En los primeros meses del año próximo deberá renovarse el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, entre los consejeros que llegan para asumir la responsabilidad por tres años, estará quien ocupe el cargo de presidente, una elección que deberá ser particularmente cuidada después de la mala experiencia vivida con el empresario del calzado Pedro González, quien debió retirarse del cargo después de un escándalo mediático y jurídico por tráfico de influencias.
El consejo de Sapal se ha convertido en una entidad donde se refleja la disputa por el poder entre los grupos económicamente poderosos de la ciudad de León. Allí, el sector cuero – calzado, dominante hasta hace no mucho, enfrenta sus anacrónicos intereses con el de los constructores y el de los desarrolladores inmobiliarios, sabedores todos de que ya no hay suficiente agua para mantener el ritmo de crecimiento de la ciudad y que ahora esta debe ser pagada en lo que vale.
Un ejemplo de los privilegios que se autoasignan los directivos de Sapal se encuentra en el manejo de la planta de tratamiento que maneja las aguas residuales de la industria curtidora, conocida como el módulo de desbaste. Hasta la fecha, la operación de ese complejo, concesionado a una empresa privada, ha sido deficitario sobre todo por la decisión del consejo directivo de medir el agua que ingresa a las empresas por su sistema y no las descargas.
Uno de los secretos más expuestos de la industria curtidora, del que incluso sus integrantes se jactan de forma abierta, es que el agua que consumen la adquieren de forma clandestina, por piperos no autorizados o mediante pozos no registrados. Así, el agua residual que producen es considerablemente superior a la que Sapal les factura y que es por la única que les aplica tarifas de tratamiento.
Este proceder, del cual el consejo conoce y elude sistemáticamente sobre todo por la gran presencia de asociados del sector cuero – calzado, origina que la operación del modulo de desbaste deba ser subsidiada por los recursos de Sapal, es decir por todo el resto de los usuarios urbanos que aportan la mayor cantidad de recursos y que ni siquiera se encuentran representados en el consejo de Sapal.
Así, mientras en el consejo de 17 integrantes de Sapal se encuentran representados la Cámara del Calzado, la de la Curtiduría y la de los Proveedores de la Industria del Calzado, los usuarios de León no tienen un solo asiento. No es poco frecuente que los representantes del propio ayuntamiento y de otros sectores empresariales, a menudo también coincidan con la visión de la que era la principal actividad industrial de la ciudad hasta hace no mucho.
Sin embargo, de unos años a la fecha, otro grupo de empresarios se ha hecho presente en la pugna por el agua y han logrado representación en el Consejo de Sapal: el de los desarrolladores inmobiliarios, los cuales lamentablemente no han resultado mejores que los zapateros, como se descubrió con la existencia de una toma clandestina que beneficiaba al fraccionamiento Gran Jardín, uno de los más lujosos de la ciudad, con el que tenía relaciones profesionales y de negocios el director de Sapal defenestrado poco antes que Pedro González, Leonardo Lino.
Así, mientras la ciudad sufre escasez de agua, como ya se vio el verano pasado con una crisis que agudizó las de años anteriores y que se convertirá en algo cíclico según algunos expertos, la gestión del agua en la ciudad no contempla como su prioridad el abasto a las familias, sino el aspecto económico del agua, su papel en el manejo de industrias que consumen grandes cantidades y ni siquiera la pagan al precio que deberían.
A ese panorama se deberá enfrentar el nuevo consejo de Sapal, cuyo nombramiento también definirá los equilibrios políticos de la ciudad. Hoy se tienen versiones de dos fuertes candidatos para encabezar el consejo directivo de Sapal, ambos han estado ya al frente en el pasado, cada uno de los cuales tiene su historia y sus alianzas.
De una parte, estaría el constructor e inmobiliario Jorge Videgaray Verdad, el candidato del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues, aunque Sapal es una paramunicipal, el problema del agua en León es estratégico para el estado, como ya se entrevió con el fugaz interinato de Angélica Casillas, la actual directora de la Comisión Estatal del Agua, cuyos servicios fueron requeridos para paliar la crisis generado por el tándem Pedro González – Leonardo Lino.
Enfrente estaría Mario Plasencia Saldaña, hace tiempo retirado de las lides públicas, pero de quien se recuerda su tenaz defensa de los lineamientos de planeación de la ciudad, al frente del Implan, cuando un grupo de presión empresarial pretendió urbanizar 300 hectáreas al sur de la ciudad a golpes mediáticos y políticos. El empresario del sector calzado y proveeduría es la carta del alcalde Héctor López Santillana.
Esta elección ya tiene prolegómenos. Uno de ellos podría ser la anuencia de dos organismos empresariales, el CCEL y Coparmex, para sumarse a decisiones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez como la política de seguridad y el incremento de impuestos. Tanto José Arturo Sánchez Castellanos como Jorge Ramírez Hernández, son sensibles a las sugerencias de Jorge Videgaray.
La pugna por el agua en León ya empezó. Lamentablemente, en esa lucha de colosos empresariales respaldados en aliados políticos, no tienen ni voz ni voto los ciudadanos de León, los que de verdad padecen las irregularidades e insuficiencias de Sapal. Estaremos atentos a lo que ocurra.