La publicidad oficial evidencia su verdadera intención de controlar a los medios, al observar su fracaso en difundir los programas gubernamentales; León es un caso emblemático.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia favorable a la solicitud de amparo de la organización de defensa de la libertad de expresión Articulo 19, es clara en su argumentación para ordenar al Congreso de la Unión que legisle en materia de regulación de la publicidad que contrata el gobierno en los medios de comunicación.

Parte de esa línea de razonamiento es que el consumo de publicidad oficial que es absolutamente discrecional ha venido sirviendo para que los medios se vean comprometidos “y obligados a producir informes favorables a quienes tomen las decisiones sobre asignación de publicidad estatal”, citando para ello jurisprudencia internacional.

A ese tema no han sido ajenas administraciones de todo signo que han ejercido posiciones de responsabilidad en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del estado. No hay que ir muy lejos para observar la forma coercitiva y artera en que se contrata publicidad en nuestro entorno.

Ahí está el caso del municipio de León, donde tras la apariencia de pulcritud de funcionarios como el alcalde Héctor López Santillana,  los síndicos Luis Ernesto Ayala o Carlos Medina o regidores como Salvador Sánchez, Federico Zermeño o Ana Coco Carpio, entre otros, todos destacados integrantes del sector empresarial y defensores de valores democráticos, se cebó un atentado flagrante contra la libertad de expresión en el caso de la conductora Socorro Bernal del noticiero el Poder de las Noticias en la estación de radio La Poderosa.

Aunque los platos rotos los pagó el director de comunicación social Ignacio Camacho, lo cierto es que ninguno de los integrantes del Cabildo, incluyendo la oposición, tuvo una intervención decisiva para demandar una investigación sobre la petición de remover a Bernal de la conducción de su propio espacio para hacerle cómoda la entrevista a López Santillana.

El gran argumento, según ha trascendido por las discusiones de la propia periodista con su empresa, para exigir con prepotencia que el espacio noticioso doblegara su autonomía editorial, fue el convenio de publicidad del municipio con la radiodifusora.

La falta de solidaridad de la mayor parte del gremio y de las empresas de comunicación en torno al tema, evidencia el control de las líneas editoriales por parte de los comunicadores oficiales y de sus patrones, los responsables políticos del municipio.

Algo que en cualquier otro país sería un verdadero escándalo, sobre todo aquellos a los que quieren parecerse los empresarios panistas que nos gobiernan, aquí fue barrido debajo de la alfombra junto con la cabeza de turco de Camacho, quien incluso se encontraba de vacaciones cuando el hecho ocurrió. El responsable directo del acto de censura, David Monjaraz, sigue trabajando en la oficina de prensa municipal.

La investigación publicada por Zona Franca esta semana deja en claro que el gasto de más de 100 millones de pesos del municipio leonés no tiene como finalidad promover los programas del municipio, pues es algo que no se ha logrado en más de 24 meses, sin hacer mayores modificaciones, sino al contrario, incrementando el gasto en medios que no están dando resultados.

Como también queda claro que la otra finalidad, que sería subrepticia pues va contra la ley, de posicionar la imagen del alcalde y su administración entre la ciudadanía, tampoco se está logrando vista la pobre consideración en que se les tiene según dejan ver redes sociales y encuestas, la conclusión es que el objetivo del enorme gasto publicitario que ejerce la administración panista de León es el de evitar que los medios reflejen la inconformidad ciudadana.

En ese terreno es el único donde están teniendo éxito. La delicada situación en materia de seguridad que vive León; el deterioro de la corporación policiaca que padecen a diario los vecinos en sus colonias; el desorden de una obra pública caótica, lenta y carente de planeación; la rebasada movilidad; los incrementos a servicios como el agua y el transporte público, no son situaciones que se reflejen en los medios de comunicación tradicionales, con la profundidad con que lo resienten miles de leoneses.

La única explicación de que los editores de diarios y noticieros no den voz a los ciudadanos leoneses que desesperan de la complicada situación que enfrentan a diario, es el enorme recurso que se derrama desde la tesorería municipal hacia las empresas periodísticas, en detrimento de muchos otros programas de mayor urgencia para la ciudad.

El daño es doble cuando los ciudadanos son supinamente ignorados por los medios que deberían darles voz, por lo menos para equilibrar los espacios oficialistas. De una parte se hace nugatoria la libertad de expresión, que no es de los medios sino de la sociedad; de la otra, se anula la riqueza de la diversidad que debería mostrar la gran cantidad de medios existentes, uniformados por el dinero público que se convierte en el gran editor ex cátedra.

Por situaciones como las vividas en León, que se reproducen a lo largo y ancho del país, en municipios estados y el gobierno federal, la sentencia de la Corte en el caso Artículo 19 contra las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, no solo es una bocanada de aire fresco sobre la normalización de las complicidades entre gobiernos y empresas periodísticas, sino que puede ser un verdadero detonador para modernizar esa relación, esencial para una democracia de a deveras.