El miércoles de esta semana un senador de Morena, del estado de Chihuahua, presentó un punto de acuerdo que persigue centralmente instar a las autoridades federales para que investiguen a la empresa Sonigas, propiedad del empresario leonés Salvador Oñate Ascencio, por prácticas monopólicas, algo que pudiera sonar creíble en esa industria; por vender cilindros a medio llenar, también muy factible; pero además por algo que se oye desorbitado: presunta sustracción ilegal de hidrocarburos.

Senador Cruz Pérez, de Morena Chihuahua, acompañado del vocero de la fracción, Salomón Jara. Foto: Senado de la República.

El punto de acuerdo, un mecanismo parlamentario que no obstante su nula eficacia sigue siendo el recurso predilecto de los integrantes del Poder Legislativo para hacer ruido político y mediático, va dirigido a la PGR, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor, como si se tratara de un escopetazo.

La intención del senador Cruz Pérez Cuéllar, un exdirigente panista que le ganó la elección a Gustavo Madero en el estado gobernado por Javier Corral, y al exgobernador priista José Reyes Baeza, pareció ser la de ganarse algunos espacios en la prensa, algo que no ocurrió, precisamente a causa de la probada capacidad de inhibición que posee el capitán de Banco del Bajío y Sonigas para frenar la propaganda negativa en los medios.

La propuesta de Cruz Pérez solo se fundamenta en algunas notas periodísticas aisladas; en reportes y multas de la Profeco, algo que seguramente es común en la industria del gas; y en la presencia de las filiales de Sonigas en más de la mitad de los estados del país.

Aquí es donde surge la duda de las verdaderas motivaciones atrás de la denuncia que a nivel nacional solo fue publicada por el diario Excelsior y apenas por unas horas, pues actualmente la nota ha sido retirada del portal, no aclarada o desmentida, sino simplemente «desaparecida».

La nota desapareció de la edición digital de Excelsior. Captura de pantalla del sitio http://www.excelsior.com.mx

En la tierra de origen del legislador que promueve el punto de acuerdo, se encuentran algunas de las más grandes empresas de distribución y venta de gas. Está por ejemplo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, que ha sido acusada casi de lo mismo: acaparar el mercado del gas LP, vender el combustible a sobreprecio y entregar litros que no son de a litro.

Es probable que nos encontremos en una guerra de empresas que utilizan a los políticos como alfiles o quizá simplemente como peones. No sería remoto elucubraciones que el senador Cruz Pérez haya sido respaldado en su campaña por recursos provenientes de los competidores de Oñate y hoy esté pagando los favores.

Por que eso pasa también en Guanajuato. No hace mucho, la alcaldesa de León Bárbara Botello adquirió una flotilla de vehículos mediante un arrendamiento financiero nada barato con una distribuidora de automóviles perteneciente al grupo Soni.

La decisión, tomada contra viento y marea, parecía pagar los favores recibidos en su campaña a la alcaldía en 2012, a través de un personaje central en esta historia y hoy prófugo de la justicia: el extesorero Roberto Pesquera, quien además había colaborado en su carrera profesional cerca del propio Oñate Ascencio.

Por cierto, esa nota apareció fugazmente en la prensa local y luego pasó al olvido, hasta por parte del PAN, que buscaba afanoso temas contra la alcaldesa priista que los acababa de humillar.

Es decir tanto allá como acá hace aire. En Chihuahua y en Guanajuato los políticos y los empresarios han venido bailando un tango a escondidas, buscando beneficios mutuos que regularmente se salen de los caminos de la legalidad: los políticos obtienen recursos ilícitos para sus campañas; los empresarios reciben trato preferencial y beneficios en las decisiones de gobierno o, también, obstáculos mayores para sus competidores.

Ese es el país contra el que votaron 30 millones de mexicanos en la pasadas elecciones, confiando en que Andrés Manel López Obrador representaba algo distinto, pese a las campañas del miedo acumuladas de 18 años y todas las previsiones de desastre. Sin embargo, es también el país en el que ya parece estarse acomodando el morenismo triunfante si nos atenemos a las maniobras de Cruz Pérez en Chihuahua o las de Ricardo García Oseguera en Guanajuato.

Una elección puede cambiar mucho solo si los políticos leen los mensajes de forma correcta, algo que no hizo Vicente Fox en el año 2000 y que terminó convirtiéndolo en un patético presidente cabildero de empresarios y traidor a los mandatos constitucionales y al voto que lo ungió.

Pero también una sociedad puede cambiar si hay un impulso desde la sociedad y ahí tienen una alta responsabilidad los empresarios, esos que saturan su agenda con cursos de liderazgo y de alta dirección empresarial, pero que nunca se detienen a leer un tratado de ética, aunque sea para dummies, para moderar así sea un poco el capitalismo de compadres que representa uno de los mayores lastres del país.

Hay tarea para todos, más allá de los puntos de acuerdo y la censura o autocensura de los medios, si no queremos que esto siga de mal en peor.