Una ley que solo busque salvar la cara a los diputados no servirá de nada; sin mecanismos expeditos de respuesta y sin acciones contra la extendida censura que propicia el descontrolado gasto publicitario, estaremos como ahora.
Solo el temor de ser políticamente incorrectos ante el crecimiento de la indignación por la violencia que sufren periodistas en casi todo el país, ha impulsado a los actuales diputados de Guanajuato a sacar de la congeladora varios remiendos de legislación para tratar de generar una ley de protección que abarque también a los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, incapaces de una actitud ponderada, los diputados de PAN, PRI y PRD querían pasar de la omisión a la prisa y hacer olvidar casi tres años de silencio en torno al tema con un típico madruguete legislativo que, en poco más de una semana, pergeñe, revise y apruebe una ley que en otras condiciones podría ser trascendente.
Dejemos en claro que una ley que solo busque hacer quedar bien a los diputados, probablemente no servirá para nada más.
Hasta ahora en Guanajuato los casos de violencia contra comunicadores son contados, por fortuna. Sin embargo, está claro que esas agresiones provienen mayoritariamente de funcionarios públicos de todos los niveles.
Sin embargo, ahora por primera vez, tenemos el caso de un jefe de información que ha recibido amenazas de personeros del crimen organizado, sin que que hasta este momento se conozca un posicionamiento público de las autoridades al respecto.
Estos antecedentes vuelven por demás importante la necesidad de contar con un mecanismo ágil de respuesta a potenciales agresiones en el futuro. La mecánica de las que han ocurrido ya ofrecen una pauta para definir que la respuesta del estado tiene que ser rápida, lo menos burocratizada que sea posible y, además efectiva.
Pero, además, hace falta que la ley contemple sanciones ejemplares para los funcionarios que incurran en ese tipo de conductas, mínimamente inhabilitándolos de ejercer responsabilidades en el servicio público.
La agresión, con todo y ser la más grave de las conductas inhibitorias del libre ejercicio de informar, no es la más extendida. Antes hay un sinnúmero de situaciones de las que los funcionarios y sus encargados de prensa echan mano para evitar la publicación de informaciones que exhiban irregularidades o malas prácticas.
Hoy vemos, con la detención de la otrora poderosa vocera del exgobernador Javier Duarte en Veracruz, Gina Domínguez, como se llevaron al extremo mecanismos de censura que no son en absoluto ajenos a nuestra realidad: la petición de cambiar de adscripción a los reporteros, la uniformidad de las notas oficiales en distintos medios, la utilización de los convenios de publicidad como arietes contra el libre flujo de la información, generando además la complicidad de los directivos y propietarios de los medios.
Ese Veracruz que hace rasgarse las vestiduras a algunos panistas ingenuos como el más claro ejemplo de la maldad priista, no está muy lejos de lo que hemos vivido en Guanajuato por lo menos los últimos dos sexenios.
Por ello, resulta por demás importante que se impulse la existencia de un capítulo especial de censura en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pues esa es la práctica más común, naturalizada y perfectamente asumida que boicotea el derecho a la información de las audiencias y la libre expresión de los profesionales de los medios.
Y la censura más extendida es la que se fundamenta en la asignación discrecional de recursos publicitarios a los medios de comunicación, los cuales han sido llevados en el gobierno de Miguel Márquez a extremos no vistos ni siquiera en el faraónico gobierno de Juan Manuel Oliva.
Mucho presumen los funcionarios de imagen de Miguel Márquez lo bien posicionado que se encuentra en encuestas y en calificaciones, lo que seguramente es un reflejo de la personalidad no extremosa del mandatario, pero también de la cuantiosa inversión realizada en medios de comunicación.
Ponerle transparencia a los gastos no basta, una vez que ya se realizaron, sería necesario también establecer políticas que eviten que una cantidad nada menor del gasto público estatal no pase por ningún otro criterio que el muy personal del vocero estatal, igual que ocurre en los municipios, en las entidades paraestatales y en la universidad pública.
¿Es mucho pedir, como dijo el coordinador legislativo panista, Éctor Ramírez Barba? ¿Es demasiado complicado regular el gasto de comunicación? No debería serlo para quien tiene en sus manos la elaboración de un presupuesto de 75 mil millones de pesos y la fiscalización del mismo.
A menos que sencillamente no se quiera. A menos que se pretenda preservar el poco democrático y anticuado estilo de controlar a los medios mediante premios y castigos en metálico. Parece que eso no va ni con el espíritu original del panismo, ni con las tesis de las derechas más modernas.
En cambio, si va de la mano con el doble discurso del PRI del siglo XX, ese del que se muestran como avanzados discípulos los panistas que hoy gobiernan Guanajuato.