Una fundada investigación de la periodista Alfonsina Ávila en el portal Zona Franca puso en evidencia, de forma detalladamente documentada, la existencia de un sobreprecio de al menos 90 millones de pesos en el terreno adquirido por el gobierno del estado en los últimos meses de la gestión de Miguel Márquez. 

El daño patrimonial al erario público se vió agravado por la decisión del gobernador, avalada por el Congreso, de vender en abonos el terreno al grupo Pachuca, propietario del club de futbol León

La maquinación parece demasiado abusiva para dejarla pasar: pretendiendo escudarse en el cariño de la afición por su equipo, Márquez habría aprovechado la derrota jurídica del municipio de León en el litigio por el viejo estadio, para realizar un pingüe negocio inmobiliario, usando instrumentos públicos como la dirección de castastro, y beneficiando a uno o más particulares.

Esta investigación fue replicada por medios nacionales como Aristegui Noticias, Huffington Post, Proceso, Sin Embargo y Animal Político. En cambio, en Guanajuato ni un solo medio de comunicación escrito, radiofónico o televisivo consideró que en la exclusiva de Ávila hubiera «noticia».

Fue necesario que el tema llegara al Congreso de Guanajuato, donde por lo menos dos grupos parlamentarios de oposición demandaron una investigación sobre la operación inmobiliaria realizada por el gobierno de Márquez, para que algunos de esos medios de comunicación consideraran otorgarle espacios periféricos al caso. Desde luego, la mayoría ya administra el asunto y no es de descartar que los denunciantes entren más pronto que tarde al esquema de negociar la denuncia por cualquier prebenda menor.

En Guanajuato, un gobernador puede hacer lo que le venga en gana con el erario público: contratar Escudo por 2 mil 700 millones; asignar contratos de medicamentos a monopolios sexenales, declarar desiertas licitaciones y hacer asignaciones directas multimillonarias, comprar terrenos privados por encima del precio de mercado y vender terrenos públicos por abajo del mismo precio, sin que a los editores de los medios de comunicación les parezca que exista ahí interés público alguno.

No es toda la prensa, ni lo es todo el tiempo. Algunos de esos medios recuerdan a veces que tiene obligaciones con la verdad y con el interés colectivo y llevan adelante una que otra investigación que al poco tiempo muere, cuando hay que revisar de nuevo los convenios de publicidad con el gobierno, cada vez mayores, cada vez ocupando mayor porcentaje en la facturación de las empresas y cada vez interviniendo más en la línea editorial de esos medios.

Desde luego, la sumisión no carece de consecuencias. Los medios de comunicación que reproducen los discursos gubernamentales en ocho columnas  ven constantemente reducida su circulación. Los diarios de la OEM, por ejemplo, son cada día más testimoniales y solo sobreviven porque forman parte de una cadena nacional y por las injustificadas sumas que les inyectan los gobiernos estatal y municipales.

Las televisores locales ven su audiencia reducida a niveles de ridículo, a grado tal que el canal oficial del gobierno del estado con su apuesta por emisiones deportivas y culturales sin pago de derechos ni cobro de tiempo aire, ya rebasa a las emisoras de las grandes cadenas privadas nacionales.

Los noticieros de radio andan por las mismas. Sin los políticos, que se oyen a sí mismos y pagan todas sus entrevistas, estarían frente a una seria crisis.

Lo más grave no es la quiebra de la industria de la información, que solo se come con su pan lo que ella misma ha inducido. Lo verdaderamente delicado es la disminución de la discusión pública de calidad sobre los temas de relevancia para la comunidad. Hoy, el ruido de las redes sociales, a veces sensato, pero mayoritariamente cacofónico, parece el vehículo más socorrido para consumir información de forma expedita, aunque adolezca de inexactitudes.

Una sociedad desinformada y carente de instrumentos de contraste y de debate público, no producirá buenas soluciones a sus problemas, como ya vemos en el creciente deterioro que vivimos y en la incapacidad de los actores públicos para hacer diagnósticos objetivos, tomar acuerdos consensuales y realizar planes que puedan rendir cuentas y ser sometidos a evaluación.

La prensa institucional que tenemos parece todo, menos innovadora, no podemos esperar de ella una salida. Tampoco de los partidos políticos, metidos en la negociación de beneficios particulares como ya lo muestra el nuevo Congreso de Guanajuato, algo de lo menos innovador del mundo. Desde el Poder Ejecutivo en manos de un político treintañero, no se escuchan buenas noticias, con su apuesta por el mutismo, la cerrazón y la ausencia de explicaciones, ni siquiera a los medios domesticados.

Queda la prensa independiente, la de los  reporteros que han decidido apostar por la autonomía, los medios que usan el internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, que reportan al momento y que enfrentan boicots publicitarios, intimidación y presiones desde las oficinas públicas, pero que han crecido en audiencia, en capacidad de sobrevivencia y en velocidad de reacción. Ahí puede estar el germen de una energía transformadora que mucha falta le hace a Guanajuato.

Por lo pronto, Miguel Márquez se pasea, al parecer en alguna ciudad canadiense, mientras su compadre y socio Rafael Barba ha cambiado su domicilio a otra urbe norteamericana, despreocupados de lo que acá se empieza a saber de sus manejos abusivos de las decisiones y los recursos públicos. Saben que no corren riesgos con el gobierno de Diego Sinhue, tan atado de manos. Saben que en los medios nadie los molestará, por lo menos en esos medios a los que tan bien trataron por seis años.

Con ese panorama, perdonen mi escepticismo, pero no veo por ningún lado una pretendida «grandeza» de Guanajuato. Si veo, en cambio, una gran miseria cívica, escasa calidad moral y mucha complicidad.

Hay tarea por hacer.