Organizados en bloque bajo la línea emanada del Palacio de Gobierno de Guanajuato, los diputados del PAN están metidos en apuros para encontrar argumentos que justifiquen la decisión de darle a Carlos Zamarripa un pasaporte por la vía rápida que lo convierta en el fiscal general de la entidad durante los próximos 9 años.

Ayer, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que Carlos Zamarripa no tiene responsabilidad en el crecimiento exponencial del robo de combustibles en la entidad, textualmente así lo fraseó: “No tiene nada que ver un tema con otro; el tema del robo de combustibles es un tema de delito federal que la Procuraduría no tiene atribuciones para perseguir, entonces no veo la vinculación entre un tema y otro.”

Zamarripa, nada que ver en el desastre: PAN. Primera plana de Reforma del 17 de enero de 2019.

Hoy, diarios nacionales como Reforma dan a conocer un informe de Sedena donde se reporta que once de los 40 municipios con mayor número de tomas clandestinas se encuentran en Guanajuato: León, Silao, Irapuato Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto, Cortazar, Valle de Santiago, Villagrán, Yuriria y Pénjamo. Además, los primeros datos sobre el lavado de dinero asociado al robo y venta de combustible ubican a Guanajuato en el cuarto sitio, después del Estado de México, la Ciudad de México y Puebla.

Resulta por lo menos una irresponsabilidad que los diputados de Guanajuato, la mayoría que gobierna el Congreso y concretamente la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, establezcan que el jefe del ministerio público de Guanajuato puede atestiguar el crecimiento demencial de un delito cuyas consecuencias ha socavado la tranquilidad del estado y deteriorado su economía, sin tener ninguna responsabilidad en ello.

A menos, claro está, que Zamarripa ya no este destinado a ser el responsable de una organización que se enfoque en combatir la impunidad y castigar las violaciones a la ley, son simplemente el jefe de una guardia pretoriana que resguarde los privilegios de la clase política gobernante en la entidad.

Porque el razonamiento de la legisladora Libia Dennise García no se sostiene por ningún lado: el robo de combustible, que creció año tras año durante los nueve que ya tiene en el cargo Zamarripa, disparó la violencia en Guanajuato y los homicidios dolosos, hasta donde se sabe, siguen siendo responsabilidad del Ministerio Público local, independientemente de cuál sea su origen.

Pero eso no es todo. En materia de delincuencia común, de robos a transeúntes y, a negocios y a viviendas, tampoco las cifras vienen a la baja, sino todo lo contrario, como lo conocen bien esos mismos diputados que no quieren someter a Zamarripa a ningún tipo de evaluación, ni comparecencia en el Congreso, para eludir ese debate.

Y, aún no es todo. En la Procuraduría de Justicia que dirige Carlos Zamarripa la tortura sigue siendo un método rutinario empleado por la policía ministerial. Por lo menos 105 casos habían sido documentados por el anterior Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera.

La atención al tema se ha diluido con la llegada del nuevo procurador de Derechos Humanos, Raúl Montero, por su menor independencia y conocimiento del tema, sin embargo, los casos han seguido, mostrando que se trata de un patrón de conducta de los agentes ministeriales, que es permitido por sus superiores.

Pero, además, en Guanajuato han empezado a aparecer las primeras fosas con cuerpos anónimos; los casos de desapariciones aumentan, mientras la información disminuye y la opacidad crece a su máxima expresión.

En medio de todo esto, ¿cuáles son las virtudes ocultas que la élite panista de Guanajuato encuentra en Carlos Zamarripa para respaldar su entronización como fiscal General?

Solo me queda una explicación y va más allá del muy presumible pacto político entre Diego Sinhue Rodríguez y Miguel Márquez: Zamarripa, por si mismo, es ya un factor de poder que puede negociar de tú a tú con los jefes del PAN en el estado y en buena medida tiene que ver con su aparato de información y de espionaje político – policiaco que provee información sobre las actividades de opositores y críticos, pero que también vigila a los propios panistas, con todo lo que ello implica.

Así, convertido en un verdadero José Fouché, el procurador e inminente fiscal está por dejar de ser el poder tras el trono para asumir, directamente y sin escrúpulos, el poder a secas.