La decisión de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para asumir el costo político de mantener el mismo equipo directivo de seguridad es cuestionable en varios sentidos, pero sobre todo en el político.

A lo largo de los nueve años que ha ejercido la titularidad de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato a Carlos Zamarripa no se le ha negado nada de parte de los titulares del Poder Ejecutivo y, pese a ello, sus resultados han sido deplorables, si nos atenemos a los datos duros y a la percepción del ciudadano común sobre el tema.

Un pesado aparato para tratar de esconder a Carlos y Alvar. Foto: Gobierno del Estado.

Contó con varias decenas de millones de pesos durante el gobierno de Juan Manuel Oliva para la capacitación de su personal en los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. Pese a ello, una de las principales causas de exoneración de presuntos responsables es la deficiente integración de carpetas por parte del ministerio público, no la “puerta giratoria” de la ley, como han venido diciendo con todo dolo.

Lo primero que hizo Miguel Márquez al llegar a la gubernatura fue aprobar la más cuantiosa inversión en tecnología de vigilancia al servicio de sus áreas de seguridad, los famosos 2 mil 700 millones de pesos de Escudo, un recurso sobre el que no se han rendido cuentas nunca.

Pero no solo eso. Previamente, Miguel Márquez le dio a Zamarripa la oportunidad de elegir al Secretario de Seguridad, con lo que pudo colocar a su compadre Alvar Cabeza de Vaca y superar con ello la vieja queja de que “no había coordinación” entre ambas dependencias.

¿El resultado? Más poder para Zamarripa quien se convirtió en un auténtico zar de la seguridad local, disponiendo de los efectivos de la PGJE y de los de la SSG a placer. Los Rambos de Cabeza de Vaca y Zamarripa terminaron realizando operativos como los de San Miguel Allende en enero de 2017 donde las únicas bajas fueron tres niños de cuya muerte se culpó, inverosímilmente, a su padre, sin que nunca se explicara el objetivo de aparatoso, letal y errado operativo.

Miguel Márquez fue particularmente sumiso a las estrategias de Zamarripa. Le compró todas sus explicaciones sobre la ineficacia del aparato de seguridad de Guanajuato, se convirtió literalmente en un vocero del “dúo dinámico” y la emprendió contra Pemex y el gobierno federal para justificar lo que pasaba en Guanajuato.

Ese es el panorama frente al cual un tímido Diego Sinhue Rodríguez, candidato panista a la gubernatura, ofreció dar un “golpe de timón”, como un eufemismo para evitarnos el trago amargo de reconocer que no iba a hacer nada de fondo.

La acción simbólica más importante que pudo haber hecho un nuevo gobierno era la sustitución de los funcionarios que tan malos resultados han entregado y que se han pertrechado en la prepotencia para evitar rendir cuentas. Sostenerlos allí, aunque se cambie el entramado completo solo deja un tufo de sometimiento del gobernador recién llegado a una circunstancia que solo él conoce.

Zamarripa, por su parte, está inhabilitado como figura pública, así le nombres tres o cuatro voceros para tratar de encubrirlo. Primero fue Luis Ernesto Ayala, quien ya renegó de la posibilidad pues probablemente advirtió que su desgaste sería mayúsculo. Después le trajeron a un burócrata federal, Marco Antonio Sánchez Aparicio, quien no ha aparecido nunca en la escena y carece de toda credibilidad.

Quizá por ello se fichó a una comunicóloga guanajuatense con amplia experiencia en tareas de relaciones públicas y manejo de redes sociales para la PFP, Sofía Huett López, quien enfrentará el mayor reto de su vida, pues el problema de la seguridad en Guanajuato no es solo un tema de comunicación.

Así, el vilipendiado “golpe de timón” parece reducirse a la construcción de un caro aparato de publicidad y relaciones públicas para mejorar la imagen de Carlos Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca, el cual incluye a un consejo eminentemente empresarial para amortiguar críticas de la opinión pública, algo que también se antoja difícil.

En realidad, la sensación es que no se quiere hacer nada contra la inseguridad de frente y con urgencia, sino solo mejorar la imagen de un gobierno que ha decidido no tomar el toro por los cuernos y continuar administrando el desastre que vive la entidad de un par de años a la fecha.

Por si fuera poco, el presupuesto destinado a la seguridad se incrementará notablemente con aumentos salariales al equipo de Zamarripa y de Cabeza de Vaca y con recursos a los municipios que por vía de mientras serán supervisados por el mismo “zar de la inseguridad” si se toma en cuenta que el mando único tendrá que seguir operando por un buen tiempo.

¿Quién gana con este esquema? Cada vez más recursos, personal y margen de maniobra a los mismos que no están entregando resultados. Cada vez más poder a funcionarios que son ampliamente cuestionados por su desempeño. Cada vez más cobertura y protección mediática a los responsables de aclarar la crisis que vive Guanajuato.

Con sus nueve años por delante, incluyendo este y la mitad del próximo gobierno, y con el presupuesto de Guanajuato a su disposición queda clara una sola cosa en torno a Carlos Zamarripa: ya se sabe quien manda en Guanajuato.