Dos casos, la presunta agresión de un catedrático a una becaria y el aparente plagio de una investigación en proceso, ponen en evidencia los protocolos para ofrecer garantías a la comunidad académica más importante del estado.

Tras doce años en los que la Universidad de Guanajuato fue dirigida por doctores de perfil ingenieril, a partir de 2015 la institución que ha dejado de ser la máxima casa de estudios de la entidad, peor que es la mayor de las sostenidas por dinero público, regresó a las manos de un rector experto en derecho.

Luis Felipe Guerrero Agripino, un doctor en ciencias penales, ofreció a los universitarios agobiados por los criterios de la tecnocracia, la posibilidad de regresar a una convivencia universitaria más equilibrada, donde las diferentes áreas del conocimiento coexistieran de forma civilizada.

Ayudaba mucho al hartazgo, mismo que provocó la cancelación de cualquier posibilidad de reelección del anterior rector general, José Manuel Cabrera Sixto, el mal clima laboral, producido por una aplicación a rajatabla de políticas internas que perseguían un incremento de la eficiencia de los docentes e investigadores.

La universidad se vio envuelta en litigios de todo tipo entre maestros y autoridades universitarias, lo que provocó a su vez una pérdida de la de por sí precaria base política de Cabrera, el heredero de Arturo Lara López, un científico de mejor mano izquierda que no solo completó sus dos periodos sino que pudo dejar sucesor sin problema alguno.

Así, la intención evidente de guerrero Agripino de acudir a la cita electoral del 2015 en la Universidad sumó a sus partidarios a otros tantos núcleos de académicos y administrativos que lo vieron como una opción esperanzadora frente a la insensibilidad del doctor en ingeniería agrícola.

El triunfo del especialista en derecho penal se avizoró meses antes de que iniciara el proceso de elección de rector, cuando tanto en el Consejo General de la Universidad como en su Junta Directiva ocuparon posiciones clave universitarios allegados al entonces rector del campus Guanajuato, hasta convertirse en mayoría.

A ello ayudó, en buena medida, la alianza de facto establecida por Guerrero con el exrector y exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, quien no deja a tras su carácter de factótum en la institución.

La toma de posesión de Guerrero Agripino, en septiembre del 2015, fue apoteótica, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. A ello contribuyó la alegría por la terminación del rectorado de Cabrera, la esperanza depositada en el nuevo rector y la propia proclividad del recién llegado por la pompa y el boato.

Sin embargo, han bastado pocos meses para que ese clima se ensombrezca. Resulta que la Universidad de Guanajuato, agobiada por un gigantismo presupuestal, de infraestructura y de personal, ya no es la pequeña institución provinciana que se manejaba con una mano, mientras con la otra se hacía política en el exterior.

Al poco tiempo de su llegada al cargo, Guerrero Agripino debió enfrentar la acusación de agresión sexual por parte de uno de sus asesores de mayor confianza, en contra de una becaria a la que empleaba: el caso Julio César Kala.

La exposición mediática del caso produjo varias reacciones, una de ellas la del reconocimiento explícito de que la Universidad de Guanajuato carecía de protocolos para atender la violencia de género, en pleno Siglo XXI, lo que además fue esgrimido como justificación.

Hoy, un año después, la UG cuenta con protocolos, peor la becaria agredida ha debido continuar su actividad fuera de la Universidad y batalla cada vez que debe desahogar un trámite de su proceso.

En cambio, el presunto agresor, no ha sido tocado ni con el pétalo de una medida precautoria. Julio César Kala permanece como integrante de la Junta Directiva de la Universidad y acaba de participar en la elección de tres rectores de campus, proceso no exento de manifestaciones de inconformidad, por lo menos en uno de los casos.

No parece una aplicación muy sana de la justicia el que la víctima haya perdida trabajo y amistades, debiendo rehacer su carrera lejos, mientras que el presunto agresor mantiene incólumes sus privilegios y sus cargas donde representa a toda la comunidad universitaria.

Por otra parte, la Universidad ha puesto el caso en manos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, cuyo titular mantiene y ostenta vínculos con la propia institución, además de que ha retrasado considerablemente la solución del caso.

Ahora surge otro caso donde haría falta una aplicación estricta de criterios académicos y de aplicación de protocolos: se trata de la denuncia de dos catedráticos jubiladas sobre la apropiación de un trabajo de investigación en química por parte de alumnos de licenciatura que actuaban como auxiliares en el proyecto.

Ante el señalamiento del investigador y exdirectivo del departamento de ingenierías del campus León, Guillermo Mendoza, de que el alumno Axel Ambriz lo despojó de sus créditos en el proyecto denominado “agua infinita”, la Universidad se ha pronunciado públicamente pero no ha cursado un comunicado al denunciante.

En cambio, el alumno involucrado, como lo muestra uno de sus correos electrónicos, se mantiene en contacto con una alta directiva universitaria como la titular de la dirección de Comunicación y Enlace, la maestra Margarita Arenas, aparentemente para consultar su estrategia mediática.

Es decir, de nueva cuenta, como en el caso Kala, las presuntas víctimas de una falta académica y probablemente hasta de un delito contra los derechos de autor y la propiedad industrial, resultan abandonados por la burocracia universitaria, mientras que los presuntos responsables de las transgresiones, reciben protección oficial.

Pareciera un patrón y resulta lamentable que eso ocurra cuando inicia la gestión de un estudioso de los valores ligados a la aplicación de la justicia y quien, además, arribó al cargo representando la esperanza de una revaloración de criterios humanistas al frente de la institución universitaria.

En ese camino, cada paso cuenta para avanzar o retroceder.