Después de un arranque prometedor, el nuevo secretario de Gobierno de Miguel Márquez empieza a verse rebasado por conflictos nuevos, antiguos e inventados; Gustavo Rodríguez corre el riesgo de volverse tan anecdótico como su antecesor.

En el arranque de su administración Miguel Márquez eligió deliberadamente un secretario de gobierno sin perfil político. La medida fue muy parecida a la que tomó el último gobernador priista, Rafael Corrales Ayala, que deliberadamente escogía a su número dos pensando en que no lo opacaran.

Sin embargo, el priista cambió de titular de la SG ¡en 4 ocasiones! Sabía del desgaste del cargo y cuando ya alguien iba entendiendo o cuando surgía un problema delicado, los relevaba como fusibles quemados.

En cambio, Márquez aguantó a Antonio Salvador García la friolera de 4 años. En ese lapso le crecieron numerosos problemas de gobernabilidad y el gabinete se balcanizó, generando verdaderos feudos, por ejemplo en el área de Seguridad, en Finanzas, en Desarrollo Económico.

Cuatro años después, con un gobierno a baja velocidad frente a un estado que crece económicamente y que se descompone en el relevante terreno de la seguridad, Márquez se vio forzado a pedirle la renuncia a su amigo y paisano, Antonio Salvador García, para designar a un Secretario de Gobierno de recambio, un cerrador como se diría en el argot beisbolero: el ex procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera.

El nuevo funcionario, sensibilizado por su anterior encargo, empezó su gestión con presencia de cancha, por ejemplo cuando intervino para frenar el exabrupto del líder cameral panista Éctor Jaime Ramírez barba, de avanzar una ley de protección a periodistas retrógrada y a contrapelo del debate nacional en la materia.

Rodríguez Junquera, conocedor del discurso en materia de derechos humanos y dueño de conexiones en al foro jurídico nacional, debió prever que la ley de Ramírez Barba respaldada por el PRD y el PRI, solo sería motivo de desprestigio para el gobierno marquista.

Sin embargo, esos buenos lanzamientos empiezan a extrañarse apenas dos meses después de aquella jugada de pizarrón, en la que Rodríguez Junquera echó a andar a su heredero (literal), el actual titular de la PDHEG para formalizar el freno a la cuestionada iniciativa.

Los casos empiezan a acumularse y las complicaciones a proliferar: ahí están los casos del albergue Ciudad de los Niños de Salamanca; el enredo del Teatro Bicentenario, en León; la infiltración de las corporaciones policiacas estatales; el complicado caso del presunto secuestrador chileno de San Miguel Allende; y, por si algo faltara, los golpes internos en el gabinete marquista.

En el caso de Salamanca, la actitud general del gobierno parece obedecer a las simpatías que existen desde la cúpula panista hacia la labor del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, lo que ha evitado que se cumplan los mandatos de una jueza federal que pidió no solo intervenir el albergue Ciudad de los Niños y resguardar a los menores que allí se encontraban, sino abrir carpetas de investigación sobre la comisión de presuntos delitos, sobre los que hay suficiente evidencia.

La tarea de un político, que además es un competente abogado, como Rodríguez Junquera, tendría que estar del lado de la aplicación de la ley, no de una lógica de protección y de favores a un ministro religioso influyente entre la clase gobernante. Mientras las omisiones se acentúan en Guanajuato, el caso crece en la opinión pública nacional por la acción de Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas en derechos de niños, niñas y adolescentes.

El caso del Teatro Bicentenario podría ser utilizado como ejemplo en las escuelas de ciencia política y de administración pública, sobre aquel viejo principio táctico de no querer componer lo que no está descompuesto.

Por validar una intriga personal del director del Fórum Cultural, un funcionario menor que quiere darse aires de importancia, desde la Secretaría Particular de Márquez se alentó una intriga que ha desgastado enormemente la imagen del gobierno estatal en un estamento con peso específico en León y en el estado. Tampoco ahí se ve una capacidad de previsión ni de corrección del nuevo operador político del gobernador.

El desgaste de la seguridad pública es constante, pero mucho tiene que ver en ella el hecho de que el núcleo de la seguridad se limita a la Procuraduría y a la Secretaría del ramo, sin que se respete la conducción política de la Secretaría de Gobierno, pese a la instrucción precisa de Márquez cuando designó al ex ombudsman del estado. Hoy, como en tiempos de García López, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca se siguen mandando solos.

Aunado a ello, hoy se sabe que las corporaciones estatales no son tan impenetrables como presumían sus máximos comandantes; que su área jurídica es poco sólida para la articulación de los procesos y que a eso se deben muchas liberaciones y no a las leyes a las que se quiere culpar. Eso es lo que puede quedar en evidencia en el caso del ex guerrillero chileno capturado en  San Miguel de Allende acusado de secuestro, en lo que constituye un caso intensamente mediatizado.

Pero lo más crítico, en medio de todo esto, quizá sea el clima de confrontación y de golpeteo bajo la mesa que comienza a apreciarse en el ejercicio cotidiano del gobierno.

No hace mucho se vivió un auténtica guerra civil en la antesala del gobernador entre el titular de la Particular, Ricardo Narváez, y su segundo de a bordo impuesto por necesidades política, Gerardo Trujillo. El pleito, que partía de ambiciones para el 2018 en el distrito del que forma parte la ciudad de Guanajuato, llegó a las columnas de varios medios.

Hoy, de nueva cuenta, desde la Coordinación de Comunicación Social, que mantiene una alianza cerrada con Narváez, se busca atacar al Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, quien tiene decenas de flancos débiles, por uno donde nada tiene que ver: el cargo que tiene uno de sus hijos en el Teatro Bicentenario, incluso desde antes de que su progenitor se incorporara al gobierno.

El echar mano a expedientes incluso familiares, que también ocurrió en los ataques de Trujillo a Narváez al involucrar el trabajo creado para su esposa en Cofoce, ese sí producto de un evidente tráfico de influencias, nos habla de la sordidez que están alcanzando las confrontaciones en el seno del cuarto de máquinas de Miguel Márquez.

Y todo eso pasa, justo cuando el gobernador sale con la tardía embajada de que está pensando buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Quizá sea por eso, como bien lo sabe el ranchero Miguel Márquez: el ojo del amo engorda al caballo.

Sería la ocasión para que Rodríguez Junquera afianzara las riendas, asumiera la encomienda que el gobernador le dio en su nombramiento y empezara a mostrar que tiene oficio político y temple, a diferencia de su antecesor.

Sin embargo, quizá por la multiplicación de pendientes, quizá por falta de respaldo político y hasta de colaboradores eficaces, quizá por no quererse meter en problemas, esa oportunidad parece estar escurriéndose como agua entre los dedos.