Golpear a un presidente de baja popularidad con temas de la agenda estatal, podría ser una buena táctica para el posicionamiento del gobernador si se sigue pensando en proyectos futuristas.

En el lapso de una semana, posicionamientos y actitudes de funcionarios del gobierno del estado de Guanajuato y de los otros poderes en la entidad, dejan ver el inicio de una fractura en lo que hasta ahora había sido una fluida relación entre la administración estatal de Miguel Márquez y la de Enrique Peña Nieto.

Primero fue el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, quien se destapó con un señalamiento en contra de la Secretaría de Hacienda, es decir contra el poderoso Luis Videgaray, acusando que el retraso en las obras carreteras de la entidad era por el tortuguismo de la dependencia federal.

La declaración prendió alarmas en el Palacio de Gobierno, desde donde incluso le llamaron la atención a Duran y se planeó un control de daños con el anuncio de que los recursos federales ya empezaban a bajar, por parte del propio Miguel Márquez.

Pero apenas acababa de apagarse ese incendio, cuando otro surgió en la oficina del coordinador de la mayoría panista en el Congreso, un político perteneciente al círculo cero de Márquez, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien sacó su mejor tolete para lanzarse en contra del anuncio de Peña Nieto de elevar a rango constitucional el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

No hubo un solo argumento jurídico de parte de Ramírez Barba, tampoco científico en su condición de médico. Simplemente, como en los peores tiempos del Yunque, sacó un arsenal de prejuicios para acusar a Peña Nieto de populachero y oportunista, lo que es todo un contrasentido, pues dicha reforma no parece ser la más popular en un país de catolicismo mayoritario.

Cero e iban dos señalamientos en contra del gobierno federal dirigidos nada más al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda.

Días antes, desde oficinas también gubernamentales, como lo es la Subsecretaría de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, se operó una estrategia mediática para acusar a la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, de retraso en el procedimiento expropiatorio de los terrenos e la Toyota en Apaseo el Grande.

Y toda esa ofensiva antifederalista tiene hoy un nuevo capítulo en la ofensiva que encabeza Miguel Márquez en contra del nuevo Sistema Penal Acusatorio, al que han acusado de “garantista”, como si el respeto a los derechos humanos y al debido proceso fuese un exceso.

Con la contrarreforma penal en la que se han embarcado el gobierno del estado y los Poderes Legislativo y Judicial, curiosamente hasta con el apoyo de legisladores del PRI y del Verde, arranca lo que parece una nueva etapa del gobierno de Márquez para pasar de la colaboración y hasta del colaboracionismo a la exigencia y la confrontación con el gobierno federal.

Probablemente lo que estamos viendo es un intento de posicionar al mandatario antes de las definiciones sobre su participación en la carrera presidencial; también puede tratarse de un globo sonda para medir reacciones tanto en el círculo rojo como en la población abierta.

Lo cierto es que el cuento de que los funcionarios marquistas se mandan solos y sus ataques abiertos y velados al gobierno federal no son compartidos por el gobernador, resulta difícil de tragar, cuando se observa la secuencia, más que programada.

Y no es descabellado, ante la bajísima popularidad de Peña Nieto y lo acotado que se observa el fin de su mandato, elegirlo como el blanco para hacer crecer una hipotética precandidatura.

Como se ve y pese a sus reiteradas negativas, Miguel Márquez se mueve.