El misterio: ¿qué hace que los más acérrimos críticos del desorden y la deshonestidad de Bárbara Botello adopten un proyecto comercial que impulsó sin apego a la normatividad?
Entre más trata de aclarar el actual Ayuntamiento de León el enredo de las autorizaciones para que inicie el proyecto comercial y habitacional de City Park, más se oscurecen las cosas y queda en evidencia la enorme imprudencia del alcalde Héctor López y el gobernador Miguel Márquez de acudir a validar la primera piedra de una obra que no tiene permiso de construcción.
Ahora resulta que las autorizaciones con que se cuenta provienen de los directores de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del gobierno de Bárbara Botello: Oscar Pons González y Fidel García Granados, ambos sometidos a fuerte presión por parte de la alcaldesa, tanto cuando estaba en funciones como cuando seguía influyendo desde una licencia que no lo era tanto.
Sin embargo, esa situación es la que viene siendo utilizada por el alcalde Héctor López y su principal operador en el tema, el regidor Salvador Sánchez Romero, para tratar de empujar el proyecto y obtener el resto de las licencias que faltan.
Es decir, todo lo que era malo del barbarismo, el desorden administrativo y la señalada deshonestidad, en este caso no cuentan y se convierten casi en virtudes. Extraño, por lo menos.
Lo que se deduce es que los promotores del proyecto, bien los empresarios antreros Oscar Webber y Omar Quesada; o el financiero Jerónimo Gerard, tienen la vara alta en la administración panista, tanto como para hacer olvidar los pecados de Bárbara Botello que les favorecieron en su momento.
Porque de ser estrictos, en lugar de andar poniendo primeras piedras en ceremonias publicitarias donde la imagen de la autoridad fue usada como una especie de aval para promover ventas en un proyecto que hasta ahora es solo de saliva, lo que debería estar haciendo el jefe político del municipio es ordenando auditorías a los directores que otorgaron esos permisos sobre las rodillas y obedeciendo consignas.
No ha sido así, sino que ahora las presiones parecen reproducirse para que los nuevos titulares de esas áreas, Teresita Gallardo y Ricardo de la Parra prosigan avalando un proyecto con inconsistencias notables y que no ha presentado ni siquiera su proyecto ejecutivo.
Hoy por hoy se ve difícil que City Park prospere por razones técnicas, si se hacen estudios serios, pues el terreno tiene problemas de acceso vial, de compactación y de flujos de corrientes de agua por la microcuenca. Si bien con 400 millones de dólares se pueden hacer milagros, falta que ese capital exista. Si hay que ir por él mediante colocaciones bursátiles, primero habrá que dar información fidedigna.
Sin embargo, eso no es lo preocupante, sino la imagen que da una administración municipal que no logra dar pie con bola cuando ya se encamina a la mitad de su periodo.
Si el proyecto está siendo cobijado por la Dirección de Economía de Ramón Alfaro, como en su momento lo hizo Ignacio Noriega, en la anterior administración, todo por el afán de mover el marcador en materia de inversión captada, pueden estar cometiendo un grave error.
Por lo pronto, ayer quedó claro que ni las direcciones de Desarrollo Urbano de Teresita Gallardo, ni el Implan de Graciela Amaro o Gestión Ambiental de Ricardo de la Parra, tiene conocimiento a fondo del proyecto y de sus implicaciones.
Sin embargo, quien si debe estar disfrutando de esta terrible confusión y esperando salir a pescar en el río revuelto es la diputada Bárbara Botello, repuesta ya de la noticia sobre la orden de aprehensión a Roberto Pesquera.
El oxígeno que le dan noticias como el apadrinamiento de López Santillana y Márquez a City Park, ya hasta la impulsaron a destaparse como aspirante a la gubernatura. Seguramente cree que ya tiene quien le pague la campaña.