Al que la historia catalogará muy pronto como el gobernador más corrupto de Guanajuato, el que hizo negocio con la seguridad (Escudo), con la educación (tabletas y uniformes), con la salud de los más desprotegidos (medicamentos del seguro popular), con los anhelos deportivos (sobreprecio de terreno para nuevo estadio), con la política industrial (intermediación de terreno para Toyota), fue también a quien le tocó inaugurar un “sistema estatal anticorrupción”.

Miguel Márquez no podía haber encontrado mejor cómplice para vulnerar cualquier intención mínima de contener la enorme corrupción de su gobierno, que Luis Felipe Guerrero Agripino, el rector de las Universidad de Guanajuato que le proveyó de dos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: la presidenta, Arminda Balbuena Cisneros e Hilda Marisa Venegas Barboza.

Con un cuarenta por ciento de los asientos en el CPC, más el peso específico de la presidencia, no es de extrañar que en uno de los escasos episodios donde este comité tuvo la posibilidad de participar, ante un escándalo mediático por una inexplicada decisión gubernamental, la solución haya sido inventar una intervención de la propia UG que resultó en un final feliz para todos los involucrados: nos referimos a la polémica concesión del libramiento de cuota de Silao, asignado por vía directa a Grupo México con un exorbitante cálculo de costo de 2 mil 243 millones de pesos por apenas 18 kilómetros de vía.

En la primera ocasión que un grupo de “ciudadanos” interviene para esclarecer un asunto de dudosa pertinencia, el resultado no pudo haber sido más decepcionante. Los expertos de la UG, designados a dedo por el rector Agripino, concluyeron que la concesión había sido la mar de legal y que no había nada que objetar.

La resolución fue una redundancia sin ton ni son. En realidad, nunca nadie en la opinión pública cuestionó la legalidad de la asignación, puesto que la ley laxa de Guanajuato, como las de casi todo el país, le permite al gobierno realizar ese tipo de asignaciones solo con el cumplimiento de algunos supuestos que no son nada complicados de atender.

El problema de fondo residía en el costo de la obra, los 2 mil 243 millones, que viene a significar un pasivo que deberán absorber los usuarios de la carretera por los años que dure la concesión. Ponerle a la carretera un precio por encima del real le da automáticamente al empresario beneficiado una utilidad, que además se puede maximizar si recurre a mecanismos de financiamiento como la emisión de papel comercial en el mercado de valores.

Un sobreprecio, una estimación que permita un negocio por encima del mercado, necesariamente hace pensar en el establecimiento de compromisos fuera de la ley y de la moral pública, entre el responsable de otorgar la concesión y el beneficiario de esta. La posibilidad de regular ese factor, mediante el sencillo mecanismo de la competencia entre varios postores, quedó eliminada con la asignación directa.

Sin embargo, eso pasó desapercibido para el grupo universitario que revisó la concesión y cuyas conclusiones ni siquiera son públicas, en el colmo de la opacidad sobre un asunto de la mayor importancia para la vida pública de Guanajuato, más allá de que muchos de los que se verán afectados por décadas por este tipo de decisiones, ni siquiera alcancen a vislumbrarlo en este momento.

Quien empujó la medida de una revisión externa y orientó que quedase en manos de la Universidad de Guanajuato fue la académica de esa misma casa de estudios, Arminda Balbuena, quien también preside el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado básicamente por funcionarios públicos. Allí la idea cayó en terreno fértil, mientras que en el comité ciudadano ya no hubo opción a proponer nada más. Nunca importó el visible conflicto de interés, aberrante si se trata de combatir la corrupción.

Arminda y Luis Felipe: la muerte del sistema anticorrupción. Foto Especial.

La pelota en manos de Luis Felipe Guerrero Agripino le quedó a modo para hacerle un favor al gobernador Márquez, en la lógica cortesana con la que se ha venido manejando la pretendida autonomía de la UG que a estas alturas ya lo único que significa es una canonjía no para garantizar la libertad de cátedra, como era la intención original, sino para efectuar manejos políticos, como el que se reseña.

La idea de que una intervención ciudadana pudiera significar algo, así fuera lo mínimo, para iniciar una batalla contra la corrupción, fue torpedeada de forma inmisericorde por el tándem Luis Felipe Guerrero Agripino – Arminda Balbuena Cisneros, mostrando que lo que pasó con la estafa maestra y Rosario Robles a nivel nacional no fue la excepción, aquí también una universidad pública se puso del lado de las maniobras dudosas en las decisiones públicas, al vulnerar la transparencia y ponerse en contra del control ciudadano para evitar las malas prácticas en el gobierno.

Con esta decisión, Arminda Balbuena marcó su tránsito como la primera presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción y cabeza de la participación ciudadana en el mismo, como la liquidadora de la idea de que la corrupción puede tener remedio si se invita a ciudadanos o académicos con amplias credenciales a órganos revisores.

Desde luego, como se trata de personas inteligentes, la sustentación de la coartada mediante la cual Miguel Márquez pude presumir que su carretera fue “revisada” por una instancia externa como lo es la UG, resulta doblemente dañina pues no solo permite la corrupción y la solapa, sino que además le proporciona un medio de defensa.

Estamos hundidos si las instituciones académicas, como es el caso de la Universidad de Guanajuato, se prestan a maniobras rastreras para solapar acciones donde hay presunción de corrupción; estamos peor si los académicos que forman en las aulas a las generaciones futuras de profesionistas y servidores públicos se convierten en parte de la maquinaria de la corrupción, agregándole un cierto charm.

Ahora solo falta que en un tiempo perentorio veamos a la doctora Balbuena recibiendo el premio por su actuación en este caso, a través de una posición prominente en el gobierno o en la propia Universidad de Guanajuato. Será el premio por haber hundido una daga en las entrañas del sistema estatal anticorrupción y de paso en la esperanza de mejorar la vida pública de Guanajuato.

Es otra forma de sicariato.