El PAN tenía razones históricas para ser refractario a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pero ¿qué razones pueden tener una Universidad que se pretende humanista y un partido que se dice de izquierda?
Que el panismo ultramontano que gobierna Guanajuato desde hace un cuarto de siglo se haya mostrado reacio a respetar los derechos de las mujeres y le haya costado trabajo asimilar los avances en la lucha por la equidad y el combate al machismo y sus múltiples complicidades, era algo hasta cierto punto esperable.
Sin embargo, que una institución educativa que se dedica al estudio, el análisis y la investigación de los fenómenos sociales, así como a la formación de profesionales desde una perspectiva humanista, se muestre reacia a incorporar la perspectiva de género, ya es algo altamente preocupante.
De la misma manera que el hecho de que un partido de izquierda, así sea tan diluido y fragmentado como el PRD, en el caso de uno de sus dirigentes acusado con sobradas pruebas de violencia de género, caiga en la posición de que debe esperar a que se pronuncie un juez para tomar medidas que dejen clara una postura de compromiso con la equidad de género, es francamente descorazonador.
Lo que no entienden funcionarios como el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor en criminalística Luis Felipe Guerrero Agripino; y el dirigente estatal del PRD, el abogado Baltazar Zamudio, es que la sociedad mexicana requiere de mensajes fuertes de sus representantes institucionales en el sentido de que no van a tolerar un problema social tan arraigado como lo es el de la violencia contra la mujer.
El hecho de haber enviado el día de ayer a Julio César Kala, catedrático y funcionario universitario acusado de acosar y agredir a una becaria bajo su mando, como representante del rector a un evento público, constituye un mensaje fuerte, pero exactamente en el sentido contrario.
Al empoderar aún más a un presunto agresor, ya de por sí arropado y protegido por su posición institucional, el doctor Guerrero Agripino manda la señal de que desestima todas los señalamientos de la víctima y de que el posible victimario gozará de su protección y su confianza, pase lo que pase.
Al igual que ocurre en el caso del PRD, donde al esperar a que el caso avance hasta que un juez abra proceso para que el partido defina posiciones institucionales y separe de su cargo al dirigente municipal en Guanajuato, Julio César García Sánchez, obliga a la víctima a enfrentar el caso en condiciones de desigualdad.
Si el PRD actúa cuando su dirigente municipal esté ya sujeto a proceso, no estará mandando mensajes de compromiso con la equidad y contra la violencia de género, sino que sencillamente estará salvándose de la quema, por cierto muy tardíamente.
Lo dice con claridad el propio Julio César Kala, cuando con toda su sapiencia de doctorado no tiene la objetividad para deslindar su persona de la institución que lo cobija, cuando se refiere a los testimonios de su presunta víctima como “infundios (que) me han lesionado, no sólo personalmente, sino a mi familia y lo más grave a la Universidad que tanto me ha dado a mi y a los guanajuatenses”.
Es decir, las mujeres agraviadas, en ambos casos, se ven obligadas a litigar su reclamo de justicia no contra un individuo, sino en contra de una poderosa Universidad y de un partido político.
Y esa es una doble y más grave inequidad, pues a las trabas de género y a las solidaridades internas que genera el pensamiento machista, se suma la terrible asimetría de los poderes institucionales actuando en contra de personas para proteger a individuos que se han colocado en la situación en la que están por sus propias decisiones.
Y sin embargo, al involucrar los poderes institucionales en estos dos casos, quizá los jerarcas universitarios y perredistas estén haciendo un gran servicio a la lucha por la igualdad y contra la violencia, al convertirlos en casos emblemáticos que, más allá de su resultado, dejarán huella.
En asuntos de reivindicación de género, como se vio en el caso Lucero, nadie sabe para quién trabaja.