Como en los viejos tiempos, el Consejo Coordinador Empresarial de León ha vuelto a ser una institución cortesana del gobierno estatal panista. Entonces, el pretexto era la inminente incursión a la política del presidente del organismo bajo las banderas del PAN, hoy no se sabe.

José Arturo Sánchez Castellano, titular del Consejo Coordinador Empresarial; el presidente de Coparmex, Jorge Ramírez Hernández y otros hombres y mujeres de empresa, fueron anunciados como parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública el mismo día que salieron en medios de comunicación proponiendo la creación de nuevos impuestos y el regreso de la tenencia para automóviles de lujo.

Empresarios enrollados… y amnésicos. Foto: Gobierno del Estado.

Este predominio de perfiles empresariales evidencia la visión panista de que solo los hombres de negocios representan a la sociedad civil, algo que no ocurre, pues esa segmentación privilegia una sola de las visiones que coexisten en una sociedad plural y de fuertes desigualdades.

Llama la atención notablemente, que estos empresarios que han sido protagonistas de procesos como las campañas para establecer legalmente la declaración 3 de 3; para disminuir el financiamiento a los partidos políticos y para buscar una fiscalía que sirva, hoy dejen de lado todas esas luchas para sumarse alegremente a la foto del momento que busca legitimarla ratificación de dos funcionarios fuertemente cuestionados, como lo son Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca.

Hace unos días Coparmex le recordó tímidamente al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que no ha cumplido con ninguno de los 11 compromisos contra la corrupción que firmó en campaña. El llamamiento no tuvo respuesta y solo trascendió que el gobernador respondió en corto a los directivos del sindicato patronal, lo cual excluye del tema al resto de los ciudadanos y nos regresa al tiempo de los acuerdos en lo oscurito.

Ahora, unas semanas después, sin que ninguno de esos compromisos haya sido atendido, la Coparmex acepta formar parte de un Consejo de Seguridad donde está integrados el mayor candidato a fiscal carnal del país y un secreta de seguridad que no ha servido ni servirá.

Pero no solo eso, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial de León y otras organizaciones del mismo corte en el estado han salido a medios a hacer el trabajo de sensibilización para el cobro de nuevos impuestos cuyo destino es el combate a la inseguridad, pero en los cuales se plantea una mayor injerencia de los organismos del sector privado para aplicarlos.

Lo que no se nos ha explicado a los simples mortales que no asistimos a las mesas donde se definen tan importantes asuntos, es porqué se ha decidido aumentar las cargas fiscales antes que entrar a aclarar las operaciones de dudosa moralidad pública del pasado gobierno, que tendrán consecuencias en el actual.

Por ejemplo: ¿seguirá apoyando Diego Sinhue la aventura de construir un nuevo estadio para el beneficio de una institución deportiva privada como es el Club León? ¿Subsidiará el municipio de León la adecuación del terreno y sus accesos para que Grupo Pachuca maximice su negocio?

O, en otro ejemplo: ¿después del fenomenal fracaso de Seguritech y su proyecto Escudo, por el cual todavía hay que desembolsar otros 50 o 60 millones de pesos, avalara el nuevo gobierno al parque aeroespacial Skyplus, desarrollado en otro terreno vendido por Miguel Márquez a precio de regalo a una empresa que ni siquiera tenía experiencia en ese tipo de industria?

¿Investigará Diego Sinhue la contratación del Eje León-San Francisco del Rincón, otorgado sin licitación a la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Hará lo propio con la carísima concesión del libramiento de Silao para Grupo México, donde bien se pudo haber desarrollado una carretera propiedad del estado que otorgara rendimientos para aplicarlos en políticas públicas?

Antes de irse (si es que se fue porque parece más presente que nunca), Miguel Márquez anunció las sanas finanzas que le heredaba a Diego Sinhue. De ser así, ¿porque pensar en nuevos impuestos tan rápido, sobre qué plan, para qué efectos?

En la conferencia de prensa posterior a la presentación del plan de Seguridad que se quiere financiar con las nuevas cargas fiscales que tan alegremente avalan los empresarios organizados, Luis Ernesto Ayala Torres dijo que no había plazos para entregar resultados.

¿Aceptaría una respuesta así el exitoso empresario ex zapatero de uno de sus gerentes que le estuviera pidiendo más recursos para invertir en procesos?

Hoy resulta que nada de lo que hizo Miguel Márquez estuvo bien. Ni la traída del ejército, ni la contratación de Escudo, ni el mando único. Sin embargo, todo eso fue avalado en su momento por los mismos organismos empresariales que hoy se acomodan a las necesidades del estado para sangrar la economía local.

Por si fuera poco, los que planearon esas “estrategias” y convencieron de ellas a Márquez, son los mismos que están al frente de la Procuraduría de Justica y de la Secretaría de Seguridad: Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca. ¿A cambio de qué tanta amnesia?

Resulta preocupante la falta de equilibrios en la política y en la sociedad. Así como a los empresarios les preocupa que a nivel federal Andrés Manuel López Obrador domine al Poder Legislativo, en Guanajuato preocupa que el PAN domine al Poder Legislativo, al Judicial, a los organismos empresariales y a los medios de comunicación, a los que cada vez les sale mejor el nado sincronizado.

Hace algunos ayeres, José Arturo Sánchez Castellanos hacía sus pininos en política al lado de la priista Bárbara Botello, aunque ya tenía experiencia como joven ex dirigente empresarial. Aún debe acordarse de la batalla que dieron para impedir que el gobernador Juan Manuel Oliva impusiera un replaqueo de vehículos con fines recaudatorios disfrazados de política de control y de seguridad.

No ganaron. El replaqueo se aplicó. Sin embargo, al poco tiempo, el capital político acumulado por Bárbara le permitió la hazaña de derrotar al PAN en una de las ciudades más azules de México, aunque en ese momento José Arturo ya había tomado distancia de ella.

¿Quién capitalizará esta vez el error garrafal de disfrazar de políticas de seguridad simples herramientas de exacción económica contra el sector productivo?

Pueden hacer apuestas, pero es seguro que no será Sánchez Castellanos ni el organismo que encabeza, olvidado de representar a la sociedad para hacerse cómplice de un gobierno que no da color.