El Cabildo capitalino manda señales desconcertantes en estos tiempos: de una parte quieren hacer retroceder espacios abiertos a la sociedad; mientas que por otra toleran la agresión a una mujer de uno de sus integrantes.

A todos los niveles, desde la Presidencia de la República, pasando por las dos Cámaras del Congreso, incluyendo a gobiernos estatales como el del panista Miguel Márquez, hasta llegar a los más humildes ayuntamientos, el enemigo público número uno de los políticos de todos los partidos son las leyes, los mecanismos y los defensores de la transparencia.

Un caso emblemático, de frontera, se vive en estos días en la capital del estado, donde el ayuntamiento capitalino de mayoría priista, con presencia de otras cuatro fuerzas políticas, cuenta entre sus filas con un síndico proveniente de la sociedad civil, Ramón Izaguirre Ojeda, que ha decidido convertir la transparencia en parte sustancial de su función.

Izaguirre, propuesto en las planillas del PRI y del PVEM como candidato ciudadano, en un intento por construir credibilidad ante el electorado, ha lanzado una Web personal donde hace públicos los acuerdos que se toman en las comisiones donde participa, además de exponer los documentos que sirven de base a los debates.

El síndico es también promotor de una medida que surgió gracias a la publicación en su blog de la agenda del trabajo de comisiones en el ayuntamiento, con la cual por primera vez en Guanajuato los medios tienen acceso al trabajo de las comisiones y a los debates que ahí se producen.

El tema no es menor, en los últimos años la capital del estado ha vivido fuertes debates por decisiones procesadas en el Cabildo que no se han conocido hasta que causan estado: ahí está la urbanización de las faldas de La Bufa; o la aprobación de la ampliación a un hotel que a punto está de dañar el carácter de patrimonio cultural de la humanidad para la ciudad.

De haberse debatido en comisiones en forma pública, asuntos como estos podrían haber incorporado al debate a sectores activos de la sociedad y hubieran podido evitarse antes de que fuera demasiado tarde o de que fuera demasiado costoso revertir las decisiones.

Sin embargo, la apertura lograda, la intención de transparentar los procesos de formulación de las decisiones del ayuntamiento, ya provocó una seria incomodidad en buena parte de los regidores, no solo del PRI, sino también algunos panistas como el impresentable Juan Carlos Delgado Zárate, el operador político de Juan Manuel Oliva en la capital del estado que tiene un historial de señalamientos de corrupción tanto en su paso por el extinto IVEG como en la SOP.

Por lo pronto, se sabe que con el pretexto de la presentación del Programa de Gobierno, varios de estos regidores le han solicitado al alcalde Edgar Castro que se reformule la política de apertura y se regrese a las sesiones a puerta cerrada.

Resulta altamente simbólico que ese mismo ayuntamiento no haya realizado aún un pronunciamiento público sobre la denuncia penal de que es objeto uno de sus integrantes, el perredista Julio César García Sánchez, por violencia de género, al haber golpeado con saña a una mujer que había sido su pareja sentimental.

El caso se encuentra ya en el Ministerio Público y el testimonio de la víctima junto con las evidencias físicas son bastante claros. Desde el PRD, el partido al que pertenece el regidor, se le ha recomendado que acepte la responsabilidad y trate de hacer un control de daños. Sin embargo, para el ayuntamiento en su conjunto, el caso parece, simplemente no existir.

Se sabe de forma extraoficial que Julio César García Sánchez, que vota habitualmente con la mayoría priista, ha recibido solidaridades de varios de sus compañeros y compañeras regidoras, sabedores de que necesitan su voto.

Así, el tratamiento de dos políticas publicas de la mayor prioridad para la sociedad, por parte de buena parte del cabildo capitalino, los dibuja de cuerpo entero y deja claramente expuestas sus prioridades.

Mientras la transparencia promovida por uno de sus integrantes genera una conspiración que busca regresar a esquemas de silencio, justo cuando vienen asuntos de gran calado como la declaración del área natural protegida de La Bufa; por otra parte, las políticas de prevención de la violencia de género reciben una bofetada institucional al mandarse una señal de protección, así sea por omisión, a un agresor.

Es la radiografía de una clase política que vive una profunda decadencia: la transparencia es su enemigo y los derechos humanos no son su prioridad.