La culminación de la investigación derivada de una acusación colectiva en contra de catedráticos de la Universidad de Guanajuato por acoso sexual, de la que derivó la aplicación de sanciones a nueve de ellos y una reconvención a las autoridades del plantel donde ocurrieron los hechos, sienta un precedente muy importante en la lucha emprendida por colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Nueve de los 14 académicos señalados por conductas inapropiadas fueron encontrados responsables. Seis de ellos recibieron una suspensión de ocho días; mientras que tres más se hicieron acreedores a una amonestación.

Resolución de la Comisión de Honor y Justicia de la UG sobre la denuncia de acoso contra académicos del Campus León, un avance innegable. Foto: Verónica Espinosa

Aunque el carácter de las sanciones mereció una reprobación casi unánime, por considerarse demasiado benévolas, en realidad ese no es el fondo del asunto. La explicación de la Universidad, quizá la justificación, es que su esquema normativo en el momento que ocurrieron los hechos no permitía castigos más severos.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante es el hecho mismo de que la Universidad haya decidido subir el tema a una de sus instancias más altas, la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General, a la vez que buscó la coadyuvancia de expertos en temas de derechos humanos y perspectiva de género.

El cambio de paradigma que significó el que se haya puesto en el centro la denuncia de las víctimas y que se haya valorada antes que nada el punto de vista de quien padece la agresión, sin recargar en ellas la carga de la prueba y la obligación de poner en evidencia el dolo o el exceso, en lo que venía constituyendo la más absoluta revictimización, ha sentado un precedente muy importante.

Probablemente eso no hubiera ocurrido si la denuncia no hubiera sido hecha en una rueda de prensa convocada un día antes del informe anual del rector. Probablemente tampoco se habría llegado a las conclusiones a las que se arribó si el proceso no hubiese sido acompañado desde un principio por una organización como Las Libres, que ha desarrollado una sensibilidad especial para cuidar los derechos de las mujeres sin convertirlo en una guerra con las instituciones.

El avance logrado por este caso en la Universidad de Guanajuato, lo resumió el secretario general de la institución, Héctor Efraín Rodríguez en el siguiente aprendizaje: “creerles a las mujeres, validar lo que reportan”. Más allá de los ocho días de suspensión y las amonestaciones, esto es lo que resulta verdaderamente trascendente.

Sin embargo, hubiera sido  más encomiable si esa enseñanza la hubiera reconocida la máxima autoridad de la institución, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, quien estuvo ausente en la rueda de prensa donde se dieron a conocer las conclusiones del proceso.

Más allá de las valoraciones sobre la pertinencia protocolaria de quienes deben informar, el hecho de que la Universidad estuviera reconociendo que existe el problema de prácticas inapropiadas de los catedráticos hacia sus estudiantes, algo siempre negado, siempre normalizado y subsumido, merecía un compromiso al más alto nivel.

Además, no es nada extraño. En el esquema normal de la comunicación universitaria, la figura del rector general siempre está cuando se trata de presentar, anunciar o capitalizar logros institucionales. El avance que representa la resolución de la Comisión de Honor y Justicia es, sin duda importante, trascendente en algo tan relevante como es el respeto a los derechos humanos de la comunidad más importante contenida en la Casa de Estudios y a la que debe su razón de ser: la estudiantil.

Entonces, ¿por qué no estar allí? ¿Por qué no lanzar al más alto nivel el mensaje de cero impunidad a este tipo de conductas? Esperemos que no sea por algún resabio de complicidad con prácticas que son absolutamente injustificables y deben quedar erradicadas de la práctica docente.

Un tema no menor es el de la responsabilidad que compete a las autoridades del campus León de la Universidad de Guanajuato y de su División de Ciencias Sociales, donde se realizaron las primeras denuncias, las cuales fueron ignoradas, lo que obligó a las estudiantes agredidas a elevar el tono y el alcance de su reclamo.

Tras la conclusión de la Comisión de Honor y Justicia, lo menos que puede esperarse de la rectoría del Campus León y del Director de la División de Ciencias Sociales, es un disculpa pública a las jóvenes estudiantes, por la omisión.

Lo que ha ocurrido no puede ser minimizado. Pero nos equivocaríamos también si lo sobrestimamos. Lo único cierto es que hay un avance frente a la normalizada violencia de género y que el tema no puede ser abandonado. No lo será por las mujeres, eso es seguro.