A nivel nacional ha empezado un fuerte debate sobre las regresiones que laten en el fuerte dominio político obtenido por Andrés Manuel López Obrador después del resultado de la pasada elección de julio, la cual, además de la titularidad del Ejecutivo, le dio un poder total en las dos cámaras del Legislativo.

Uno de los aspectos preocupantes es la confrontación con el Poder Judicial por el tema de las remuneraciones, la cual ya se encuentra en el terreno del litigio jurídico y también en el espacio de la confrontación mediática.

Sin embargo, en Guanajuato nada de eso puede asombrarnos… porque aquí ya vivimos un panorama como ese desde hace tiempo. Incluso, las admoniciones del coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, no dejan de sonar a hipocresía, pues él manejó desde la gubernatura de esta entidad un Congreso a modo y un Poder Judicial intervenido.

Lo malo de la 4T empezó hace tiempo en Guanajuato.

En Guanajuato el PAN ha venido ganando las elecciones con resultados que recuerdan a la Venezuela de Maduro: porcentaje superiores al 50 por ciento y hasta al 60 por ciento, como pasó con Juan Manuel Oliva. La decisión sobre el gobierno interior del parlamento local se ha venido tomando sistemáticamente en las oficinas del gobernador.

Solo baste recordar como el coordinador panista de Miguel Márquez fue su jefe de campaña, Éctor Jaime Ramírez Barba; el secretario general del Congreso en la recta final fue el exsecretario particular del mandatario, Christian Cruz. Incluso hoy, a ciencia y paciencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, Márquez logró colocar a otro secretario particular en el Congreso de Guanajuato como hombre fuerte: Ricardo Narváez.

Como se ve, en Guanajuato incluso hemos dado el paso decisivo de la regresión política al pasar de la aceptada inexistencia de la división de poderes a un verdadero Maximato, como en los tiempos del general Plutarco Elías Calles o, peor aún, como en los tiempos del general Antonio López de Santa Anna.

El regreso de Miguel Márquez a los reflectores, donde solo permaneció ausente mes y medio, se acabó de consolidar este fin de semana con su inclusión en la Comisión Permanente del CEN panista; y no solo por él, sino también porque logró colocar en una posición de privilegio a su operadora política estrella, Juana de la Cruz Martínez, heredada como secretaria particular a Diego Sinhue y desde ahí convertida en fiel guardiana del control político de Miguel Márquez sobre su delfín que no parece querer dejar de serlo.

Pero si a nivel nacional escandaliza que López Obrador plantee ejercer control sobre los sueldos del Poder Judicial, en Guanajuato eso nos queda chico, pues aquí los magistrados y los presidentes del Supremo Tribunal de Justicia hace tiempo que son decididos en el Poder Ejecutivo y con plena injerencia de los jerarcas panistas.

Romero Hicks debe recordar cuando en su oficina se palomeaba y se defenestraba a magistrados, consejeros de la Judicatura y presidentes del Poder Judicial. Así que cuando critica a AMLO por su “soberbia”, sabe exactamente de qué habla.

Ninguno, sin embargo, como Miguel Márquez, que incluso le abrió la puerta a su compadre el empresario Rafael “Gallo” Barba, para que interviniera de forma abierta en asuntos del Poder Judicial, como quedó ampliamente documentado en investigaciones periodísticas.

Por si fuera poco, Miguel Márquez y Juana de la Cruz Martínez vulneraron instituciones autónomas como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la información Pública, al aplicarles al estilo guanajuatense la política de “cuotas y cuates”, quizá más cuates que cuotas.

Hoy ambas instancias constituyen mecanismos de complicidad con los vicios institucionales y se encuentran completamente alejadas de los ciudadanos a los que debían servir y para los que fueron creadas. Raúl Montero, el procurador de los derechos humanos, inauguró la política hoy adoptada por Diego Sinhue de no dar entrevistas a medios “para no regarla”, debido a su flagrante ignorancia de los temas de agenda de la institución que encabeza.

Y desde luego, que Guanajuato viva un régimen que parece el antecedente directo de los peores vicios que asoman en la Cuarta Transformación, no puede ser, de ninguna manera, una justificación de las regresiones que amenazan los avances institucionales que tenemos a nivel nacional

Sin embargo, si llama la atención que algunos conspicuos representantes sociales, como es el caso de los dirigentes empresariales, se encuentren por demás preocupados del autoritarismo de López Obrador, pero tengan absolutamente normalizado el intervencionismo de Miguel Márquez y la obediencia ciega de Diego Sinhue Rodríguez.

Por ejemplo, la Coparmex ni siquiera ha hecho valer los once compromisos firmados contra la corrupción por parte del actual gobernador, durante la campaña política. Diego Sinhue ya les puso el dedo en la boca con el nombramiento de su secretaria de la Transparencia, Marisol Ruenes, quien carece de independencia y de formación para el cargo. También ya anunció la ratificación de Carlos Zamarripa, pasando por encima del Congreso e incumpliendo con el primer punto del listado: “Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas”.

Ya no se diga otros aspectos como el de “publicar voluntariamente la declaración 3de3 de todo el gabinete”; o la de “realizar las compras a través de CompraNet nacional”; o también la de “impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas”.

¿Solo para la foto? Compromisos sin consecuencias.

Pero no solo eso, la Coparmex a través de su dirigente leonés, Jorge Ramírez Hernández, aceptó integrar un Consejo Estatal de Seguridad que significa de facto una validación al fiscal carnal que es Carlos Zamarripa Aguirre, con lo que sabotearon su propio movimiento anticorrupción.

Así se va deteriorando la salud democrática del país, con las complicidades de los organismos intermedios y de la sociedad civil que empieza a normalizar las conductas autoritarias de los gobernantes.

En Guanajuato, los sectores sociales, los empresarios, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, hemos aceptado como parte del paisaje que el gobierno panista controle los otros dos poderes y que además tenga una fuerte injerencia en los medios de comunicación. ¿Hay en esa sociedad reservas para resistir el avasallamiento que se teme por parte de López Obrador?

Francamente se ve difícil.

Más fácil parece esperar que Diego Sinhue y AMLO departan alegremente en el inicio de la temporada beisbolera pretendiendo hacer pasar el rescate del fracasado equipo Bravos de León como el gran acuerdo político de la temporada, con el aplauso de todo el respetable, sobre todo los dignos representantes de las organizaciones intermedias.

Pero, como diría el Mago Septién: «Esto no se acaba, hasta que se acaba».