Una malversación de millón y medio de pesos de Bárbara Botello mueven al aparato judicial de Guanajuato más que irregularidades por 66 millones de Fernando Olivera o 165 millones de la SSG de Oliva.

Los resentimientos políticos que ha acumulado en su contra Bárbara Botello a lo largo de su carrera política, muchos en su propio partido, contribuyen a ocultar la evidente decisión política de Miguel Márquez de lanzar todo el poder de su administración y su partido en contra de la priista que ensombreció su triunfo electoral en 2012 y que luego se le enfrentó sistemáticamente, en la primera mitad de su mandato.

Botello, además, resulta indefendible en su imagen y en su trayectoria, sobre todo por la forma en que desperdició la decisión del electorado leonés de buscar una alternancia política tras un cuarto de siglo de panismo, haciendo naufragar esa esperanza en un gobierno frívolo, atrabiliario, proclive a la corrupción y resucitador de los viejos y tradicionales vicios corporativos del priismo.

Sin embargo, lo que se debe juzgar en una investigación del ministerio público o en un juicio de procedencia no es la fama pública, ni la percepción ciudadana, tampoco las filias, las fobias y las traiciones de la política a la mexicana, sino los hechos constitutivos de delito.

En ese sentido, el millón y medio de pesos que Carlos Zamarripa, procurador de justicia del estado, trata de establecer como un peculado de la ex alcaldesa de León, palidece frente a los 66 millones de pesos de obra irregularmente asignada que le originaron al secretario de turismo Fernando Olivera una sanción ¡de 3 días! de suspensión laboral.

O qué decir de los 165 millones de pesos desperdiciados por completo en la contratación de un sistema de diagnóstico electrónico por la Secretaría de Salud en el sexenio de Juan Manuel Oliva.  Más aún, los perdones otorgados al ex gobernador por el dispendio de los terrenos de la fallida refinería y del elefantiásico Parque Bicentenario de Silao.

Márquez persigue a Botello con toda la fuerza del estado, no porque le ofenda el daño al erario leonés, sino sencillamente porque es su adversaria política. En su momento, lo mismo hizo la priista con sus excompañeros de partido Wintilo Vega y Alejandro Arias, de quienes quería distanciarse luego de haber formado parte de esa corriente.

El problema en el que está metido el país es precisamente ese: la política y el capitalismo de compadres. Los responsables de instituciones públicas, que deberían estar por encima del partidismo, toman decisiones partidistas todos los días: así como les dan negocios a los cuates y  excluyen a quienes les son incómodos, también benefician a sus correligionarios, les dan empleos aunque no tengan perfil, construyen precandidatos con dinero público y persiguen a sus enemigos políticos.

Hoy lo hace Márquez con Botello, mañana lo podría hacer cualquier priista con el propio Miguel Márquez si es que llegara a perder las elecciones. Por eso el empeño en mantener el poder, por eso el uso de recursos públicos y programas sociales para atender clientelas electorales.

En el caso de Miguel Márquez contra Bárbara Botello lo relevante no es que la denuncie, sino que lo haga por un monto tan escuálido y con una argumentación tan endeble, pues a final de cuentas la contratación de empresas fantasma puede tener muchos responsables antes de llegar a quien ostentaba la máxima posición en el municipio.

Además, haberse tardado dos años para armar un caso que se antoja débil habla no de la honestidad de Bárbara Botello y de su administración, tampoco de la habilidad de su operador Roberto Pesquera para borrar huellas, sino sencillamente de la ineficacia del aparato fiscalizador y ministerial del panismo que no ha podido amarrar un caso más contundente.

De la debilidad estructural de la acusación dan puntual referencia los esfuerzos del aparato panista por dotar de espectacularidad a la noticia. De los 500 millones de pesos anunciados por Ricardo Sheffield, pasando por los 87 millones de Éctor Jaime Ramírez Barba hasta llegar al millón y medio final, hay una distancia abismal.

Las conferencias de prensa aquí y en México, en las que se anunció la solicitud de desafuero, fueron eminentemente partidistas, dejando la idea de una búsqueda de espectacularidad que los hechos por si mismos no proporcionaban.

Si así actúan los prohombres de la fiscalización y la procuración de justicia de Guanajuato, cuando tienen una consigna y un objetivo político, ¿qué se podrá esperar en otros casos de menor carga mediática? La lucha contra la corrupción parece destinada al fracaso bajo este esquema.

Si el peculado por un millón y medio de pesos es la carta de presentación con la cual Navigio Gallardo y Carlos Zamarripa buscan afianzar sus reelecciones, se antoja que es momento de empezar a repartir currículums.

Si el linchamiento mediático de Bárbara Botello en las mismas portadas de periódicos que hace no mucho la encumbraban, también a un alto costo para el erario, busca fortalecer la precandidatura de Héctor López Santillana, el alcalde ya tiene otro motivo de preocupación.

No me resisto a la tentación de parafrasear a Talleyrand: las denuncias, como las bayonetas, pueden ser útiles para muchas cosas, menos para gobernar sentado sobre ellas.