El acuerdo de Miguel Márquez y el general Cienfuegos para crear una base permanente de policías militares en la entidad, cambiará los equilibrios políticos de la lucha contra la inseguridad, lo que ya se deja sentir.

La situación política cambiará radicalmente en Guanajuato en el corto plazo con la decisión conjunta del gobernador Miguel Márquez y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de incrementar la presencia militar en el combate a la delincuencia, al acordar la construcción de una nueva base de la Policía Militar en Irapuato que albergará una brigada de 3 mil 200 elementos, enfocados al patrullaje en respaldo a la policía estatal y las municipales.

En realidad, las cosas ya empezaron a modificarse. Las fuertes declaraciones del general Arturo Velázquez Bravo, comandante de la Décimo Sexta Zona Militar, del pasado cinco de mayo, en torno al robo de combustibles, marcan un cambio de tono en el discurso y en el protagonismo de las fuerzas armadas en la entidad.

De acuerdo con el comandante Velázquez Bravo, una banda que roba a Pemex millones de litros al año, -una sola de sus tomas clandestinas produjo un millón y medio de litros mensuales-, ha actuado prácticamente con total impunidad en la entidad por los últimos ocho años

El jefe de la banda es “el primer objetivo del estado” y al general le extraña que no sea más conocido. El nombre es José Antonio Yepes de la Cruz. En la misma declaración, perfectamente articulada aunque fue en una entrevista de banqueta, el militar subraya que las diferentes corporaciones en la entidad “estamos haciendo acciones no muy bien coordinadas”.

El mensaje es de una claridad pasmosa. Esos ocho años a los que se refiere el comandante de la Zona Militar de Irapuato son los mismos que ha estado Carlos Zamarripa al frente de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, cumplidos con exactitud el pasado mes de marzo.

Y de evidenciar que la coordinación no es de lo mejor, se encargó el propio Carlos Zamarripa al contestarle al general Velázquez a los pocos días que la obligación de detener a los ladrones de combustible es federal, por tratarse de un delito de ese ámbito.

Con su actitud, Zamarripa pone en evidencia el esfuerzo desplegado por su jefe, Miguel Márquez Márquez, en el sentido de confiar en el ejército para atender la grave emergencia de inseguridad y violencia que afecta al estado desde el año pasado y que en buena medida es responsabilidad de sus propios funcionarios.

Naturalmente, la reacción es entendible. La llegada de mayores fuerzas militares, no solo para operación en campo sino también de inteligencia y análisis, serán por demás incómodas para los dos integrantes del gabinete de Márquez que se han manejado con la mayor autonomía: el propio Carlos Zamarripa y su alfil, el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca.

Lo que hoy se revela como un delicado error político, el haber puesto bajo el mismo esquema de control a las dos dependencias que deben responder por la seguridad, una de forma reactiva y la otra en el terreno preventivo, es lo que parece querer remediar el gobernador mediante el acuerdo con la Sedena.

Al carecer Márquez de otra fuente de información sobre lo que realmente ocurre en el terreno, que no sea la de su tándem de seguridad, su punto de vista está comprometido.

Quizá por eso en aquella inoportuna reunión en palacio de gobierno, lo que el gobernador le pidió al procurador de los Derechos Humanos es que se convirtiera en sus ojos y sus oídos en el caso de los niños asesinados en San Miguel de Allende, a diferencia del discurso público, donde aceptó la versión de Zamarripa y le dio su respaldo.

La decisión de traer un brigada permanente del ejército a Guanajuato y construir una base a un costo indeterminado entre 300 y 400 millones de pesos, puede no ser solo táctica, sino también estratégica.

En la recta final de su gobierno, Miguel Márquez parece estar a la búsqueda de certezas y en la limpieza de la casa, sobre todo cuando ve lo que ocurre con muchos de sus colegas que recientemente han dejado el poder.

Ya, por ejemplo, sustituyó al secretario de Salud involucrado en las cuestionadas compras de medicamentos a dos empresas que han monopolizado el servicio en Guanajuato con millonarias utilidades. Ya relevó a un secretario de Gobierno que nunca pudo liderar el gabinete de seguridad.

No es remoto pensar que la intención del taimado político que ha resultado Miguel Márquez, sea la de poner coto a la autonomía de su procurador de Justicia y limitar el poder que ha manejado hasta ahora, y que ya le llevó a colocar un subprocurador en San Luis Potosí y un fiscal en Aguascalientes, extendiendo una base regional de control y de información.

Sin embargo, fiel a su estilo, el mandatario panista no se echará encima la bronca, sino que buscará sacar las castañas del fuego con la mano del gato.

Si así fuera, lo más preocupante de todo es que la afectada tranquilidad de los ciudadanos no sea lo que motive todos estos movimientos, sino que se deban a un ajedrez político que hasta ahora solo ha producido fracasos para la sociedad.