Ni Miguel Márquez, mucho menos su agente «cero trampas», buscan combatir la corrupción. Allí están los 3 días de Olivera mandado al rincón del salón, o la amenaza a las víctimas de fraude en SDES.
Ya había perdonado a medio mundo en el caso Escudo y en la compra fraudulenta de insulina china. Cada auditoría que le ha enviado el Congreso ha ido directo al cesto de la basura de la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.
Isabel Tinoco será recordada en los anales de Guanajuato por el draconiano castigo de tres días de suspensión al manirroto e indisciplinado secretario de turismo de Guanajuato, Fernando Olivera. La verdad es que después del cambio de nombre, en esa dependencia no ha pasado nada digno de mención en cinco años.
Las “relevantes” acciones de colocar una manta con una enfática frase en la fachada del edificio y la campaña “cero trampas” dirigidas a niños de primaria, se antojan casi ridículas ante lo que que al principio del sexenio se vislumbraba como una de las líneas políticas de mayor compromiso en el gobierno de un ex secretario de la Gestión Pública, como lo era Miguel Márquez.
Ahora, siguiendo la línea de connivencia y lenidad que será la marca de su gestión, Tinoco ratifica su actuar anodino con la declaración de que nada puede hacer contra el funcionario prófugo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable que construyó un entramado irregular para cobrar “moches” en los créditos de los programas federales de apoyo la pequeña empresa.
La línea de Tinoco para garantizar la impunidad de Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, es que ninguno de los afectados se presentó a declarar. Y esto ocurrió después de que estos empresarios fueron advertidos de que serían susceptibles de ser procesados al igual que el funcionario, por haber accedido a pagar las exacciones con las que los condicionaron para obtener los créditos.
La lógica de Tinoco, como la de Márquez, es la de que tanto peca “quien mata la vaca como quien le detiene la pata”. Esa actitud, absolutamente simplona y cómplice, no toma en cuenta que el poder que ostenta el funcionario que tiene información y manejo de la gestión de los recursos es superior al del potencial beneficiario que está totalmente en sus manos.
Toda proporción guardada es como si responsabilizaran igual a un secuestrador o a un extorsionador que a la víctima que accede bajo amenaza a sus exigencias.
En los sistemas penales más avanzados existe la figura del testigo protegido, la cual incluso llega a amparar a delincuentes confesos, pero cuyo testimonio es necesario para lograr el castigo de un blanco criminal de mayor peligrosidad para la sociedad. Lejos de eso, la equiparación de víctima y victimario, por parte de la antitransparente Tinoco, habla de sus verdaderos intereses.
La lógica de Tinoco, avalada por su jefe Márquez, lo único que logra es garantizar a los funcionarios corruptos y a los potencialmente corruptos que obtendrán la impunidad si consiguen inodar a sus víctimas en las artimañas que planeen.
Se trata de una táctica que no persigue acabar con la corrupción, sino solo justificar a un aparato caro e ineficiente que no solo no ha logrado disminuir la corrupción, sino que parece planeado para incentivarla. Los tres días de “castigo” de Olivera son el mejor emblema del trabajo de Tinoco y del compromiso vacío de Márquez para luchar contra la corrupción.
Como hace seis años, otro gobierno panista concluye su gestión inmerso en sospechas de malos manejos, de complicidad y de divorcio con los intereses de la sociedad.
A Márquez le gusta mucho presumir que lo pueden acusar de muchas cosas, pero no “de transa ni de flojo”. Sin embargo, la incapacidad de su gobierno y de su agente “cero trampas” para simular una mínima actuación de freno a la corrupción, dejan en entredicho esa afirmación.