Aunque es una obra federal, el concurso de estado y municipio eran vitales para la feliz conclusion del sistema de suministro de agua a León desde El Zapotillo; esto no pasará en los tiempos planeados y ni siquiera en la prórroga, lo que es un fracaso a todas luces.

En octubre de este año, de haberse cumplido los plazos originales, la ciudad de León debería estar contando con 3 mil 800 litros de agua por segundo, provenientes de la presa El Zapotillo. Ese volumen vendría a sustituir el agua extraída de pozos cada vez más profundos y permitiría a la zona metropolitana continuar su ritmo de crecimiento.

No será así. Ni siquiera es probable que la fecha de prórroga, julio de 2018, vea la obra terminada, por lo que le tocará a otro gobernador y a otro presidente de la República, si las cosas se enderezan, abrir esa llave.

El tema ha recibido el mismo tratamiento que otros problemas que afectan a la entidad, como el robo de combustible o los asaltos al tren. Aquí también se apostó al peloteo de responsabilidades, a considerar que los retrasos eran culpa del gobierno federal y a abandonar la vigilancia de la buena marcha del proyecto.

La tesis del gobierno de Miguel Márquez de que todo aquel tema donde haya posibilidades de evadir la responsabilidad por que intervienen otras esferas de decisión, ha resultado contraproducente.

A final de cuentas, un gobernador es un jefe político territorial, con una población domiciliada que le entregó su confianza mediante el voto y a la cual le tiene que responder.

Por estar situado justo en el medio, entre los alcaldes agobiados por el trato directo con los ciudadanos, con fuentes de financiamiento insuficientes y dependientes de los recursos federales; y un gobierno federal distante y altamente centralizado, el espacio político del gobernador es el que tiene la mejor visión de cancha y la movilidad política más adecuada para coordinar los esfuerzos de los otros niveles.

Márquez, por ejemplo, tuvo una responsabilidad decisiva en la llegada de Héctor López Santillana a la candidatura y a la postre a la alcaldía; también fue el directamente encargado de conformarle el equipo de ediles que lo acompañan y que no siempre han resultado de lo más cómodo.

Ya como alcalde, López Santillana es el responsable de haber conformado un consejo en el Sistema de Agua Potable de León con notable inexperiencia y con altos intereses empresariales que se desgastan en el corto plazo y que no han sido el motor que se requeriría para impulsar el proyecto más importante en décadas para el futuro de la ciudad.

Pedro González, el presidente del Consejo de Sapal, decidió hacer cambios en la estructura directiva del organismo, eligiendo a un director que le resultara cómodo, aunque careciera de experiencia técnica, el financiero Leonardo Lino Briones.

Mientras el propio Márquez decidía prescindir de la experiencia y capacidad técnica de la directora de la Comisión Estatal del Agua, Angélica Casillas, para mandarla a una aventura electoral de la que salió airosa, pero donde su empuje se desdibuja entre sus compañeros diputados, muchos simples beneficiarios de la meritocracia partidista.

A cargo de la CEAG quedó una subordinada de Casillas, la arquitecta María Concepción Gutiérrez, lo que deja pensar que la legisladora por Dolores Hidalgo sigue siendo de alguna manera quien resuelve los temas complicados de la dependencia.

No parece, sin embargo, la mejor solución de tipo organizacional. En medio de tanta confusión, lo cierto es que la gestión, la supervisión y el control del desarrollo del proyecto han estado fundamentalmente descuidados, siempre en el entendido de que la responsabilidad era de la Comisión Nacional del Agua, como si el beneficio no fuera para los ciudadanos de Guanajuato.

Hoy, a trancas y barrancas, se quiere apresurar la toma de decisiones que podrían haberse definido hace tiempo, antes de que los sexenios estatal y federal entraran en esa nebulosa recta final que esta vez parece anticiparse.

Por lo pronto, producto del descuido, el acueducto que debería traer el agua a León, tanto o más importante que la propia presa, tiene un avance insignificante. El embalse está casi operativo, pero una sentencia federal impide que se complete el último tramo de la cortina.

Por si algo faltara, una postura populista de muchos miembros de la clase política jalisciense, amenaza con detonar los acuerdos bajo los cuales se programó la inversión, otro factor que se agudiza con la llegada de tiempos electorales.

La actual preocupación del gobernador Márquez debería traducirse en un apretón de tuercas en las instancias que le dan seguimiento a su intervención ante Conagua y el gobierno federal. No se podrá recuperar el tiempo perdido, pero sería imperdonable seguir desperdiciándolo.