Viendo los afanes de nuestros políticos por servirse primero a sí mismos, lo que extraña es que Guanajuato no esté peor; aunque, de seguir así, no lo podremos evitar.

La aparente bonanza, la relativa paz, la tranquilidad comparativa con otras entidades, todo lo que presumen nuestras autoridades como si fuera producto de su desempeño, parece ser solo un espejismo en Guanajuato.

En realidad vivimos uno de los desórdenes mejor orquestados de nuestra historia reciente, el cual es propiciado, en buena medida, por los mismos que son los responsables de evitarlo.

Veamos solo ejemplos recientes.

El gobierno del estado, después de defenderse como gato bocarriba, termina por aceptar, obligado por las circunstancias, que una de sus licitaciones terminó en la asignación de un contrato a un distribuidor de productos pirata, las famosas láminas chinas que roban una patente mexicana, las cuales, por si algo faltara, tienen altos contenidos de plomo.

Los voceros oficiales se refirieron al hecho como “un pleito entre dos proveedores”, sin hacerse cargo que en ese litigio, que no pleito, solo a uno le asistía la razón y a la postre no fue precisamente en el que confiaron para un programa de apoyo social a comunidades marginadas del norte del estado.

Ahora, a toro pasado, el gobernador Miguel Márquez habla de demandar al proveedor “que los engañó”, cuando en realidad haría falta que revisara la actuación de sus funcionarios en el área de adquisiciones, un ámbito que no ha cesado de causar problemas a la administración, problemas que además han sido sospechosamente tolerados.

De modo que el gobierno que ha hecho causa común con los empresarios del calzado y de la proveeduría para emprender una cruzada contra la piratería, la subfacturación y el clandestinaje, no tiene empacho en golpear a una empresa en regla prefiriendo a un proveedor espurio, sin comprobar el origen de su producto y su calidad. Y peor aún, al actuar sin escuchar a la parte denunciante, que fue satanizada y vetada.

Pero no es le único caso donde la ilegalidad surge de la autoridad. La corrupción rampante en el municipio de León, área tras área y dirección tras dirección, constituyó una perfecta operación de saqueo que fue castigada por el electorado leonés y premiada por el PRI de Enrique Peña Nieto. Ya veremos si el gobierno de Héctor López, Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala se anima a realizar una operación limpieza o si aceptan la complicidad por omisión.

Hoy, Bárbara Botello, una abogada de escasos alcances profesionales se da el lujo de comprar casas, terrenos y departamentos por decenas de millones de pesos, sin que nada pueda explicar su repentina bonanza, salvo la corrupción.

O el caso de Luis Alberto Villarreal, el multimillonario abogado sanmiguelense que ni despacho tiene y que enriqueció a su paso por una senaduría y una diputación federal. El cinismo es tal que logra derivar 16 millones de pesos a una fundación que preside su exmujer y administra su mamá. Para colmo, viene el virtual ministro de cultura federal, Rafael Tovar, a inaugurar un centro “cultural” construido con ese dinero que, además, cobra los cursos a las personas de escasos recursos que fueron usados como pretexto.

O Gerardo Sánchez, el senador cenecista que se convierte en inopinado patrocinador cultural para gastar los recursos que ha logrado esquilmar sin ton ni son del presupuesto federal; que se apropia de la estructura priista y permite que esta se convierta en una maquinaria de defraudar; que inventa una paradójica organización no gubernamental, siendo parte del gobierno, para recibir recursos que cabildea a través de sus influencias y de los que no da cuenta.

El cinismo, la proclividad a violar la ley, la falta de compromiso con los representados, se expresa en todos los niveles y con muchos matices.

Véase si no la actuación de Luis Gutiérrez, el alcalde de Guanajuato, para otorgar un permiso excepcional a un regidor de oposición y luego manejarlo como algo apegado a las normas, las cuales por si algo faltara son discrecionales y de las que, además, no se informa con transparencia.

O el caso del alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández, que con la mano en la cintura permite o tolera la contratación de un cantante catalogado como apologista de los antihéroes de la delincuencia organizada ¡en plenas fiestas patrias!

Vistos estos notables botones de muestra, uno se extraña de que el panorama no sea peor.

Sin embargo, lo puede llegar a ser si no se corrige a tiempo. Cuando la autoridad renuncia a conducir a la sociedad bajo principios de ecuanimidad y justicia y solo busca su propio beneficio, por encima de la ley, entonces los enemigos están en el puente de nuestra nave y llevan el timón. Si lo permitimos, no nos quejemos cuando nos conduzcan al naufragio.