Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.

La primera, la mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que significó la construcción del parque bicentenario de Silao.

Ya como candidata perdedora a la alcaldía de León en 2009, Botello había hecho tema la corrupción de Oliva, su medida recaudatoria de replaquear los vehículos del estado y su mala prensa, con el grito de guerra “de que se ríe señor Oliva”. Todo ello le redituaría tres años después.

La otra historia es la de Miguel Ángel Salim Alle, director del ISSEG en el último tramo de Oliva e inventor de los negocios con el lote de medicamentos comprados para el seguro popular, con aquella famosa historia del chofer dueño de una empresa de distribución farmacéutica que vendía 700 millones al año a la descentralizada.

Salim tuvo su sanción social en la derrota electoral frente a Bárbara Botello. Sin embargo, apenas fue molestado por las investigaciones sobre corrupción con la leve sanción de una inhabilitación pública por dos años, derivado del mal funcionamiento de una red de franquicias que abrió, pero no por el tema de los medicamentos ni muchos menos por haber violado la ley al colocar fondos de las pensiones de Guanajuato en bonos de riesgo en Irlanda y Francia.

El castigo ni siquiera le impidió postularse para diputado federal plurinominal en 2015, lo que le hizo compañero de Botello en San Lázaro. Hoy es un influyente presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso estatal, lidera un grupo de diputados y coloca funcionarios en áreas clave como la de comunicación social, donde está su allegado Román Rocha.

Los genes del PRI

Bárbara Botello, sin embargo, no tuvo la misma suerte. La dilapidación de un capital político que podría haberse acrecentado con una gestión eficiente y honesta en la alcaldía de León, puso en evidencia que en el ADN priista los genes de la corrupción, la prepotencia y la frivolidad, se anteponen al de las responsabilidades históricas, el servicio a los ciudadanos y la construcción de proyectos políticos de largo alcance.

Con una gestión que hubiera evitado la mitad de las polémicas, los escándalos y la corrupción, la triunfadora alcaldesa de priista de León que le había arrebato al PAN su mayor conquista, hubiera sido la candidata ideal a la gubernatura. Su diputación pudo haber sido una plataforma de lanzamiento y no el simple expediente del fuero para eludir la persecución.

En ese sentido, Bárbara solo prefiguró a nivel parroquial lo que a la postre le ocurriría a su protector, Enrique Peña Nieto, a nivel nacional: recuperar el poder no para intentar acreditar la viabilidad del PRI como alternativa gobernante, sino para aprovecharlo en beneficio propio y a la postre perderlo de la peor manera.

¿Anticorrupcion? Solo reflectores y venganzas

Sin embargo, el embate panista en contra de la política priista se ha realizado con más pena que gloria. Ni siquiera los diarios más oblicuos ante las carretadas de dinero del gobierno panista han celebrado el hecho. La pregunta que surge en todas partes es ¿y cuando un panista pagará sus atrocidades con el presupuesto?

Candidatos sobran: los Oliva, los Márquez, los Avilés, los Olivera, Los Durán Miranda, los López Santillana, además de decenas de alcaldes que se han enriquecido empobreciendo a los municipios.

¿Cuánto le costó a López Santillana haber firmado los cheques de Cereales y Pastas Finas?

¿Cuánto aclaró Márquez por los miles de millones dilapidados en Escudo, en el terreno de Toyota, en la compra de medicamentos que deja a Salim convertido en un abonero, al triplicar los 700 millones anuales para llevarlos a más de dos mil millones?

Como en la época del PRI, la corrupción es rampante, solo se castiga la rivalidad política.

De paso dejaron en claro que el superfiscal de Guanajuato tiene de autonomía lo que tiene de eficiencia: muy poca. Zamarripa se convirtió en el brazo armado de los resentimientos de Miguel Márquez; incluso por encima de los requerimientos políticos de Diego Sinhue, a quien no parece beneficiarle mucho una persecución que queda simplemente en agua de borrajas.

Un Fiscal en campaña

Además, el fiscal también anda a la búsqueda de su propia legitimidad perdida y quizá calculó que la espectacular detención de la odiada enemiga del panismo leonés, podía darle puntos. No parece que haya sido así y ya hay quienes piensan que hubo negociaciones oscuras atrás de la pronta liberación, mientras que para otros fue un exceso de poder. Es decir, no quedó bien con nadie.

Lo que si está por demás claro es que todos estos juegos políticos pueden perseguir muchos objetivos, menos el de combatir la corrupción.

¿Quién tiene miedo de traficar influencias?

Para muestra ahí está el veloz derrapón cometido por el nuevo presidente de Sapal, un flamante adalid de la lucha anticorrupción mientras vivió en las penurias de la empresa privada, pero que hoy ve el conflicto de interés y el tráfico de influencias como asuntos menores que no importan cuando se manejan los recursos públicos.

Jorge Ramírez Hernández, expresidente de Coparmex, ha dejado en claro que la moral empresarial es elástica y dista mucho de la ética. Lo que hubiera criticado siendo líder empresarial es válido ahora que maneja un órgano que asigna contratos millonarios con recurso público.

Tiene desde luego todo un arsenal de justificaciones legaloides a la mano, como Oliva, como Márquez, como Botello, como Gerardo Sánchez.

Lo que no tiene es vergüenza.

Y claro, quién va a preocuparse de la corrupción, si como ha quedado en claro recientemente, pasas más tiempo en la cárcel por conducir ebrio que por asaltar a mano armada o por robarte millón y medio de pesos. Y eso, si te agarran.