Cientos de miles, quizá millones gastados en el informe de Luis Felipe Guerrero Agripino, no hablan de logros, pero si de ambiciones; por eso se entiende que ya no voltee a la tierra e ignore los problemas de la institución que encabeza.

Boato, pompa y circunstancia, munificencia, dispendio. Son muchos los conceptos y los calificativos que venían a la mente al ver el despliegue de recursos realizado por la Universidad de Guanajuato para lo que debería ser un ejercicio simple y republicano: la rendición de cuentas a la sociedad.

Como en los mejores tiempos del priismo histórico, el informe de labores de Luis Felipe Guerrero Agripino fue un acto de lucimiento, un intento de intimidación, un ejercicio de soberbia. El rector magnífico, tocado por tintes monárquicos, está lejos de sus súbditos, levita sobre el piso, está más allá del bien y del mal, no se le puede juzgar porque va ya en su camino predestinado a la gloria excelsa.

Tradicionalmente, las Universidades mantienen su resabio medieval de instituciones autoritarias, altamente jerarquizadas, patriarcales y, por ende, machistas. Sin embargo, la de Guanajuato le dice a muchas otras que realizan intermitentes esfuerzos por modernizarse y ponerse al día: quítate que ahí te voy.

Las reseñas de medios de comunicación afectos a la rectoría, como el Correo y los Soles, son apoteósicas: se habla de que no cabía un alfiler en el auditorio, pero nada se dice de los camiones de estudiantes acarreados desde los diversos campus, en su mayoría de primer ingreso; un columnista dice que Luis Felipe “salió airoso”, porque no hubo ningún incidente en el recinto, esto mientras en el campus León se realizaba una manifestación que reclamaba espacios seguros para los alumnos; otra pluma a modo habla ya del “segundo mandato de Luis Felipe”, con lo que se entiende un poco a dónde iba el despliegue de recursos usados en el informe.

Lo patético es que una institución que por definición debería ser un tanque de pensamiento y un espacio enfocado a la innovación, a la búsqueda de nuevas formas de relación y de organización social, se refugie en el pasado y recurra a un discurso público que le iría bien a Gustavo Díaz Ordaz.

Quizá ahí radica la explicación de porque Guerrero Agripino y su pequeña corte no pueden concebir que un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad de Guanajuato hayan alzado la voz en un grito de auxilio para pedirle a la institución que ofrezca espacios seguros y dignos a sus estudiantes, que se esfuerce en erradicar una vieja práctica normalizada en las aulas universitarias: el acoso sexual de profesores que hace no mucho se disfrazaba de galantería inoportuna, pero que hoy ha sido llamado por su nombre.

Las primeras respuestas no son afortunadas. El secretario general de la Universidad, un funcionario fusible puesto ahí por Agripino para quemarlo a la primera crisis, cuyo campo de experiencia es la asesoría en manejo de personal, ha salido a subrayar que no tiene denuncias formales, cuando la esencia de la parálisis que vive U Género, la ventanilla creada para esos menesteres es su incapacidad para canalizar sin revictimizar.

Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa ha salido con el superado discurso de la “contención sicológica” a las víctimas, como si las responsables de las violaciones a sus derechos fueran ellas y no los profesores que gozan de una posición de poder en el aula y que están sometidos teóricamente a ordenamientos académicos, normas de conducta y códigos de ética.

Con sus respuestas, se entiende porque U Género no funciona. Rodríguez de la Rosa es doctor en Educación por la Universidad Pepperdine, que no es precisamente una institución patito pese al nombre, pero si una universidad de tipo medio, ubicada en California, la cual está afiliada a las Iglesias de Cristo, un movimiento religioso restaurador con raíces sumamente conservadoras.

Así que entre el rectorado imperial de Agripino, cuya misión es reelegirse y de ahí al infinito y más allá, y la chata visión conservadora y machista de su secretario general, el tema del acoso y la falta de respeto a los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, una entidad pública que recibe anualmente más de 5 mil millones de pesos de la federación y el estado, no parece tener una solución viable en el corto plazo.