De nueva cuenta los policías estatales de Guanajuato están involucrados en lo que parece ser una ejecución extrajudicial, ahora en Santa Rosa de Lima, donde parece que todos sus habitantes han sido catalogados como criminales por el gobierno estatal.

Como en el caso del migrante Leonardo Reyes, en San Miguel de Allende, el gobierno de Guanajuato representado de forma casi plenipotenciaria por una funcionaria menor, la coordinadora de estrategia para la seguridad ciudadana, Sophía Huett, ha salido a realizar una defensa a ultranza y a priori de las fuerzas policiales.

Un joven de 26 años, Leonardo García Aguilar, resulta muerto por lo que la versión oficial califica de “enfrentamiento tras una persecución”. Como en el caso de Leo Reyes, la funcionaria – vocera exonera a los policías antes de cualquier investigación y declara que el fallecido fue víctima del “uso legítimo de fuerza letal”.

Sin embargo, una investigación periodística del reportero Humberto Padgett, difundida en el noticiero “Por la Mañana”, conducido por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, quien estuvo en el terreno y en contacto con familiares este fin de semana, dos días después de acontecidos los hechos, maneja una inquietante posibilidad: la de un montaje para simular una muerte por enfrentamiento cuando en realidad pudo haber ocurrido un caso de tortura y ejecución.

Los elementos que exhibe el acucioso reportero de origen guanajuatense son los siguientes: el cadáver de Leonardo aparece esposado en una fotografía; su cuerpo muestra quemaduras de segundo grado con alguna sustancia inflamable en el rostro, el pecho y una pierna; el disparo que lo mata ingresa por la espalda y no tiene salida por el pecho, como sería esperable en un tiro de larga distancia con un arma larga.

La madre de Leonardo no exonera a su hijo de participar en actividades delictivas, pero asegura que no usaba armas de fuego y pidió que se le hicieran pruebas para saber si había disparado. Nunca se realizaron.

El tema de fondo al que nos estamos enfrentando es el de como actúan los policías del gobierno de Guanajuato, si respetan el marco legal o si ejercen una especie de ley de la selva. No es el primer caso y tampoco será el primero en que no se realiza ninguna investigación, ni judicial ni administrativa.

La vinculación fundamental entre el fiscal general, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ha borrado en la práctica los temas de la autonomía. Más bien podríamos estar hablando de complicidad, a la que se suma el resto del gobierno ya como encubrimiento.

En el caso de Leonardo Reyes se produjo primero la exoneración administrativa, hecha pública por la propia Sophia Huett, una funcionaria de historial más bien modesto a su paso por la Policía Federal que ha sido elevada al nivel de una vocería general de seguridad cuya principal función es evitar que los temas engorrosos sean tratados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Tras el dictado de la vocera de que la muerte del joven migrante había sido producto de un enfrentamiento y del uso “de fuerza letal” por los policías, se cerró cualquier posibilidad de revisar la situación. Ni investigación interna ni carpeta de la fiscalía: los policías involucrados en una muerte dudosa, sencillamente, tienen permiso para matar.

Y como la impunidad lo único que tiende a generar es la repetición de las conductas, hoy nos encontramos nuevamente frente a una circunstancia donde quedan exhibidas dudas patentes sobre la versión de los policías, pero la autoridad estatal ha decidido ya que el parte de los propios elementos responsables es la única verdad legal, pese a evidencias en contrario.

Cuando la vocera del gobierno de Guanajuato asevera que podría estarse lamentando la muerte de un policía en lugar de la de un civil al que se le quiere acusar de haber iniciado la agresión, lo que está situando es un escenario de guerra, de conflicto bélico y no de lucha por la pacificación mediante estrategias preventivas y reactivas de seguridad pública.

Declarar la guerra y validar las víctimas, directas o colaterales, como parte natural del conflicto, puede ser la peor de las estrategias para recuperar la tranquilidad y regresar al anhelado escenario de un estado con vocación industrial y turística en un clima de paz y seguridad.

Así, mientras Diego Sinhue Rodríguez se empeña en la tarea de promover al estado, ahora en Nueva York y antes en Alemania, sus colaboradores en materia de seguridad deciden desatar el infierno en Guanajuato y disparar antes de averiguar, además de asumir la postura propagandística del beligerante que justifica sus acciones y condena las del enemigo.

Se nota en todo este drama mucha superficialidad, mucha improvisación y ninguna reflexión de fondo, lo que constituye el escenario más preocupante, pues mientras los problemas que enfrenta Guanajuato de inseguridad y violencia son reales, la respuesta de las autoridades es solo propagandística.

Así, mientras el PIB del estado se desploma por causas multifactoriales donde no se excluye la inseguridad y las altas cuotas de violencia, la autoridad estatal que presume haber “restaurado el estado de derecho”, parece ver con complacencia que algunos de sus policías se constituyan en verdaderos escuadrones de la muerte, solución que en ningún país del mundo ha funcionado como método pacificador.

Mientras eso ocurre, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato renuncia en los hechos a su función y se pliega a las necesidades del Poder Ejecutivo, en uno de sus momentos más ignominiosos.

La recomendación en el caso Leo Reyes que el titular de la institución aseguró tener casi listo hace algunos meses, sigue sin aparecer. La versión en los pasillos del poder es que el propio gobernador intervino para frenar cualquier resolución que afectara a sus policías.

Son tiempos negros para Guanajuato.