Los dos partidos más votados de Guanajuato a lo largo de las últimas dos décadas, el PAN y el PRI, se encuentran en proceso de resolver sus candidaturas a gobierno de Guanajuato en medio de intrincadas pugnas internas resueltas solo por unos cuantos grandes electores.

Esta vez, a diferencia de otras ocasiones en el pasado, los militantes de ambos partidos políticos, a los que ese suman satélites que se aliaron como el PRD, no fueron consultados ni siquiera con carácter escenográfico.

La alternancia política a nivel estatal en Guanajuato, vista por única ocasión en 1991, se produjo cuando una rebelión de intereses empresariales, partidistas y ciudadanos se aglutinaron para rechazar el inveterado dedazo institucionalizado por el PRI y que derivaba en la selección de un gobernador por parte del presidente de la República, que asumía inapelablemente el cargo después de una campaña que era meramente referencial y una elección simplemente testimonial.

No más virreyes, parecía ser la consigna representada en la lucha que encabezó entonces Vicente Fox Quesada, mediante la cual logró, después de una movilización que primero fue electoral y después en las plazas públicas, la decisión presidencial de hacer renunciar a Ramón Aguirre Velázquez y la negociación mediante la cual se generó un interinato encabezado por Carlos Medina Plascencia, el cual no dejó de tener cierto tufo a virreinato.

Cuatro años después, el propio Fox completaría su obra al derrotar con claridad a un candidato priista que, paradójicamente, fue el primero en ganar una asamblea interna sin influencia del centro.

Sin embargo, como luego ocurrió a nivel nacional, el gobernador Fox no logró cambiar un centímetro la calidad de la vida política y democrática de Guanajuato. Su obsesión con ser candidato presidencial le hizo gobernar Guanajuato por encimita y dejar a su partido al garete, en manos de operadores políticos emergentes, como Juan Manuel Oliva; y de  jerarcas del Yunque, como Elías Villegas.

El PAN sobrevivió y se aferró al poder convirtiéndose en un discípulo aventajado del PRI, aunque en un principio conservó formas democráticas para elegir a sus candidatos.

Juan Carlos Romero Hicks fue electo en una asamblea tramposa donde hubo hasta compra de votos, peor había al menos un espacio donde se expresaban las bases. Juan Manuel Oliva ganó una elección abierta después de una precampaña de años y de no soltar el control del partido y sus organizaciones.

Ese mismo esquema funcionó todavía con Miguel Márquez, derrotando en ambos casos a candidatos que contaban con respaldo moral de la presidencia de la República panista: Javier Usabiaga y José Ángel Córdova.

El impulso, sin embargo, se agotó bajo la presidencia de Ricardo Anaya y la gubernatura de Miguel Márquez, quienes asumieron plenamente el discurso de realismo político y desprecio de la democracia, incluso en sus inocuos mecanismos formales, característico de la cultura priista.

Hoy, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se asume como el primer candidato a gobernador del PAN electo y validado en una mesa de solo dos personas.

La responsabilidad de este proceso de degradación no recae únicamente en los protagonistas activos, sino que evidencia la crisis de un partido que ya no representa los anhelos que le hicieron crecer como opción política, sino únicamente una defensa de privilegios y una complicidad que busca vulnerar la rendición de cuentas.

Es decir, 20 años bastaron para que el PAN de Guanajuato olvidara ideales democráticos de medio siglo de “brega de eternidad”. Lo que tanto se temía, ocurrió con celeridad: el poder y sus encantos evaporaron los principios democráticos, quizá a la espera de poder gobernar 70 años ininterrumpidos como el PRI.

Sin embargo, al PRI la oposición no le enseñó a ser democrático. Sexenio tras sexenio, sus candidatos han recibido la bendición del comité nacional y ahora del presidente de la República y del candidato presidencial. Por ello, quizá la referencia a la existencia de bases priistas es solo una figura retórica, una mera entelequia.

Hoy se cocina un candidato entre dos opciones: José Luis Romero Hicks, el que puede dar más votos a la campaña de José Antonio Meade por frescura, preparación y hasta por mimetismo con su hermano el exgobernador panista; y Gerardo Sánchez, propietario de la anquilosada estructura directiva del PRI en Guanajuato e impresentable por su persistente uso patrimonialista de fondos públicos que lo han enriquecido. El tema es que en la mesa de la decisión quizá no hay más que dos o tres personas.

Así, Guanajuato se enfrentará en el 2018 a una elección entre opciones que no representan un ejercicio de democracia en sus respectivas organizaciones políticas. Tampoco pueden presumir de formas democráticas el candidato de PVEM y la candidata de MORENA, los otros ya definidos.

La competencia democrática, increíblemente, nos ha vuelto más antidemocráticos.

Botepronto

La designación de Claudia Barrera como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia fue acogida con euforia en los diarios de la OEM en Guanajuato, dirigidos por Alejandro Herrera, el contratista de empresas fantasmas para que intermedien su relación comercial con el vocero de Miguel Márquez, Enrique Avilés.

Hay una explicación más allá del chayote institucional que engorda la facturación de estos diarios: el despacho de abogados que encabeza Manuel Herrera Moreno, padre de Alejandro Herrera, muy probablemente esté esperando gozar de una posición de privilegio en sus “alegatos de oreja” ante los funcionarios judiciales de Guanajuato.

Así que los riesgos para la autonomía del Poder Judicial de Guanajuato provienen de muchos frentes, gracias a la complacencia y la dejadez con la que termina su mandato Miguel Márquez.

La nueva presidenta tendrá que andar con pies de plomo frente a quienes ven con tanto entusiasmo su llegada, como si la justicia no fuera ciega, es decir, lo que todos de una u otra manera sospechamos en este país.