La UG responde con excesiva cautela a la denuncia por agresión y acoso sexual de un influyente catedrático contra una becaria, con lo que se manda una señal de impunidad hacia esas prácticas.

La oportunidad que veían los grupos pro derechos humanos para que en una institución de la relevancia y el peso de la Universidad de Guanajuato se diera un mensaje fundamental de rechazo a las prácticas ancestrales y toleradas de acoso y agresión soterrada a las mujeres, se perdió en la retórica y la simulación.

La cercanía entre el rector general de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, y el principal implicado en el caso de agresión a una becaria, Julio César Kala, ha impedido un deslinde claro del nuevo jerarca universitario no con su colega y colaborador, sino con el fenómeno en sí de la existencia de prácticas lesivas de los derechos de las mujeres, que han sido además ampliamente toleradas.

Quizá si la crisis no afectara el entorno inmediato de Guerrero Agripino, si involucrara a personajes alejados o de grupos contrarios, no habría dudas en las determinaciones a tomar y en enviar los mensajes adecuados.

No ha sido así. El rector general que se inaugura en el cargo ni siquiera fue capaz de recitar la fórmula ritual de ofrecer cero tolerancia al acoso sexual en la Universidad de Guanajuato.

Se eligió la retórica burocrática, la promesa que busca ganar tiempo, la fórmula de reescribir reglamentos, no de modificar conductas.

La falta de voluntad se evidenció desde la primera respuesta a la denuncia periodística, cuando la salida para explicar (o no explicar) la falta de actuación en el caso Kala fue la “inexistencia de protocolos”, realizada por tres funcionarios de segundo nivel que ni siquiera se pusieron de acuerdo en el mismo guión.

Al provocar esa falsa salida el surgimiento de manifestaciones de reclamo de alumnos y catedráticos de la propia institución, vino el segundo intento de contener el problema, enmendando la plana a los primeros voceros y ofreciendo restablecer el proceso de investigación sobre el caso que detonó todo y avanzar en la reformulación de protocolos y respuestas al problema.

Sin embargo, la respuesta se vio de nuevo lastrada por el terrible tema de la cercanía Agripino – Kala que a estas alturas ya amenaza en convertirse en una complicidad. El rector general contradijo flagrantemente a la denunciante al señalar que ni él ni su círculo cercano tuvieron noticia alguna del caso hasta que llegó un escrito el 30 de septiembre, cuando ella asegura que la primera persona a la que recurrió fue a la secretaria particular del entonces rector de campus, Dolores Gallegos.

Con ello, se estaría abriendo la posibilidad para que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a cargo de Gustavo Rodríguez Junquera, llamara a declarar al propio rector o a su secretaria, a fin de corroborar si hubo o no la “sugerencia” de retrasar la denuncia por razones electorales.

Naturalmente, para que algo así ocurriera, lo que Derechos Humanos debería investigar es la actuación de la autoridad ante la presentación de una denuncia de agresión sexual de un catedrático y funcionario universitario y no el hecho en sí, de si ocurrió o no tal agresión, que sería más una tarea del Ministerio Público.

De entrada debería estarse investigando la denuncia con perspectiva de género, a fin de darle peso al testimonio de la víctima y a su contexto, no con una lógica de hechos forenses que son terriblemente complicados de probar en un caso de esta naturaleza y que tradicionalmente han provocado la impunidad y la revictimización.

Se trata, a final de cuentas, de un caso de frontera para la propia Universidad de Guanajuato y para la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuyo titular es un egresado de esa institución y es casi contemporáneo del rector general.

La situación en torno a este asunto podría redundar en un mensaje decisivo para empezar a frenar una conducta de la que se habla en la Universidad de manera general, con sorna en unos casos, con indignación y temor en otros, pero que ha constituido una normalidad no por invisibilizada menos afrentosa para una casa de reflexión, estudio y formación.

Pero también, de quedar todo en recomendaciones descafeinadas, en virtuales exoneraciones y en un entresijo de reglamentos que corren el peligro de ser letra muerta por la falta de voluntad para aplicarlos, se retrasaría la oportunidad de modernizar a una Universidad que, tras el epidérmico discurso tecnocrático que la recorre, parece seguir siendo profundamente medieval.