La nueva zona dorada del crecimiento industrial en el centro del país, hace necesario el impulso de políticas regionales que maximicen beneficios y disminuyan costos.
Funcionarios queretanos y medios de comunicación de aquella entidad se frotan las manos ante la inminente llegada de la armadora automotriz Toyota a los límites de esa entidad con Guanajuato, en el extremo oriental del municipio de Apaseo el Grande.
No solo la cercanía con la megalópolis que es Querétaro atraerá beneficios indirectos a esa entidad, como la derrama de empleos y el impacto inmobiliario, sino que también aspectos muy concretos como el registro de las importaciones en el PIB, quedará en la contabilidad de nuestros vecinos, al instalarse allí las oficinas corporativas.
Desde luego, en esa materia no se puede ser chauvinista. El centro del país, región que incluye entidades como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y una parte de Jalisco, se ha proyectado como el escenario del nuevo crecimiento industrial mexicano en ámbitos como la industria aeroespacial y la automotriz. Lo que beneficia a una de esas entidades, se derrama sobre las otras.
Es el caso de la nueva planta de BMW que se construye en San Luis Potosí, cerca de los límites con Guanajuato y que está detonando el establecimiento de nuevos parques industriales en nuestra entidad.
Sin embargo, no sería una mala inversión que desde alguna de estas entidades y Guanajuato tiene grandes posibilidades de encabezar la iniciativa, se trabaje en políticas regionales que maximicen los beneficios y ayuden a minimizar los costos.
La planeación adquiere su sentido cuando no se detiene en el accidente convencional de las fronteras políticas, sino que aprovecha las dinámicas regionales y las emplea de forma racional e imaginativa.
En ese sentido, no tendría porqué estar compitiendo entidades vecinas por la instalación de una planta industrial, situación de la que se aprovechan las empresas para lograr pingues beneficios y la disminución de sus costos de traslado y arranque, sino que podrían sumar apoyos, ofrecer ventajas compartidas y superar el simple esquema de rebatinga y de subasta al mejor postor.
Hoy tenemos que el estado de Guanajuato invirtió poco menos de mil millones de pesos en la adquisición de los terrenos necesarios para la instalación de Toyota en Apaseo el Grande, lo hizo de manera opaca, bajo el pretexto de la discreción que requieren este tipo de proyectos; usando intermediarios y manejando recursos sin supervisión.
Sin embargo, ese gasto de poco servirá para generar empleos que beneficien a guanajuatenses, pues muy probablemente la mayor parte de la mano de obra se la llevará Querétaro; los ejecutivos de la planta vivirán en esa ciudad y la empresa tributará en la vecina entidad.
Con un esquema más profesional y compartido, que no busque que la captación de inversiones se cuelgue como medalla de los gobiernos, sino como el resultado de una política de estado eficiente, por encima de las coyunturas sexenales, se podrían generar protocolos blindados que resistieran cualquier clase de fiscalización.
Porque, a diferencia de lo que piensan las burocracias gobernantes, también las políticas exitosas y productivas deben someterse a la obligación de la transparencia y la rendición de cuentas, únicas herramientas de la sociedad para tratar de frenar el desbocado fenómeno de la corrupción que se cuela en todas partes, incluso entre los gobiernos que quieren usar la buena voluntad como divisa y justificación.