Como suele ocurrir, los principales mensajes en las tomas de posesión de los nuevos Ayuntamientos coincidieron en compromisos contra la corrupción; ojalá nos dure el gusto.

El mensaje se repitió a lo largo y a lo ancho del estado. Muchos de los 46 alcaldes y alcaldesas que tomaron posesión este sábado plantearon ante sus conciudadanos su compromiso para evitar la corrupción en sus administraciones.

Lo dijeron porque muchos de ellos ganaron gracias al desprestigio y la duda sobre sus antecesores. Incluso donde no se dio alternancia, igual campea la sospecha. El deslinde fue la constante de la jornada de renovación de poderes, junto con el compromiso de vigilar la aplicación de los dineros públicos.

No es, sin embargo, una novedad. Más bien es una promesa recurrente que se olvida demasiado rápido.

Hace tres años le escuchamos a Bárbara Botello críticas a la recién concluida administración estatal de Juan Manuel Oliva y, a los pocos días de tomar posesión, a la de su antecesor Ricardo Sheffield. A la vuelta de unos meses, la propia alcaldesa priista estaba en su laberinto de intereses y de… corrupción.

Incluso, el gobernador Miguel Márquez lanzó su cuarto a espadas invocando el comprometedor concepto de “transparencia”, que dejo grabado en piedra al cambiarle el nombre a la Secretaría de la Gestión Pública con una reforma impulsada antes de tomar posesión.

La constante es que los políticos abominan de la corrupción y se comprometen con la transparencia, solo mientras están buscando el voto del electorado. Más pronto que tarde, la política real se impone, los compromisos duros de campaña salen a la luz y es necesario otorgar contratos para pagar favores o para preparar las próximas campañas.

La corrupción es un círculo vicioso en la política mexicana y también en la guanajuatense, motivada por dos razones: las complicidades de todas las fuerzas políticas entre sí, lo que genera completa impunidad; y el encarecimiento de las elecciones, ganadas a fuerza de despilfarro monetario, por encima de los patéticos topes de campaña que hipócritamente se establecen en la ley.

No hay político, por más crítico que quiera ser, al que no le llegue el momento de hacerse de la vista gorda, cuando los señalamientos de dineros mal habidos, tráfico de influencias o conflicto de intereses, tocan a su puerta.

No se salvan verdes, amarillos, rojos ni azules. El mayor incentivo para acceder a un puesto pública al día de hoy, es la posibilidad de hacer negocios, potenciar negocios o facilitar negocios. Hasta los que no están de acuerdo, terminan volteando para otra parte.

La gran pregunta es: ¿habrá entre los políticos que tomaron posesión este sábado algún inédito campeón de la honestidad?

El hecho de que esté abierta la puerta a la reelección, así sea con un mecanismo aún por afinar legalmente, pude incentivar un manejo más profesional y honesto de la administración pública, a diferencia de los “tres años de Hidalgo” en los que incurrieron las administraciones salientes.

Llama la atención que ningún político aprecie en toda su dimensión la gran ventana de oportunidad que significa la lucha contra la corrupción y por la honestidad, ya ni siquiera por compromiso con los ciudadanos, hasta por simple conveniencia política y ambición de poder.

Miguel Márquez, por ejemplo, está a punto de subirse a la carrera presidencial por la extraordinaria coincidencia del buen momento económico que vive la entidad, gracias a la dinámica de crecimiento industrial que heredó de sus antecesores; sumada a la fortaleza de un PAN que se derrumba a nivel nacional y que aquí cuenta con la suerte de un desplome generalizado de la oposición, controlada por el gobierno PAN con verdaderas migajas.

Sin embargo, Márquez no puede usar la bandera de la honestidad, que muy bien le podría dar cuerpo a un planteamiento político vendible incluso con escasa articulación conceptual, por los cadáveres que guarda en el clóset de la opacidad: proyecto Escudo, contratos de medicamentos para el seguro popular y el papel inexplicado e inexplicable de su compadre Rafael Barba como el factor externo de mayor influencia en el gobierno estatal desde que Elías Villegas se cortó la coleta.

Carlos Medina, que navegó con bandera de intachable mientras fue una figura difusa, un histórico en la periferia de la política activa, ya probó que no es posible hacer negocios usando las relaciones logradas en el servicio público y pretender con ello pasar por impoluto. Luis Ernesto Ayala ya probó la amarga derrota de su protegido Miguel Salim, producto de la mezcla de negocios y política.

Hasta hoy, brilla por su ausencia el político que pueda parafrasear y reconvertir la sentencia de Bill Clinton para generar un movimiento político que reconstruya la esperanza: “Es la corrupción, estúpido”.

¿Lo podría ser Héctor López Santillana? Difícil si a quien deja en la Contraloría de León, así sea provisionalmente, es a un funcionario que se sometió al estilo despótico de Botello y probablemente tuvo utilidad por ello, como lo fue Alberto Padilla.

Y, de ahí en más, no se ve por dónde.