El desastre en seguridad no es enfrentado por los responsables del área, en primer lugar, porque se niegan a aceptarlo; y en segundo, porque usan todos los recursos para ocultarlo.

En el Guanajuato que Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa ven, y que los demás guanajuatenses no vemos, la creciente inseguridad no es un problema estratégico para la vida de los ciudadanos, un freno a la economía y una amenaza para seguir proyectando a la entidad como una zona próspera que acoge empresas y visitantes.

Para esos dos funcionarios, la inseguridad solo representa la amenaza de no seguir ocupando los puestos en los que tan bien les ha ido, a uno por ocho años y al otro por cuatro y medio.

Como además ambos quieren seguir ejerciendo un poder que les permite circular rodeados de guardias de seguridad y hacer lo propio con sus familias, mantener un margen de maniobra para premiar y castigar a políticos de todos los partidos, o acelerar y frenar investigaciones que benefician o afectan a empresarios, el deterioro de la seguridad es una verdadera amenaza a sus pretensiones.

Sin embargo, el incentivo de la permanencia no se traduce en un mayor y mejor trabajo para contrarrestar el deterioro de la situación de inseguridad en el estado, sino que sencillamente, ambos funcionarios y sus equipos se han atrincherado en una batalla de opinión pública para tratar de negar lo evidente.

Hace unos días escribía el especialista en temas de seguridad Alejandro Hope, en el periódico El Universal, sobre este Febrero Rojo de 2017. Guanajuato aparece como uno de los seis estados con mayor crecimiento de homicidios comparado con el mismo mes del año anterior, un 75 por ciento de aumento.

Esa es la realidad que los funcionarios de seguridad quieren negar, primero ante su jefe el gobernador del Estado, que cada vez les exige menos y les da espaldarazos que ya de nada sirven, pero también ante una opinión pública que hace tiempo dejó de creerles.

La conclusión de Hope en lo que hace al ámbito nacional, puede perfectamente aplicarse para Guanajuato:

“¿Qué está pasando? No sé y ya no me atrevo a teorizar. Pero sí sé que algo no está pasando: no ha habido una reacción eficaz y vigorosa del gobierno federal. O, siquiera, algún sentido de urgencia. Los principales funcionarios del sector seguridad siguen negando la gravedad de la situación, peleándose con los números y los analistas (…) Mientras eso pasa, cada mes es peor que el anterior.

 (…)

 “Pero el problema, mucho me temo, es más de voluntad que de ideas o de recursos. En los principales centros de decisión ya no quedan ganas más que para administrar el desastre. Luego entonces, eso es probablemente lo que tendremos en los próximos meses: un desastre. La única duda es sobre su tamaño.”

¿Es ilegítimo que Zamarripa y Cabeza de Vaca pretendan la conservación de sus puestos? Probablemente no, si sus intenciones se basaran en el trabajo y en los resultados, aunque de cualquier manera los ocho años del procurador al frente de ese cargo resultan altamente preocupantes por la cantidad de intereses creados que se generan en ese tiempo.

Resulta en cambio una trampa que se pretenda mantener un cargo público negando la realidad y utilizando los recursos del presupuesto para maquillar cifras y litigar las críticas que provienen de la sociedad y de los analistas.

Márquez puede tener ya el brazo cansado y se antoja difícil que tome una decisión de esa magnitud, cuando no lo ha hecho en muchas otras áreas del gobierno donde los fracasos son evidentes.

Sin embargo, el cambio del esquema de seguridad seguido hasta ahora y de sus responsables constituye un tema que no podrá ser evadido en las próximas campañas a gobernador.