El martes de la semana pasada un conocido empresario del calzado de la ciudad de León, Luis Fonseca Ochoa, fue aprehendido por una acusación de despojo, tras un largo periplo de sus demandantes quienes tienen cinco años litigando la recuperación de un predio de 100 hectáreas en ese municipio.

El asunto podría ser uno de tantos de los que ocurren a diario en una ciudad con la presión inmobiliaria de León, donde además la falta de certeza de instrumentos jurídicos como el registro público de la propiedad y del comercio y el propio catastro municipal, por su anacronismo y nula actualización, originan numerosos fraudes y una sobrecarga al sistema judicial.

Sin embargo, este caso tuvo una particularidad. Tanto Fonseca Ochoa como sus abogados se habían venido jactando de su inmunidad a causa de lo que ellos mismos han propalado como “una cercana amistad con el secretario de Gobierno de Guanajuato”, Luis Ernesto Ayala Torres.

Al parecer la cercanía con el nuevo hombre fuerte del gobierno panista, el responsable de la política de seguridad, volvió a funcionarle al propietario de la fábrica de calzado Vicenza, pues la carpeta archivada en el número 79/2017, dio lugar a un rápido desenlace al haber obtenido el beneficio de una fianza de apenas 25 mil pesos para seguir el proceso en libertad.

Sin embargo, el juez quinto penal, Carlos Rodríguez Granados, consideró el pasado viernes que había los elementos suficientes para dictar auto de formal prisión y someter a proceso al presunto autor del despojo del terreno, ubicado en la hacienda de Malpaso, colindante con la populosa zona de Las Joyas donde la especulación inmobiliaria también ha hecho su agosto por la presión demográfica, la inversión en infraestructura pública de los tres niveles de gobierno y la necesidad de impulsar fuentes de empleo en la zona.

Luis Fonseca Ochoa, detenido. Foto: Especial.

De inmediato, ante la decisión del juez, los funcionarios de la Procuraduría de Justicia que atiende la demanda recibieron instrucciones para elaborar informes sobre el caso por parte de sus superiores. La parte acusadora supone que han funcionado las “influencias” que presume el indiciado y que desde la Secretaría de Gobierno están atentos al caso.

Pero más allá de este litigio que se resuelve en tribunales y donde por fortuna el Poder Judicial está mostrando una actitud de estricta juridicidad, lo verdaderamente preocupante sería que el secretario de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez cayera en la tentación de usar recursos institucionales para beneficiar a su “amigo de cacerías” como se ha presentado Fonseca.

Desde luego que Luis Ernesto Ayala Torres, quien goza de una fama de pulcritud en su desempeño público, no tiene responsabilidad alguna en que sus amigos quieran pasarse de listos y usar su nombre para lograr ventajas.

Sin embargo, la situación podría complicarse por el colmillo retorcido de quien si podría utilizar el caso con intenciones absolutamente políticas: el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, que justo en estos momentos necesita de todo el apoyo que pueda lograr para salvar el difícil tránsito de su nombramiento como primer fiscal general autónomo del estado de Guanajuato, sobre todo dentro del gobierno y del PAN, dos ámbitos donde Ayala Torres tiene ascendiente.

Ya de por sí es sospechosa la operación comercial de la que aquí hemos dado cuenta, mediante la cual el empresario zapatero Francisco González Espejel adquirió en un precio que resultó irresistible para el vendedor, la fábrica de botas San Diego, que no solo era propiedad de la familia Ayala, sino todo un símbolo de historia familiar.

González Espejel, como es sabido en los círculos de opinión en León, es un empresario que guarda estrecha amistad tanto con Carlos Zamarripa como con Alvar Cabeza de Vaca, siendo ya una costumbre verlos departir en el lujoso palco del zapatero en el estadio León, cada partido de la fiera, y entre semana en los comederos de moda.

El gran reto de Luis Ernesto Ayala, si quiere significarse en la función que le encomendó Diego Sinhue, es reorientar la seguridad de Guanajuato y volverla a los estándares de hace algunos años. Para lograrlo debe dejar de lado compromisos y veleidades personales, a fin de evaluar con objetividad el desempeño tanto de Zamarripa como de Cabeza de Vaca y presentar propuestas de solución.

Caer en el juego del “dúo dinámico”, como se les conoce tanto en tono de sorna como de admiración, le restará capacidad para entregar buenos resultados. Los intentos de cooptación que harán los veteranos responsables de la seguridad para meter a Luis Ernesto en su juego son previsibles, será el ex alcalde leonés quien deberá tener la mente clara y la voluntad firme para no dejarse enredar.

A menos que ya todo esté decidido, como suponemos muchos y que el cuento de la coordinación solo sea una cortina de humo y Luis Ernesto se disponga simplemente a disfrutar de las mieles del poder y a dejar que Zamarripa y Cabeza de Vaca continúen con el trabajo sucio mientras el resto de la cúpula política simplemente hace como que no pasa nada.

De ser así quizá pronto veamos que empresarios como el zapatero Fonseca Ochoa se salen con la suya, aumentando el grado de impunidad, mientras el estado de derecho en Guanajuato pasa a convertirse en otra víctima de la descomposición política del régimen panista.