; veo reuniones con jerarcas empresariales y felicitaciones a estudiantes y deportistas.

Hay una interacción con una tuitera que pide el apoyo del gobierno para Fátima, la joven estudiante herida tras ser atacada por un indigente en el malecón de la ciudad de León;  también hay un intercambio con una activista en pro de los animales que llama al auxilio de una camada de perritos a punto de ser echados en un estacionamiento de Salamanca.

Sin embargo, en el historial de mensajes, respuestas y reacciones no encuentro uno solo que haga referencia a la tragedia de Celaya, los arteros y cobardes ataque sufrido por tres mujeres en una tortillería, tras sufrir amenazas de extorsión; y otro a un hombre en una cementera.

Incluso el presidente norteamericano Donald Trump, quien constantemente hace alarde de su soberbia y su negativa a corregir sus excesos, cambió radicalmente su discurso de claros tintes racistas, después del ataque en El Paso que provocó 22 muertes, además de que programó una visita a una ciudad que no le ha sido particularmente afecta.

En Guanajuato, la tragedia humana parece pasar a segundo plano. Si bien el gobernador Sinhue se refirió el martes en general a los hechos criminales vividos por el estado el fin de semana, declaraciones que fueron la portada de dos diarios de la OEM, afirmando que “el terrorismo no sería tolerado en Guanajuato”, en su fraseo no hay una sola alusión a las víctimas.

El detalle no es menor, habla de toda una concepción sobre la violencia que el gobierno ha venido contando y contándose a sí mismo, en el sentido de que las víctimas de los ataques mortales que se presentan a diario en Guanajuato son delincuentes y no ciudadanos.

Hemos criticado la lógica de guerra que parece haber asumido la autoridad en Guanajuato, la cual por ejemplo se refleja en el hecho de que las estigmatizadas comunidades de Villagrán: Santa Rosa de Lima, Los Ángeles y San Salvador Torrecillas, hayan sido prácticamente convertidas en “aldeas estratégicas”, al mejor estilo de la ocupación norteamericana en Vietnam, donde sus habitantes son todos sospechosos de pertenecer al crimen organizado, cuando su único pecado es haber vivido allí toda su vida y haber sido rehenes de un criminal por el abandono de la pasada administración estatal.

Sin embargo, extraña por demás que esa lógica, la que impide hablar de las víctimas, se haya extendido también a las tres mujeres, Cecilia, Linda y Virginia asesinadas en la tortillería “La Indita”, de la colonia Lagos de Celaya, a las 16:39 de la tarde, del mismo día que habían ido a manifestarse en el municipio para pedir ayuda ante las extorsiones.

Ni un tuit de condolencia merecieron ellas, ni tampoco el asesinado en una cementera ese mismo día, mucho menos los dolidos y atemorizados habitantes de la ciudad más martirizada por la violencia y la inseguridad desde hace décadas. No lo hubo del gobernador, tampoco de su secretario de gobierno ni de la vocera de seguridad.

La muerte de 4 celayenses previamente amenazados por la delincuencia e invisibilizados por la autoridad, le mereció apenas dos líneas de la alcaldesa Elvira Paniagua en su comparecencia de 4 minutos para anunciar cinco medidas de seguridad que a nadie convencen y que suenan más bien a control de daños y justificación.

Las crisis ocurren, nadie está exento, ni gobiernos ni individuos. Sin embargo, la capacidad de respuesta es la que define de qué se está hecho. Lo que estamos viendo en Guanajuato ante el embate de criminales desalmados, es que los ciudadanos estamos solos e indefensos.

No se elige para eso a un gobernante.