La reticencia del gobernador para una acción decidida del estado que, además de resguardar a los menores del albergue, investigue la comisión de posibles delitos, obliga a la intervención federal.

Dos semanas después de que se hizo pública la situación en la que viven los menores albergados en la Ciudad de los Niños de Salamanca y mes y medio después de que fue emitida la sentencia de la juez Noveno de Distrito, queda más que clara la resistencia del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para acatar los ordenamientos de la autoridad judicial e intervenir de manera decidida para proteger a los niños, niñas y adolescentes puestos en riesgo en el lugar.

Por lo menos dos dependencias que actúan bajo las órdenes de Márquez, la Procuraduría de Justicia del Estado y Desarrollo Integral de la Familia, tardaron más de un mes en tomar acción. En el caso del DIF solo fue hasta que el hecho estalló como escándalo público; mientras que la PGJE ni siquiera ahora ha podido esclarecer si tiene carpetas de investigación abiertas.

En sus primeras declaraciones, tanto el gobernador Márquez como el director del DIF, Alfonso Borja Pimentel, fueron más enfáticos en subrayar que “la sentencia aún no está en firme”, en alusión a que existen posibilidades de revisión del amparo, que en hacerse cargo del fondo del asunto: la existencia de centenares de niños viviendo en condiciones inaceptables y en riesgo para su integridad física y sicológica.

Resulta particularmente llamativa la forma en que Borja Pimentel se refiere al caso de una niña que fue resguardada por su dependencia tras de que recibió “un castigo” por parte de una religiosa, consistente en quemarle las manos en un comal por haber robado plastilina. El director del DIF habla de “la detección de una nena que requería de una atención diferente”. Nunca se refiere a la comisión de un delito.

Cuando Márquez aborda el tema a requerimiento de los medios, después de reiterar que la sentencia “aún no causa estado”, señala que ya hubo una investigación de la Procuraduría hace un año, pero asegura desconocer si se han abierto nuevas carpetas después de la sentencia de amparo del mes de junio.

Lo extraordinario es la complacencia, la lenidad. Márquez habla de que no puede intervenir “porque es una sociedad civil”, sin importarle la comisión de posibles delitos contras menores indefensos a los que el gobierno tiene obligación de proteger.

Borja Pimentel, con todo comedimiento, explica que la intervención del DIF se da después de haber conciliado con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, principal responsable de la situación de riesgo de los menores, incluso subraya que de parte del religioso “hubo la mayor disposición.”

Sin duda tiene que ver el hecho de que Gutiérrez Farías es un presbítero con extraordinarias relaciones políticas, en todos los partidos, pero sobre todo entre los panistas. El expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, se cuentan entre los habituales del albergue. El senador Juan Carlos Romero Hicks solía realizar ceremonias religiosas familiares en el albergue, oficiadas por el padre Pedro. Miguel Márquez, seminarista en su juventud, tampoco es ajeno a las actividades del cura católico.

Sin embargo, más allá de la cercanía y de las relaciones personales, de lo que se está hablando es de posibles delitos, validados por testimonios recabados en una investigación judicial; ya no son simples rumores ni denuncias anónimas, como las que se presentaron en los últimos años.

Por esa situación, por la evidente omisión de la autoridad estatal, se ha convertido en una prioridad de organismos de derechos humanos la exigencia de que se ordene una intervención federal y que sea la Procuraduría General de la República quien investiga posibles delitos, tan graves como el registro ilegal de identidad y la posible trata de personas, además de violencia, maltratos y abusos sexuales.

Este miércoles la Red para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la organización Nima, de Guanajuato, establecerán las circunstancias que se han puesto en evidencia en la actuación estatal y la necesidad de que la Federación atraiga el caso.

Ya se dio un avance en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aun parece insuficiente, pues el organismo nacional solo se está basando en la intervención de la Procuraduría local, la cual no oculta su cada vez mayor dependencia del gobierno estatal.

Si los derechos de niños, niñas y adolescentes son algo más que letras en leyes de reciente aparición y en tratados internacionales firmados por el país, algo urgente debe ocurrir en el caso de la Ciudad de los Niños. De no ser así, la presión de organismos defensores de derechos humanos y de un sector importante de la sociedad y de los medios, irá en aumento.