Cuando lo señalaban por malos manejos en la compra de terrenos para Toyota, Márquez pedía que lo investigaran «el FBI y la CIA»; hoy, empleando sus atribuciones, maniobra para dejar enclenque al sistema estatal anticorrupción.

Los defensores y cronistas del gobierno de Miguel Márquez, que hoy por hoy pululan en todos los partidos políticos y en la comentocracia, dirán que “culpas son del tiempo y no de España”, en referencia a que el grandilocuente Sistema Estatal Anticorrupción aterrizó en Guanajuato con los mismos defectos que en el país.

Sin embargo, este pretexto que han esgrimido hasta el hartazgo los diputados locales para justificar las limitaciones de la que se quería que fuera una reforma radical para combatir la mayor lacra del país, no basta: si el gobierno de Márquez se refugia en las deficiencias del que encabeza Enrique Peña Nieto para minimizar su responsabilidad, entonces quiere decir que comparten culpas y probablemente también visiones.

La construcción de un contrahecho esquema para combatir la corrupción, donde en los Tribunales de Justicia Administrativa quedan como responsables amigos del titular del Poder Ejecutivo, además de que en la fiscalía anticorrupción se preserva a un burócrata que no tiene un solo logro en su haber en esa materia, evidencia que lo que se quiere es que el sistema no trabaje.

¿Y cuál sería la explicación de porqué un gobernante no quiere dotar de fortaleza institucional a los nacientes órganos de combate a la corrupción? No hay que ir lejos por la respuesta: porque no tiene la tranquilidad de conciencia de no haber incurrido en actos violatorios de la ley y en afectaciones del patrimonio público.

Hace un año, después de que se hizo pública la investigación periodística sobre la existencia de intermediarios en la compra de los terrenos para la automotriz japonesa Toyota, los cuáles habían sido tolerados y auspiciados desde instancias gubernamentales, Miguel Márquez exclamó a voz en cuello: “que me investiguen la CIA y el FBI”.

En ese momento, el gobernador se encontraba preocupado y en reuniones con directivos de varios medios de comunicación aclaró que su gobierno nada tenía que ver con la actuación de empresas privadas que se adelantaron a la compra de los terrenos.

Sin embargo, se negó a que se hiciera pública la información detallada de las compraventas y la reservó por 5 años, en tanto que la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior se negaron a indagar las primeras operaciones de compraventa, donde se dio la especulación que produjo pingues ganancias, además de que tampoco se investigó la posible colusión de intereses entre funcionarios de Desarrollo Económico y las empresas inmobiliarias que supieron exactamente dónde y cuándo comprar para hacer el negocio de la década.

Y en una operación de ese tipo no sería necesario que investigaran “el FBI y la CIA”, como quiere el gobernador Márquez, sino simplemente instituciones públicas del estado con autonomía y fortaleza institucional.

Pero así como en 2016 los órganos existentes y sus titulares no pudieron ir más allá de los límites autoimpuestos, de la misma manera las instituciones que están conformando, por cierto de manera exprés, los diputados de la LXIII Legislatura, tampoco podrían indagar a profundidad.

Miguel Márquez, como Enrique Peña Nieto o como en su momento Javier y César Duarte, no quieren que nadie los investigue cuando dejen el poder. Esa situación solo ha podido ser revertida por el triunfo de otras alternativas políticas en las urnas, como se vio en Veracruz, en Chihuahua, en Sonora y en Quintana Roo.

En Guanajuato, Márquez no solo evitó investigar a Juan Manuel Oliva, sino que lo ha mantenido en mesas de decisión política y consulta su opinión no siempre para hacerle caso, pero si para no tenerlo operando en su contra.

Por lo pronto, el Sistema Estatal Anticorrupción que han construido los diputados de Guanajuato, incluyendo los de los partidos opositores, con la destacada injerencia de una empoderada emisaria de Márquez, la coordinadora de estrategia política, Juana de la Cruz Martínez Andrade, no es sino un entramado burocrático que servirá para darles chambas a algunos “cuates”, como se expresa el gobernador de su procurador de justicia.

Para lo que no servirá, ni por equivocación, es para avanzar ni un centímetro en el control de la desatada corrupción que se vive en muchos ámbitos de la vida pública en la entidad.