Limpiando el desastre que heredó, el ex procurador de derechos humanos del estado hace méritos para proseguir una carrera en el servicio público; la máxima priista de que vivir fuera del erario es vivir en el error, es más vigente que nunca en el Guanajuato del PAN.
El segundo secretario de Gobierno de Miguel Márquez Márquez ha podido hacer muy poco para distinguirse de su antecesor, el notario francorrinconense Antonio Salvador García. El papel de Gustavo Rodríguez Junquera como coordinador del área de Seguridad se limita a una vocería muy acotada, mientras que la coordinación con otros órdenes de gobierno está condicionada a la etapa electoral que se vive.
En cambio, la vocación por el orden del ex procurador de Derechos Humanos lo ha llevado a tratar de organizar el caos que recibió en muchas de sus áreas, so pena de que el nuevo gobierno le atribuya responsabilidades por algo que quizá no causó, peor que si habría tolerado.
Esa situación explica el reciente relevo, llevado a cabo de manera discreta, del director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, David Cabrera Morales, quien se venía desempeñando desde el sexenio de Juan Manuel Oliva, para que ocupara el cargo el exitoso notario leonés César Santos del Muro Amador.
Cabrera Morales llegó al cargo no por capacidad, sino como premio político después de haber abandonado la bancada del Partido Verde en la segunda legislatura del gobierno de Oliva, que no concluyó como diputado panista pues se incorporó a la Secretaría de Gobierno como responsable de notarías, donde sobrevivió al cambio de sexenio.
Sin embargo, la falta de experiencia y probablemente también de capacidad del ex asesor y diputado ecologista tuvo sus consecuencias que se fueron acumulando a lo largo de los años, reflejadas sobre todo en un gran desorden del área que fue aprovechada por notarios influyentes, sobre todo cercanos al PAN, para facilitar sus operaciones.
Al parecer y dada la magnitud de la decisión, el desorden era realmente para poner los pelos de punta. Rodríguez Junquera debió echar mano de todo su ascendiente personal sobre César Santos a fin de que se separara unos meses de su concurrida notaría, para hacerse cargo de una responsabilidad oficial donde ni los ingresos ni el tiempo que debe dedicarle a la ingrata tarea de recoger un auténtico tiradero, le compensan la suspensión momentánea de su actividad como fedatario público.
El tema no es menor y habla del desapego con el que ha llevado el gobierno Miguel Márquez Márquez, quien prefirió favorecer a algunos de sus amigos que hacerse de funcionarios competentes. Hoy hay necesidad de recuperar el tiempo perdido a marchas forzadas.
Por otra parte, Rodríguez Junquera tiene un aliciente poderoso para tratar de reordenar la secretaría a la que entró como relevista después de haber ejercido ocho años como un Procurador de Derechos Humanos que nunca descuidó su buena relación con el Ejecutivo, a grado tal que se le permitió dejar sucesor.
En efecto, un trabajo detallado para limpiar las fallas de su antecesor le permitirá a Rodríguez Junquera aspirar a repetir en el cargo en tanto se presenta la oportunidad de ir a una sala del Poder Judicial, donde podría estar hasta 14 años en un retiro dorado que dejaría en claro que su principal objetivo no fue nunca la defensoría del pueblo, sino la complacencia con los poderosos a cuyas manos ha encomendado su destino.